El Gobierno lanza una ronda de contactos con las grandes empresas energéticas en plena crisis energética por la amenaza de un corte de suministro de gas ruso a Europa y tras el choque por el nuevo impuesto que se aplicará sobre los beneficios extraordinarios de las compañías, que fue anunciado ayer por el presidente Pedro Sánchez en el Debate sobre el Estado de la Nación.

La vicepresidenta y ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, ha convocado para este jueves reuniones con las asociaciones de eléctricas, petroleras y gasistas y en algunos de los encuentros participará también la ministra de Hacienda, María Jesús Montero. A los encuentros están llamadas las patronales de cada actividad energética, como las principales compañías de cada una de ellas, según confirman a El Periódico de España fuentes gubernamentales y empresariales.

El Ejecutivo ha convocado a estas reuniones a las principales patronales de cada sector, a Aelec (la patronal eléctrica que agrupa a Iberdrola, Endesa y EDP), a Sedigás (la patronal de todo el sector gasista y en la que está presente Naturgy) y a la Asociación de Operadores Petrolíferos, AOP (que integra a los grandes grupos como Repsol, Cepsa, BP, Galp o Eni) y también a otras organizaciones sectoriales. Para el encuentro con el sector petrolero está confirmada la presencia de la ministra de Hacienda.

En los encuentros, se tratará no sólo el impacto del nuevo impuesto sobre los grandes grupos, también se chequeará el funcionamiento de medidas que ya se han puesto en marcha (como el descuento de los 20 céntimos en cada litro de combustible o al tope al precio del gas para bajar el precio de la luz) y se abordarán propuestas de ahorro de energía y la capacidad de respuesta de todos los sectores si se complica la crisis energética por un eventual corte de suministro de gas a Europa por parte de Rusia por la amenaza del gobierno de Vladímir Putin de aumentar la presión sobre la UE. El Ejecutivo pretende sondear a las compañías sobre medidas concretas para ayudar a otros países europeos trasvasando más gas o más combustible en caso de emergencia.

La vicepresidenta Ribera está manteniendo contactos con los operadores del sistema eléctrico (Red Eléctrica) y gasista (Enagás) y este jueves también están convocados a otras reuniones los agentes sociales y las asociaciones de consumidores para abordar las implicaciones de la crisis energética. La propia Ribera y la ministra de Industria, Reyes Maroto, mantuvieron ayer un encuentro con asociaciones industriales para tratar un plan de contingencia para afrontar un eventual problema de suministro energético en Europa en los próximos meses.

"Beneficios caídos de los bolsillos"

El Gobierno prepara un nuevo impuesto temporal a los grandes grupos energéticos para financiar las medidas adoptadas para paliar el impacto de la espiral inflacionistas sobre hogares y empresas. Según confirmó el presidente Pedro Sánchez en el Debate sobre el Estado de la Nación, el plan del pasa por crear un nuevo tributo para gravar los beneficios extraordinarios, que según subraya el Ejecutivo, están obteniendo por eléctricas, gasistas y petroleras por la espiral de 

El objetivo del Gobierno es aplicar el nuevo gravamen sólo a las grandes energéticas, las que tienen una facturación superior a los 1.000 millones de euros al año, y prevé recaudar un total de 4.000 millones de euros (a razón de 2.000 millones en cada uno de los ejercicios en que estará vigente el impuesto sobre los beneficios de 2022 y 2023). Entre las empresas que se verían sujetas al nuevo impuesto estarían los principales grupos energéticos, como Iberdrola, Endesa, Naturgy, EDP, Repsol, Cepsa o BP España.

En el sector energético a las ganancias extraordinarias obtenidas por las compañías se les conoce como “beneficios caídos del cielo” (traducción del inglés de windfall profits). “Los sobrebeneficios no caen del cielo, salen del bolsillo de los consumidores”, sentenció ayer Pedro Sánchez en el Congreso de los Diputados.

Dudas sobre el nuevo impuesto

Las grandes energéticas se quejan de las formas del Gobierno, que ha anunciado un nuevo impuesto sin aclarar las condiciones del nuevo gravamen, del tipo impositivo que se aplicará, de la base imponible concreta que se utilizará para calcular esos beneficios extra y cuánto acabará afectando a cada compañía. Desde las compañías se destaca las diferentes características de los negocios eléctrico, gasista y petrolero como para aplicar un mismo tipo de tributo a todas las actividades.

El Gobierno aprovechará los encuentros convocados con las grandes energéticas para trasladarles algunos detalles sobre cómo se aplicará el nuevo tributo, que se terminará de diseñar en los próximos días para que PSOE y Unidas Podemos activen su tramitación parlamentaria presentando una proposición de ley en el Congreso para agilizar el proceso.

En sendas entrevistas con Onda Cero y Telecinco, la vicepresidenta Ribera sí ha adelantado que la intención del Gobierno es calcular si con un mismo nivel de ingresos las compañías están obteniendo este año y el próximo un beneficio mayor en plena crisis energética y será entonces cuando se aplicará el nuevo tributo sobre esas ganancias extraordinarias.

La vicepresidenta, que no ha desvelado más detalles sobre el tributo que se prepara, sí ha reconocido que se está utilizando como referencia y como inspiración el diseño de este tipo de nuevo impuesto por parte del Ejecutivo italiano de Mario Draghi, que inicialmente aplicó un gravamen del 10% sobre los beneficios extra y finalmente lo ha elevado al 25%.

Ribera ha advertido de que se activarán mecanismos para vigilar si las compañías acaban repercutiendo al cliente final el coste que les represente el nuevo impuesto y para evitar que suponga un frenazo a la inversión. “Debemos centrarnos en contener precios y acelerar lo que permita a las compañías ganar beneficios en los próximos años”, ha dicho en referencia a las inversiones en renovables, “más que en incrementar beneficios y repartir dividendos”.