Las constructoras canarias necesitan incorporar a sus plantillas 24.000 nuevos trabajadores para operar a pleno rendimiento. La escasez de mano de obra, sobre todo para cubrir los puestos de mayor cualificación, es uno de los principales factores que están frenando el crecimiento del sector en las Islas. Un problema que, lejos de atenuarse, no hace más que agravarse con el paso del tiempo, hasta el punto de que las empresas se ven obligadas a retrasar el inicio de muchas obras por la falta de personal. Algo paradójico en una Comunidad Autónoma que se caracteriza por altos niveles de desempleo. No extraña así que la patronal lanzara ayer un SOS a los jóvenes y a las mujeres para que se incorporen a un sector con sueldos por encima de la media, que demanda mano de obra con urgencia y que nada tiene que ver con aquella construcción poco especializada de hace décadas.
El mensaje se dirige sobre todo a jóvenes y féminas porque las empresas del ramo barruntan que van a verse en serias dificultades para afrontar el relevo generacional en una plantilla envejecida, y también porque la mujer aún no se ha integrado en la construcción en la medida en que lo ha hecho en otras actividades. De hecho, menos de un 10% de los trabajadores a pie de obra –menos de uno de cada diez– son mujeres.
Hay estancados «cientos» de proyectos en la ‘lista de espera’ de la Administración
Efecto multiplicador
Óscar Izquierdo, miembro de la junta de gobierno de la Confederación Nacional de la Construcción (CNC) y presidente de Fepeco, la patronal del ramo en la provincia de Santa Cruz de Tenerife, explicó que para que el sector pueda trabajar «con normalidad», es decir, para evitar esos retrasos en las obras, hacen falta alrededor de 80.000 trabajadores. En estos momentos, la construcción cuenta con casi 56.000 asalariados en el Archipiélago, exactamente con 55.730 –28.773 en la provincia de Las Palmas y 26.957 en la demarcación tinerfeña–. De modo que precisa otros 24.000 para solventar sus problemas de mano de obra. Algo que, además, tendría un notable efecto multiplicador, ya que cada nuevo puesto de trabajo en el sector del ladrillo genera una media de 2,4 empleos en las actividades vinculadas: transportes, ferreterías, maquinaria... Esos 24.000 nuevos asalariados en la construcción crearían así otros 57.600 empleos, un total de 81.600.
Izquierdo, a quien acompañaron ayer en una rueda de prensa el presidente de la CEOE en la provincia de Santa Cruz de Tenerife, Pedro Alfonso, y la vicepresidenta de Fepeco, Sonia Hernández, expuso que al margen de los problemas de personal y del extraordinario encarecimiento de las materias primas –cuyo origen está en el embudo que sufrieron las cadenas globales de suministros en lo peor de la pandemia de coronavirus y que se agrava ahora con la inflación–, también la economía sumergida y la «torpeza y lentitud» de la Administración pública lastran la actividad. Sobre esto último, el representante de la CNC aseguró que hay determinados ayuntamientos que tardan hasta tres e incluso cuatro años en dar una licencia de obra mayor, cuando la normativa establece un plazo máximo de tres meses para su concesión. «No salen [las licencias] en tiempo y forma, tardan muchísimo, un promedio de entre 19 y 20 meses», ahondó el presidente de Fepeco. Y tres cuartos de lo mismo, agregó, ocurre con los preceptivos informes sectoriales, que se demoran hasta un año sumidos en la burocracia.
Los empresarios alertan sobre la competencia desleal de quienes hacen cáncamos en negro
En consecuencia, hay «cientos» de licencias de obras «retenidas» en las oficinas técnicas y en las gerencias de Urbanismo, un atasco y una suerte de lista de espera que dan lugar a que determinados promotores hagan las maletas y se lleven su inversión a otros puntos del país o incluso al extranjero. No pueden levantar aquí su hotel, por ejemplo, y lo hacen en otro sitio. En los últimos tiempos, esta fuga de inversiones se dirige sobre todo al Levante peninsular y al vecino Marruecos, detalló Izquierdo.
Además, la CNC ha detectado un notable incremento de la economía sumergida en los últimos meses, esa actividad en negro, sin factura, que en la construcción se da sobre todo en las pequeñas obras de reforma y de rehabilitación de viviendas, en los cáncamos de toda la vida. Una «competencia desleal», en palabras del dirigente de Fepeco, que se solucionaría si esos trabajos desgravaran en la declaración de la renta, ya que el cliente exigiría siempre la factura para poder aplicarse el descuento en el IRPF.
La carestía de los materiales: un 64% más costosos
El aluminio, el cobre, la madera, el acero, el petróleo y en general la energía son indispensables para la construcción. El embudo en las grandes cadenas globales de suministros durante lo peor de la pandemia, allá por 2020, disparó los precios de todas estas materias primas mucho antes de que se gestara la oleada inflacionaria en marzo-abril del año pasado. En el caso de estos insumos, la inflación ha agravado un problema que el sector ya venía arrastrando. Hasta un 64% ha subido, de media, el precio de esos materiales desde enero de 2021, con incrementos que oscilan entre el 9% de la madera y el 100% del acero, cuyo coste se ha duplicado. Pero ya no solo se trata de ese extraordinario encarecimiento, sino de que, además, en muchos casos sencillamente no hay dónde comprar los materiales. A la carestía se suma así el desabastecimiento. Y como no hay dos sin tres, la empresa que tiene la suerte de adquirir la madera o el cobre que necesita luego se las ve y se las desea para encontrar contenedores y buques para traer el material desde los saturados puertos chinos.
