El aluminio, el cobre, la madera, el acero, el petróleo y en general la energía son indispensables para la construcción. Los bloqueos en las grandes cadenas globales de suministros durante lo peor de la pandemia, allá por 2020, encarecieron todas estas materias primas mucho antes de que se gestara la oleada inflacionaria que azota la economía occidental desde marzo-abril del año pasado. De modo que en el caso de estos insumos, la inflación no ha hecho más que agravar un problema que el sector ya venía arrastrando. Hasta un 64% ha subido, de media, el precio de esas materias primas desde enero de 2021, con incrementos en todos los casos extraordinarios y que oscilan entre el 9% de la madera y el 100% del acero, cuyo coste, por tanto, se ha duplicado.

Por si fuera poco, ya no solo se trata de ese extraordinario encarecimiento de las materias primas, sino de que, además, en muchos casos sencillamente no hay dónde comprarlas. A la carestía se suma así el desabastecimiento, y ambos factores se retroalimentan para complicar aún más la vida a los constructores. Y como no hay dos sin tres, la empresa que tiene la suerte de adquirir la madera, el acero o el cobre que necesita, siempre a un precio astronómico, luego se las ve y se las desea para encontrar contenedores, primero, y buques, después, en los que traer el material desde los saturados puertos chinos, asiáticos en general, o turcos. Todo ello sin tener en cuenta el eterno problema de la baja conectividad marítima entre el Archipiélago y la Península. Los insumos llegan desde Asia a la España peninsular, por lo general a Algeciras, y de ahí salen rumbo Canarias por medio de la única conexión semanal que hay para el tráfico de mercancías, denunció Izquierdo.

Carestía de las materias primas, fletes más caros, dificultades para encontrar contenedores y barcos para traerlas a las Islas y, de un tiempo a esta parte, la oleada inflacionista que castiga a todos los sectores sin excepción. Una serie de factores que no se ha tenido en cuenta en la Administración pública a la hora de ofertar esos 140 contratos de obras, que han quedado desiertos porque ninguna empresa, claro, va a asumir un proyecto que le genere pérdidas. El presidente de Fepeco agradeció al consejero de Obras Públicas del Gobierno de Canarias, Sebastián Franquis, su iniciativa de revisar los precios de las licitaciones, pero precisó que la medida, por sí sola, es insuficiente. Entre otras cosas porque la consejería, por más que su presupuesto sea importante, no es el único órgano licitador del sector público, ni mucho menos. Hace falta también la implicación de ayuntamientos, cabildos y demás departamentos y organismos de la Administración en su conjunto, que continúa sacando a concurso proyectos con precios a todas luces desfasados. Además, Izquierdo puntualizó que el real decreto del Gobierno de Pedro Sánchez para la revisión de las licitaciones estatales tiene también carencias.

Hasta 140 contratos de obras, con un presupuesto global de 52 millones de euros, se han quedado sin adjudicar desde el año pasado en Canarias por no haber empresas interesadas. O más bien porque a las empresas no les resultaría rentable hacerse cargo de un proyecto con unos precios desfasados. Licitaciones de todas las esferas de la Administración pública (ayuntamientos, cabildos, Gobiernos y todo su entramado de entes dependientes o vinculados) en las que no se han tenido en cuenta factores tan determinantes como la inflación o la carestía de las materias primas. «Se están sacando licitaciones con precios de 2019 o 2020, así que muchas se quedan desiertas», insistió este miércoles Óscar Izquierdo, miembro de la junta de gobierno de la Confederación Nacional de la Construcción (CNC) y presidente de Fepeco, la patronal sectorial de la provincia de Santa Cruz de Tenerife.

Economía sumergida

En este contexto, los constructores avisan que si no tienen más trabajo, no es por falta de capacidad para acometerlo, sino «por la lentitud y la torpeza de la Administración». Tanto por el exceso de burocracia que ralentiza los trámites administrativos de obras y proyectos (hay ayuntamientos que han tardado hasta cuatro años para dar una licencia, cuando la ley marca un plazo de tres meses) como por ese desfase entre los precios ofertados en las licitaciones y los precios del mercado. De hecho hay una cierta «paradoja» en el sector, ya que pese a todos los problemas que afronta, ha creado empleo de forma ininterrumpida desde el inicio de 2022. Es más, presenta «los mejores datos de empleo de los últimos cinco años», ahondó el representante de la CNC, que mostró su preocupación por otros dos hechos: el crecimiento de la economía sumergida y la falta de mano de obra.

La CNC ha detectado un notable incremento de la economía sumergida en los últimos meses, esa actividad en negro, sin factura, que en la construcción se da sobre todo en las pequeñas obras de reforma y rehabilitación, en los cáncamos de toda la vida. Una «competencia desleal», en palabras de Izquierdo, que se solucionaría si esos trabajos desgravaran en la declaración de la renta, con lo que el cliente exigiría siempre la factura para poder aplicarse el descuento en el IRPF.

Más difícil parece solucionar la escasez de trabajadores con que se topan las empresas del ramo. La vicepresidenta de Fepeco, Sonia Hernández, que acompañó a Izquierdo durante la rueda de prensa junto con el presidente de la CEOE en la provincia tinerfeña, Pedro Alfonso, hizo hincapié en que el inicio de muchas obras se retrasa porque no encuentran determinados perfiles. Algo paradójico, advirtió, en una Comunidad Autónoma con tan alta tasa de paro. En este sentido, Hernández animó a los jóvenes, y de forma especial a las mujeres, para que se incorporen a un sector con sueldos por encima de la media, que demanda mano de obra con urgencia y que nada tiene que ver con aquella construcción poco especializada de hace décadas.