La Agencia Estatal de Administración Tributaria (AEAT) publicó ayer la novena edición de la lista negra en la que enumera los grandes morosos del país. En Canarias, la nueva relación del fisco –en realidad no tan nueva, ya que la mayoría de los deudores lleva años con tan dudoso honor– deja una lectura positiva y otra negativa. El problema es que la negativa tiene mucho mayor peso que la positiva. Por un lado, las 168 personas físicas y jurídicas señaladas por la AEAT en la Comunidad Autónoma –básicamente sociedades anónimas y limitadas, sobre todo estas últimas– son siete menos de las registradas en la anterior edición, la octava, de la lista negra. Pero eso sí: le deben al erario público la friolera de 319,1 millones de euros, unos 133 millones más de lo que adeudaban los 175 grandes morosos del penúltimo listado de la Hacienda estatal.

La mayoría de los grandes deudores de las Islas acumula varios años en la ‘lista negra’ del fisco

Hay que recordar que la relación del fisco incluye a quienes tienen deudas o sanciones pendientes de abonar por un montante de más de 600.000 euros –en las primeras ediciones el límite a partir del cual un moroso se convertía en gran moroso era un millón de euros–. Esta vez es la sociedad limitada Cellular SAT, que tiene pendiente de ingresar en las arcas públicas estatales cerca de 19 millones de euros, la entidad que más dinero le debe a Hacienda. A la empresa domiciliada en Las Palmas de Gran Canaria y dedicada al comercio de materiales de telefonía y telecomunicaciones la acompañan en el particular podio de la morosidad dos clásicos de la lista negra: la firma hostelera Sands Beach Resort, otra sociedad limitada en proceso de liquidación y también domiciliada en la capital grancanaria, cuyo débito en favor de la AEAT supera los 12,7 millones; y la unipersonal Operadores Vacacionales, que adeuda prácticamente esa misma suma.

Además, continúan también otros habituales morosos del Archipiélago: la sociedad anónima Playa de las Teresitas, la limitada Salatin, Freiremar, Seguridad Integral Canaria, Gomasper, Islas Airways...

A nivel nacional, esta novena lista de morosos incluye un total de 7.037 deudores a cierre de 2021, lo que supone un 3,3% menos respecto de la pasada lista, publicada en diciembre. El importe global de deudas recogido en el nuevo listado alcanza los 17.710 millones de euros, un 2,9% menos, aunque restando duplicidades –ya que existen importes que corresponden a deudores principales y sus responsables solidarios–, el importe sería de 14.567 millones de euros y, por tanto, cerca de un 4,2% inferior.

Para ser seleccionadas, las deudas que figuran en el listado deben cumplir las condiciones, amén de encontrarse por encima de los 600.000 euros, de no haber sido pagadas transcurrido el plazo original de ingreso en período voluntario, estar pendientes de pago a 31 de diciembre de 2021 y no estar aplazadas o suspendidas por cualquier motivo legalmente previsto. Se habilita, no obstante, la posibilidad de ser excluido de la publicación si previamente se efectúa el pago íntegro de las deudas y sanciones tributarias que hubieran determinado la inclusión en el listado.

El entrenador del Real Madrid, Carlo Ancelotti, logra librarse del dedo acusador de la AEAT

Entre las personas físicas que aparecen en el listado, ocupan el primer lugar Ramón Olivares Garrigos y Agustín Olivares Garrigos, cada uno de ellos con 36,8 millones de euros de deuda tributaria pendiente de pago. El empresario Agapito García Sánchez, que durante años ocupó este primer puesto, acumula una deuda de 15 millones, tras haber sumado a ella 67.000 euros en 2021. Entre las personas jurídicas, encabeza el listado de morosos la constructora e inmobiliaria Reyal Urbis, con un total de 310 millones pendientes de pago, pese a haber restado 30 millones en 2021.

En este listado se incorporan por primera vez los nombres de los empresarios José María Aristrain y Luis Medina. En cambio, en esta edición ya no aparecen ni la constructora Nozar –que en el anterior listado tenía una deuda de 214,9 millones– ni el entrenador del Real Madrid, Carlo Ancelotti –1,4 millones en la anterior relación–.

Blindaje al pago en plazo a los proveedores


Las empresas que contraten con el sector público deberán aportar a partir de ahora un certificado de estar al corriente de pago con sus subcontratistas cada vez que certifiquen obras para su cobro. En caso de que se incumplan los plazos, la Administración (estatal, autonómica o local) podrá retener pagos y hacer el abono directamente al subcontratista. Será así, según reza en el proyecto de ley de creación y crecimiento de empresas aprobada en el Congreso ayer, para los contratos de más cinco millones que admitan más de un 30% de subcontratación. Además, las de más de 250 trabajadores que opten a una subvención superior a 30.000 euros deberán acreditar el cumplimiento de los plazos legales de pago con sus proveedores. También, las empresas de mayor tamaño (más de 250 trabajadores y más de ocho millones de facturación o de cuatro millones en activos) deberán informar en su web y cuentas anuales del número y volumen económico de las facturas pagadas en plazo.