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Energía | Nuevo modelo de financiación

El Congreso obvia la desventaja de Canarias por el fondo del sistema eléctrico

Solo diez preguntas ha recibido el Ejecutivo central en torno al nuevo modelo de financiación y ninguna se refiere a la pérdida de competitividad del Archipiélago

Votación en el Parlamento Europeo sobre el comercio de emisiones, ayer. EFE

Hasta la fecha solo diez preguntas en el Congreso de los Diputados dirigidas al Gobierno central sobre la ley que proclama la creación de un fondo de sostenibilidad para la financiación del sistema eléctrico y ninguna sobre la desventaja en que esta coloca a Canarias. La norma, que cubre en estos días sus primeros pasos de tramitación parlamentaria, defiende el incremento del consumo de energía renovable, pero obvia que el sistema eléctrico canario –seis subsistemas insulares en realidad– está menos dotado que el peninsular para ofertar energía limpia.

Imaginemos que participamos en una carrera de forma obligatoria, la de la descarbonización en este caso, pero partiendo a medio kilómetro de distancia del resto de competidores. Sigamos imaginando y pensemos en tener que pagar una penalización por cada metro de distancia que nos sacan en la línea de meta. Pues en esa situación se encuentra Canarias ante el nuevo modelo de financiación del sistema eléctrico que entrará en vigor este año.

La buena noticia es que, por estar en tramitación, admite enmiendas que eviten la pérdida de competitividad del Archipiélago –Ceuta y Melilla también están afectadas– con respecto al resto del Estado. La mala, que nadie se haya dado cuenta del daño a la hora de pensar y redactar el texto del proyecto de ley.

La buena noticia es que queda tiempo para enmendar el texto que se tramita en las Cortes

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El articulado que salga de la Cámara Baja tendrá que pasar luego por la Alta, donde el senador por la comunidad autónoma Fernando Clavijo (CC) ya ha anunciado que lo enmendará para solicitar que la ley no se aplique en el Archipiélago hasta que alcance el 40% de presencia de renovables en el mix energético que exhibe el resto del territorio español.

El Gobierno de Pedro Sánchez dio luz verde al inicio de los trabajos para confeccionar el entonces anteproyecto de ley en diciembre de 2020. Desde entonces se han registrado diez preguntas en el Congreso dirigidas al Ejecutivo. Nueve de ellas llevan la firma de Vox criticando el impacto que tendrá la medida en el sector industrial o interesándose por el incremento en los precio de los combustibles que conllevará, entre otras. 

La pregunta restante fue del PdeCat y versó sobre el abaratamiento que se producirá en la factura eléctrica. A la mayoría de ellas el Ejecutivo central contestó remitiendo al momento en que la norma quede completamente perfilada. El espíritu del fondo de sostenibilidad es precisamente la salida de parte de los costes fijos de la factura eléctrica, que pasarían a sufragar las empresas que negocian con combustibles fósiles. Se trata de las primas incluidas en el régimen retributivo específico para las renovables, la cogeneración y la gestión de residuos (Recore), que Vox, calcula en alrededor de 7.000 millones de euros.

"Todos los vectores energéticos"

Se trata de hacer partícipes a «todos los vectores energéticos» del mantenimiento económico del sistema eléctrico, algo que ya practican Francia o Alemania. El modo elegido es un gravamen sobre el metro cúbico de combustible fósil. De esa manera, podrán ahorrar más quienes menos recurran a ellos. «Nada contra el objetivo que se persigue, el problema es que trate por igual al sistema eléctrico canario», lamentó Clavijo. En la Península, la oferta de renovables es mayor –del doble en la proporción– por lo que son más los ciudadanos que, por ejemplo, pueden recargar su vehículo eléctrico. Además, si el viento no sopla en Aragón, pueden trasladarse megavatios hora limpios desde Galicia a través de las líneas de transporte; en Canarias, si hay calma en Gran Canaria, resulta imposible transportar hasta ella los excedentes eólicos de Tenerife, por poner dos ejemplos.

En resumen, en cada rincón donde no llegue el autoconsumo, la obligación de cubrirlo con fuentes contaminantes es mucho mayor que en la Península. Las exenciones que contempla el proyecto de ley llegan a los generadores eléctricos, taxis, agricultores, pescadores o transportistas, por ejemplo. Nada más, ningún territorio a pesar de que los ciudadanos y las empresas canarias tienen más difícil sortear el gravamen.

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