El Fondo Nacional para la Sostenibilidad del Sistema Eléctrico (Fnsse) que tramitan en la actualidad las Cortes penaliza el consumo de combustibles fósiles. Lógico para traer al presente la financiación del sistema eléctrico y cumplir los objetivos de descarbonización. Sin embargo, no contempla las especificidades canarias, donde las dificultades que encontró la penetración de renovables en la primera década de este siglo y la fragmentación en seis subsistemas eléctricos se convertirán en una penalización.
Los estudios enunciados en la exposición de motivos del proyecto de ley que crea el fondo convergen en la necesidad de repartir entre todos los «vectores energéticos» la financiación del sistema. En traducción ajustada, eso significa que la gasolina, por poner solo un ejemplo, se recargará con algunos céntimos que se destinarán al Fnsse. Y lo que este recaude irá a sufragar los costes regulados del sistema eléctrico.
Así lo hacen Francia o Alemania ya. Tiene sentido. Sin embargo, el Archipiélago se enfrenta a una seria desventaja. En los años de José Luis Rodríguez Zapatero se incentivó la instalación en la Península de parques eólicos y plantas fotovoltaicas mediante unas retribuciones atractivas que generaron un agujero en el sistema de cerca de 30.000 millones de euros.
Mientras, las Islas no daban con la tecla para propiciar el despegue de las tecnologías limpias y hoy, aunque avanzando a grandes zancadas, están muy por detrás del resto del Estado en potencia renovable instalada. El resultado es que el punto de partida es muy distinto en Canarias y en el territorio peninsular.
Sin embargo, el proyecto de ley no establece ninguna excepción territorial. La medida quiere fomentar la electrificación, porque, por poner solo un ejemplo, un vehículo eléctrico puede recargarse con energía gestada en un aerogenerador, mientras que uno con motor de explosión debe acudir al surtidor de gasolina.
Clavijo (CC) exige que se exceptúe a las Islas hasta tener en el ‘mix’ un 40% de renovables
La disponibilidad de energía renovable es muy inferior en las Islas. En las circunstancias actuales, la demanda agotaría la oferta mucho antes y el resultado final es que una proporción mucho mayor de canarios no tendrán elección y deberán pasar por la estación de servicio y abonar el canon que gravará a los combustibles fósiles cuando la ley se apruebe. Lo mismo para, otro ejemplo, el consumo de propano de un hotel.
El nuevo marco se aplicará de manera gradual en cinco años y da así a los consumidores «más tiempo para adecuar sus tecnologías y pautas de consumo a la nueva situación, haciendo uso de los instrumentos públicos de apoyo que se están desarrollando en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia».
Sin embargo, tampoco ese periodo de semigracia oculta una desventaja estructural. Mientras un megavatio limpio generado en Navarra puede viajar a Extremadura, en las Islas se paran aerogeneradores por la noche porque la escasa demanda obliga a ello. Sin almacenamientos e interconexiones, se desperdicia la posibilidad de contar con más renovables que evitarían el uso de petróleo.
El senador de Coalición, Fernando Clavijo, explicó ayer que la discriminación es aún más grave en islas como La Gomera o La Palma, donde la escasa rentabilidad disuade a los promotores eólicos. Su objetivo es que esta norma no se aplique en las Islas hasta que estas cuenten con «un 40% de renovables» en su mix energético.
