La Asociación de Empresarios Constructores y Promotores de la Provincia de Las Palmas (AECP) y la empresa pública Tragsa abren una vía de diálogo. La patronal ha mostrado en reiteradas ocasiones su malestar con las administraciones públicas por su «incapacidad» para sacar adelante procesos ordinarios de licitación de obras, para lo que recurren a Tragsa, que se convierte en intermediaria en los procedimientos. Durante el encuentro que mantuvieron este jueves ambas partes, Tragsa se comprometió a informar a los constructores canarios sobre los encargos que reciban por parte de las administraciones públicas y se mostró dispuesta a hablar de las condiciones en las que están licitando las obras.

La presidenta de la AECP, Salud Gil, apuntó que la visita de Tragsa se había gestado a raíz de la «actitud crítica» de los constructores isleños hacia la mercantil pública, por dejarlos fuera de los procesos de licitación. «Hablamos de precios y de una ejecución bondadosa de las obras publicas que desarrollen», señaló Gil, quien aclaró que este acercamiento no es suficiente para que la patronal siga reivindicando a las administraciones que «no abusen» de las empresas públicas como Tragsa para «sustituir al mercado». Para la presidenta de la AECP, el problema parte de que las administraciones tienen una «escasa planificación» para licitar obras. 

Así, cuando se acerca el final de año, para poder ejecutar los presupuestos, compran una sola acción de empresas como Tragsa, para que se puedan considerar empresas públicas propias, y le encargan los proyectos que, obligatoriamente, deben asumir. La solución, a juicio de AECP, pasa porque la administración cambie este comportamiento y planifique con más antelación la licitación de las obras, para evitar que los constructores tengan intermediarios. Gil se cuestiona cómo es posible que se utilice a Tragsa para agilizar los procesos, cuando después esta empresa debe buscar a una constructora que realice el trabajo que se le encarga. «La existencia de intermediarios nos coloca en una situación de desventaja», señala la presidenta de AECP.

La empresa pública ejecutó 419 obras en las Islas por 324 millones, entre 2018 y abril de 2022

Gil insistió en que la asociación seguirá «reivindicando el papel de las empresas para que puedan gestionar directamente las obras», porque los constructores son los que de ejecutan los proyectos, aunque existen «situaciones en las que Tragsa debe que intervenir».

Entre 2018 y abril de 2022, la empresa pública ejecutó 419 obras en el Archipiélago, con un presupuesto total de 324 millones de euros. No obstante, los constructores canarios consideran que el 44% de estos proyectos están fuera del objeto social de Tragsa. A esto se suma que, según detalló Gil, el Ministerio de Fomento redujo en 2021 un 32% el número de obras licitadas con respecto a 2020, mientras que la comunidad autónoma mermó la cifra en un 25%. En lo que va de año, la administración pública canaria ha licitado la mitad de las obras que en el mismo periodo del año anterior. Según Gil, los cabildos insulares han estado especialmente activos, ya que han acaparando el 55% de los trabajos, seguidos del Ejecutivo regional, con un 37% de las obras.

Tragsa –integrada en la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI)– recibió la encomienda de convertir el Colegio León del barrio de El Lasso de Las Palmas de Gran Canaria en un centro para atender a mujeres y niños migrantes. Para desarrollar los trabajos, la mercantil pública buscó empresas constructoras, pero ninguna de ellas canaria.