Los 146 empleados que aún quedan en JSP cobrarán la nómina de este mes al inicio del mes de julio. El expediente de regulación temporal de empleo (ERTE) ha obtenido luz verde del juez que visa el proceso concursal en el que la compañía lleva inmersa casi un año ya. Un poco de oxígeno para unos trabajadores a los que cada vez les quedan menos motivos para confiar en que una de las grandes industrias canarias pueda recobrar la normalidad.
Razones para la desesperanza no les faltan. Sin tener que ir muy lejos, este mes a sus cuentas corrientes no ha llegado ni un solo euro. Las plantas de producción están paradas por orden del administrador concursal y la gran mayoría de ellos, en sus casas. El mes de mayo no lo van a cobrar, aunque aún alguno de sus representantes sindicales estima que hay espacio para no darlo por perdido.
En enero se firmó un expediente de regulación de empleo (ERE) con 278 despidos. Pareció en aquel momento que el panorama se aclaraba y en breve se iba a producir el desembarco de un nuevo inversor. Nada más lejos de la realidad. La oferta que el fondo de inversión Hiperion hizo llegar –alrededor de 18 millones de euros y una importante quita de la deuda bancaria– no convenció al administrador concursal.
Así se lo comunicó al Juzgado de lo Mercantil número 2, como también su intención, que resultó aceptada, de sacar a subasta las unidades productivas de la compañía. Si la fisura entre sindicalistas de CCOO y UGT se evidenció en el momento en que los problemas resultaron inocultables, desde entonces se ha ido ensanchando hasta convertirse en una grieta sin aparente modo de cerrarse.
Puntos de vista
¿Dónde está cada una de las organizaciones sindicales? CCOO, con las tesis del administrador concursal. A saber, para hacerse con las riendas de la compañía es condición sine qua non aceptar el ERE del 4 de enero. En ese acuerdo, firmado por todos los representantes de los trabajadores, se llevaron hasta los 25 días por año trabajado y un máximo de 16 mensualidades las indemnizaciones para los despedidos; en lugar de los 20 y doce que, respectivamente, marca la ley.
Hiperion no firmó ese acuerdo y no se considera obligado a cumplirlo. El presidente del comité de empresa de JSP en Las Palmas, Ismael Trujillo, recuerda que el pacto para el ERE lo rubricaron «todos los representantes de los trabajadores», y asegura no entender por qué ahora hay una parte –en referencia a los miembros de UGT– que opta por «dejar tirados a los compañeros despedidos». En la orilla contraria, su homólogo en Celgán, Servio Arvelo (UGT), lamenta que el administrador concursal haya «rechazado la única oferta que ha llegado».
Por eso, en compañía de la presidenta del comité de empresa de la planta de Güímar, Soledad Negrín, esta semana Arvelo ha mantenido contactos con el juez. Intentan apartar al administrador concursal. «Si entra Hiperion, al menos podremos seguir trabajando los 146 que seguimos dentro», explica. A ello, Negrín añade que la firma de aquel ERE provocó que el Fondo de Garantía Salarial (Fogasa) se personara «al mes siguiente como acreedor» en el proceso concursal «por cinco millones de euros». Es decir, se generó más deuda, una de las circunstancias que no puede producirse durante la tramitación de un concurso de acreedores.
«La oferta era muy baja y así lo entendió el juez», sostiene por su parte Ismael Trujillo, para quien la defensa que los representantes de UGT hacen de la revocación del administrador concursal tiene un contexto: «Llevan ahí toda la vida, los ponía don José y luego votaban lo que él quería».
El administrador concursal ha dejado en manos de una empresa especializada la búsqueda de inversores que pujen por la compañía en la subasta de las unidades productivas, que se celebrará en el mes de julio. «Quien venga hará sus ofertas y no tienen por qué quedarse con un solo trabajador y menos cumplir con el ERE», avisa Negrín, quien no entiende qué ventaja supone esto frente a la oferta de Hiperion.
En medio de este fuego cruzado está una plantilla que, a pesar de los golpes recibidos desde hace años, se resiste a perder la esperanza. Empleados que quieren trabajar porque es lo que han hecho durante toda su vida y que ahora cruzan los dedos implorando una solución que, al menos por el momento, no se antoja sencilla.
«Llega un momento en el que ya no sabes si alguien quiere que esto salga adelante o tiene otros planes». Hasta ese punto llegan las dudas de Zebenzui Cabrera, de 39 años –18 de ellos en la compañía–, tras dos de «no cobrar pagas y recibir tarde y a plazos los salarios; en febrero terminamos de cobrar diciembre», explica. «Todo se ha ido enrollando de una manera que no esperábamos», señala, y confiesa que lo que peor lleva es «la incertidumbre diaria. Tengo familia y unos pagos que atender», expone.
«Lo primero» que paró en Celgán «fueron las natillas», relata Cecilia Goya, que ha pasado la mitad de sus 41 años trabajando para JSP. Aunque mantiene una «pequeña ilusión» por lo que pueda ocurrir en el futuro, confiesa que ya está «mirando otras opciones, como unas oposiciones». En diciembre cesó su actividad habitual y desde entonces ha hecho hasta «de guardiana». El único consuelo al que puede agarrarse es que su pareja, que también trabajaba en JSP, «pidió una excedencia; menos mal» afirma.
«Nos considerábamos de la casa, como nos decía don José [Sánchez Rodríguez]», el recientemente fallecido presidente de JSP. Por eso, a José Hernández le resulta tan «frustrante» lo que está ocurriendo, especialmente las dificultades para cobrar. Estima posible que al administrador concursal «el traje le haya venido grande» y critica que hayan «aparecido piedras en el camino cada vez que se ha acercado un inversor». Lleva 31 años en JSP y tiene 49, y confiesa que tanta incertidumbre ha hecho mella en él.
José Luis Santana forma parte de un grupo al que los problemas de la compañía pillan peor colocados. «A mi edad», tiene 57 años (38 en la empresa), «me quedo con una mano delante y otra detrás», recalca. «Todavía no sé cómo no se aceptó la única propuesta que garantizaba los puestos de trabajo», lamenta y confiesa que la situación «no es la más idónea para mantener un buen estado de ánimo». Sobre todo después de «todos los sacrificios de los últimos años», en los que la plantilla renunció a parte de sus retribuciones.
