El Plan Integral de Empleo de Canarias para 2022, con una dotación de 42 millones de euros, permitirá dar empleo y formación a unos 5.000 canarios. El presidente de Canarias, Ángel Víctor Torres, y la ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, han suscrito hoy miércoles en La Palma el convenio correspondiente al Plan Integral de Empleo de Canarias (PIEC) para este año, acto en el que la ministra se ha comprometido, a petición de los agentes sociales del Archipiélago, a la ampliación de los ERTE para La Palma.
Ahora mismo solo quedan ERTE extraordinarios en La Palma, que están prorrogados hasta el 30 de junio y que se van a extender, según la ministra. Afectan a 1.384 personas de La Palma.
Díaz destacó que del Plan de Empleo específico por la erupción volcánica de La Palma por valor de 60 millones de euros han sido ya ejecutados 44,3 millones, que han permitido la contratación de 1.671 personas.
Plan Integral de Empleo de Canarias (PIEC)
El PIEC de 2022 pretende impulsar políticas activas de empleo orientadas combatir el paro y a acompañar a las personas trabajadoras en el tránsito de la crisis generada por la pandemia de la covid. El PIEC, explicó la ministra, se centra en la diversificación del empleo, en mejorar la cualificaión y promover la polivalencia y la movilidad interinsular, así como en la estabilidad laboral.
A la vez, servirá para luchar contra la economía sumergida y para la formación integral y la cualificación de los jóvenes, los parados de larga duración y las personas más vulnerables.
La vicepresidenta incluyó los ERTE puestos en marcha en España durante la pandemia como ejemplo de que por primera vez en democracia se ha gestionado una crisis "de manera diferente", lo que permitió que una caída del PIB del 11% solo se tradujera en una caída del 1,5 en el empleo, con lo que se incumplieron todas las previsiones negativas que habían realizado los organismos internacionales.
Esa gestión ha permitido que la tasa de paro esté en España en el 13,6% un dato que sin ser positivo es el mejor que ha habido, afirmó Díaz.
En el caso de Canarias, los ERTE llegaron a proteger a 238.000 trabajadores, con una financiación de 1.600 millones de euros.
La crisis económica y social derivada de la pandemia ha sido especialmente dura para Canarias, porque el turismo se paralizó, y en el último trimestre de 2021 se sumó la erupción volcánica en La Palma, pero ha habido "un compromiso como país" entre todas las administraciones para impedir que el daño se hiciera estructural, destacó la ministra..
Hizo un llamamiento a la sociedad canaria para utilizar bien las posibilidades de la reforma laboral con el despliegue de la modalidad de contratación de los fijos discontinuos para superar la precariedad laboral. Por tanto, pidió encarecidamente a las administraciones y empresas a que sus contratos tengan estabilidad laboral.
Yolanda Díaz destacó que el Plan Integral de Empleo de Canarias tiene objetivos ambiciosos y se ha trabajado y se sigue trabajando para que pueda aplicarse con más agilidad y eficacia, "con más rapidez" y con más margen para su ejecución, como han reclamado los agentes sociales y las instituciones canarias.
Torres recordó que el PIEC se ha recuperado desde 2020, y aseguró que ya está consolidado en los presupuestos del Estado y ahora se aplica "adelantando los plazos".
El presidente corroboró el compromiso del Gobierno de Canarias para la entrega cuanto antes de la ayuda adicional de 30.000 euros para las familias que perdieron su vivienda habitual en la erupción volcánica.
Buenos datos de empleo
El acto también contó con la participación del presidente del Senado, Ander Gil, la consejera de Economía, Conocimiento y Empleo, Elena Máñez, y el secretario de Estado, Joaquín Pérez, entre otros agentes políticos, económicos y sociales del archipiélago.
Torres se congratuló de los buenos datos de empleo que volverá a tener Canarias en mayo de 2022, pese a no ser un mes tradicionalmente propicio, “lo que demuestra que Canarias camina en la recuperación”.
El presidente recordó la condición de región ultraperiférica (RUP) de las Islas y la necesidad, por tanto, de ser compensadas por su lejanía, insularidad y fragmentación, tal y como reconoce el Tratado de Funcionamiento de la UE, la Constitución española y el propio Estatuto de Autonomía. “Es de justicia y una obligación jurídica”, remarcó antes de agradecer a Díaz que ambos gobiernos recuperasen el PIEC, que ahora se haya consolidado en el presupuesto estatal y que cada año se adelante un poco más su firma.
