Las plantas de producción de Tenerife –Celgán y Güímar– registran movimientos en estos días para intentar la revocación del administrador concursal (Praxis de Reestructuraciones y Concursal) que dirige el proceso de venta de JSP. La iniciativa bebe de la tesis de que el rechazo a la única oferta recibida hasta la fecha, emitida por el fondo de inversión Hiperion, no hace sino enviar al limbo los 146 puestos de trabajo que aún mantiene un grupo industrial cuyas plantas de producción permanecen inactivas.
Hiperion había conseguido reducir la deuda con los bancos hasta los 12 millones de euros desde los casi 40 que se habían acumulado en sucesivas huidas hacia adelante practicadas desde 2012. Sin embargo, no acepta el expediente de regulación de empleo (ERE) firmado en enero y por el que se despidió a 278 trabajadores. El acuerdo alcanzado entre la compañía y los trabajadores contemplaba unas mejoras que el fondo de inversión asturiano no está dispuestos a asumir.
Esa posición motivó que el administrador concursal decidiera la subasta de las unidades productivas del grupo –en julio se consumará si no hay un giro de guion antes– y encomendó a una empresa externa la búsqueda de capital fresco. A estas alturas continúa sin cerrarse el proceso de tasación de los activos de JSP.
Con esta sucesión de hechos, las plantas de producción paradas y la plantilla pendiente de un ERTE para poder ingresar al menos parte de sus nóminas, se ha extendido una corriente de opinión que lamenta que no se aceptara la oferta de Hiperion. Incluso aunque los despedidos se quedaran con los 21 días por año trabajado y doce mensualidades que marca la ley en lugar de los 25 y 16 meses acordados en el ERE.
Se ha extendido una corriente de opinión que lamenta que no se aceptara la oferta de Hiperion
Ese pacto se tiene incluso por papel mojado, ya que el efecto que produjo fue que el Fondo de Garantía Salarial (Fogasa) se presentara un mes después como acreedor por valor de 5 millones de euros. Es decir, se incrementó la deuda de la compañía, cuando el administrador concursal está precisamente para que eso no suceda. Su siguiente acción fue mandar parar las máquinas cuando lo cierto es que la demanda de productos como la leche existe, según mantienen los trabajadores, y la devaluación de la industria canaria se acelera cada día que los lineales no reciben sus productos.
En las plantas de Celgán y Güímar crece la sensación, además, de que si se llega a subasta se destruirán muchos más puestos de trabajo. Cada inversor que acuda a la puja tendrá libertad para lanzar la oferta que estime oportuna y, de no encontrar competencia, si esta incluye una fuerte destrucción de empleo, se quedará con el activo. Incluso, los candidatos podrían acudir simplemente con la intención de vender los inmuebles.
Lo que sí es seguro es que todos los empleados no adscritos a unidades productivas, caso, por ejemplo, del almacén de Miller Bajo, se quedarán en la calle.
