El sector turístico alertó ayer sobre las consecuencias que tendría en Canarias la llamada tasa o impuesto verde. Consecuencias nefastas. Si los Gobiernos regional y nacional no logran una total exención fiscal en favor del Archipiélago –en última instancia es España, como Estado miembro, el único interlocutor válido ante las autoridades europeas–, los casi 2,2 millones de habitantes de la Comunidad Autónoma se verían abocados al «ostracismo» y a un «ruinoso aislamiento en mitad del Atlántico».
La excepción de los vuelos nacionales e interinsulares está encaminada pero no aprobada
En un contundente comunicado conjunto, las cuatro grandes patronales turísticas de las Islas –Ashotel, FEHT, Asofuer y FTL– y la división canaria de la UGT –uno de los dos grandes sindicatos del país– exigen que «todos» los vuelos con origen o destino en la región se exceptúen de la tasa verde. De no ser así, avisan, las repercusiones en la economía del Archipiélago, que depende en extremo del turismo, desembocarían en un «enorme drama social». De momento, el Ejecutivo autonómico parece tener encaminada la excepción de las conexiones aéreas con la Península y también de las interinsulares. Falta, eso sí, su aprobación en Bruselas, tal como precisó el propio vicepresidente del Gobierno isleño, Román Rodríguez, tras reunirse el miércoles con el ministro para la Unión Europea, José Manuel Albares. En cualquier caso, el Ejecutivo presidido por Ángel Víctor Torres ve mayores dificultades, y así lo ha reconocido, para convencer a las autoridades comunitarias de la conveniencia de exceptuar también las rutas internacionales. Esos vuelos donde vienen los millones de turistas extranjeros que sostienen alrededor del 35% del Producto Interior Bruto (PIB) de Canarias. Por eso UGT y las patronales del sector piden una «absoluta» exención fiscal para los vuelos con destino al Archipiélago y a las ocho restantes Regiones Ultraperiféricas (RUP) europeas.
Sindicato y empresarios exponen que es precisamente la condición de RUP de la Comunidad Autónoma la que evidencia y justifica la exclusión de las Islas del impuesto verde o impuesto al queroseno. Y de hecho el mismo Tratado de funcionamiento de la Unión Europea recoge la necesidad de «modular» las políticas comunitarias en el ámbito de las RUP. El argumento es, por tanto, el mismo que viene esgrimiendo el Gobierno regional: el encarecimiento del transporte aéreo que supondría la tasa verde sería de tal magnitud que acabaría por trasladarse a los precios de los billetes y, en última instancia, impediría las vacaciones de muchísimas de esas familias de franceses, italianos o neerlandeses que vienen cada año a Canarias. Una Canarias que, para más inri, no tiene a corto plazo –el impuesto verde entraría en vigor en 2024– ninguna alternativa en su sistema productivo para tapar semejante pérdida de ingresos. «Tendrá [la tasa] un efecto disuasorio y será un impedimento para la mayoría de los turistas que año tras año eligen Canarias como lugar preferido de sus vacaciones, condenando a la economía de las Islas al colapso y, con ello, a la inevitable emigración económica al continente de su población», denuncian UGT y las organizaciones empresariales, que piden «sensibilidad» a la Eurocámara –son los eurodiputados quienes en última instancia aprobarán o no la propuesta de la Comisión– y «coraje» a los políticos, españoles y canarios, en la defensa de «esta justa excepción».
El Gobierno regional reconoce mayores dificultades para excluir del tributo las rutas internacionales
Al respecto, el director general de Economía y Estadística del Banco de España (BdE), Ángel Gavilán, apuntó ayer que en la institución tienen claro que los impuestos medioambientales son la herramienta más eficaz para espolear a las empresas y ciudadanos en la senda hacia la sostenibilidad. Y también que España tiene margen para actuar en este ámbito fiscal, ya que la carga tributaria es inferior, en general, a la de los países de su entorno. Caben, eso sí, las compensaciones.
Es más, de igual forma que en el regulador apuestan por que las pymes y familias de bajos ingresos queden fuera del pacto de rentas, también entienden que algo similar podría ocurrir en este caso. Pero «no necesariamente excluyendo», que es justo lo que busca Canarias, sino por la vía de las compensaciones, tal como ha propuesto la Consejería de Turismo.
100%
Vuelos internacionales
- Si Canarias no logra quedar al margen de la ‘tasa verde’ en los vuelos internacionales, los billetes podrían llegar a encarecerse hasta un 100%, es decir, podrían duplicarse.
50%
Vuelos interinsulares
- Aunque la exención fiscal en el caso de los vuelos entre islas parece encaminada, aún está por aprobarse. Esto evitará una subida del precio de estos vuelos de hasta un 50%.
2024
Entrada en vigor
- En principio -podría retrasarse-, el ‘impuesto verde’ entraría en vigor en 2024, es decir, en poco más de año y medio. Canarias, como RUP, está exceptuada solo hasta el fin de 2023.
