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Montero admite «dificultades» para el REF en la norma europea de Sociedades

La ministra de Hacienda asegura que traslada y «defiende» en todas las reuniones la singularidad de Canarias «pero la mayoría de países no quieren excepciones»

La ministra de Hacienda responde ayer a preguntas en el pleno del Congreso de los Diputados. ALBERTO ORTEGA / EUROPA PRESS

Canarias no las tiene todas consigo para lograr mantener su singularidad fiscal en la futura directiva europea para imponer un tipo mínimo del 15 % en el Impuesto de Sociedades (IS) a las empresas que facturen más de 750 millones al año. Es así para el Archipiélago como territorio afectado, y para el Gobierno de España en su empeño por convencer al resto de países miembros la necesidad de excluirlo a las Islas de ese pacto comunitario, aún sin cerrar, para hacer más eficaz ese tributo en el ámbito de las grandes empresas y multinacionales. Al menos así lo reconoce claramente la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, en plena negociación en el seno de la UE sobre los términos en que se pretende implantar la nueva norma, cuyo borrador dejaría sin efecto aspectos fiscales esenciales del REF canario y afectaría a la competitividad de la región a la hora de atraer a los grandes inversores nacionales e internacionales.

«Estamos defendiendo la singularidad canaria en todos los foros y negociaciones en los que se está discutiendo la nueva directiva, pero hay dificultades porque la mayoría de los países no quieren excepciones si finalmente se alcanza un consenso», vino a resumir ayer la ministra. Según ella, todavía no está claro que finalmente esa directiva para elevar el tipo mínimo a las multinacionales logre a ver la luz verde definitiva. Una de las causas, precisamente, según apunta, es que son varios los países que alegan excepciones de distinta naturaleza que rechaza la gran mayoría de Estados miembros de la UE.

La Comisión Europea advirtió a principios de mes que nadie del Gobierno español ha pedido la exención

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Montero asegura que el Gobierno central «está trabajando desde hace tiempo» en la defensa del reconocimiento del REF en este asunto y que «lo seguirá haciendo trasladando a las conversaciones y negociaciones» que se están llevando a cabo en el seno de la UE. Rechaza pues las acusaciones –algunas por parte de alguno de los socios del Gobierno regional – de que no estuviera al tanto cuando se redactó el borrador de la directiva sobre el IS que hay en estos momentos. Asegura en este sentido que «el plan del Gobierno es seguir defendiendo la necesidad de tener una sensibilidad especial con las Regiones Ultraperiféricas (RUP)», y da a entender que la nueva norma no estaría necesariamente afectada por el artículo 349 del Tratado de Funcionamiento de la UE relativa a estos territorios, aunque se pueda apelar a él para excluirla de la directiva.

La ministra ya había señalado la semana pasada en el Congreso que «seguiremos defendiendo en los foros internacionales con el resto de países que cuentan con Regiones Ultraperiféricas la necesidad de tener una consideración especial» con estos territorios, pero eludió concretar si su departamento presentará una propuesta de corrección de la directiva tal y como está redactada en estos momento. Respondió así a una pregunta de la diputada de CC, Ana Oramas, sobre si el hecho de que el Gobierno no hubiera «presentado excepciones» al proyecto legislativo europeo constituía «un olvido o una posición» por parte del Ministerio. Montero señala ahora a este respecto que «no es cuestión de presentar una propuesta o una petición formal de excepcionar a las RUP, sino de defenderlo en las negociaciones», como asegura se está haciendo dado que la directiva está todavía en discusión.

Incidencia mínima

Esta visión contrasta con el hecho de que responsables de la Comisión Europea advirtieran al Gobierno de Canarias hace algunas semanas que nadie del Gobierno de Pedro Sánchez había trasladado a las instancias comunitarias la excepción canaria, tal como le comunicó al vicepresidente canario y consejero de Hacienda, Román Rodríguez, el director general de Fiscalidad y Unión Aduanera de la UE, Benjamín Ángel, en una reunión en Bruselas el pasado día 4.

Rodríguez reconoció entonces que la aceptación de las tesis canarias «no será fácil», puesto que la propuesta de directiva europea viene precedida de un acuerdo adoptado por las principales organizaciones supranacionales, y «habrá que pelear hasta el final y no dar nada por perdido».

Según el vicepresidente canario, el mantenimiento de ese diferencial en el IS es importante para Canarias, no en términos cuantitativos, pues el número de empresas afectadas por la medida sería escaso, sino por la preservación de su fuero económico y fiscal. «Se trata básicamente», dijo «de que no se siente un precedente en la parte constitutiva de nuestras singularidades”.

También la ministra de Hacienda insiste en que la afectación en las Islas de un tipo mínimo del 15% en el IS para las empresas que facturaran más de 750 millones anuales sería en todo caso «mínima». Y si bien no precisa la cifra sí rechaza de plano la versión ofrecida por CC de que serían más de 40 las afectadas.

Canarias teme que la nueva directiva europea siente un precedente para obviar el fuero

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La titular de Hacienda recuerda que España ya está aplicando actualmente el tipo mínimo del 15 % a las grandes empresas adelantándose así a la propuesta surgida en la OCDE –el secretario general de la organización avanzó el martes en el marco del Foro Económico Mundial de Davos que la aplicación del acuerdo al que se llegó en octubre se retrasaba a 2024 en vez de en 2023– y en la propia UE para una iniciativa fiscal que suponha «una distribución más justa de los beneficios y de los derechos fiscales entre los países con respecto a las empresas multinacionales», que otorgarían una recaudación extra de 150.000 millones de euros a los 136 países adheridos.

Ese paso ya se dio en España en los presupuestos estatales ahora en vigor pese a no estar aún aprobada la norma a nivel comunitario, y la ministra recuerda en este sentido que «Canarias ha quedado fuera de este tipo mínimo».

Tras asegurar que el Ministerio está en contacto con el Ejecutivo de Canarias para trabajar conjuntamente en la defensa del fuero isleño y de las singularidades de las RUP en los otros foros posibles, con los otros países con este tipo de territorios, Francia y Portugal, y en los propios órganos internos de estas regiones, Montero asegura que «pese a las dificultades que hay, confiamos en que al final se tendrán en cuenta sus peculiaridades».

El Ejecutivo regional, por su lado, considera que todavía hay margen de maniobra para exceptuar a las Islas de las exigencias tributarias del Impuesto de Sociedades toda vez que Bruselas ha aplazado un año sobre el calendario inicial previsto, hasta enero de 2024, la entrada en vigor de la directiva, si finalmente se llega a concretar y a poner en marcha.

CC reclama un respaldo «inequívoco» al fuero

La portavoz de Coalición Canaria-PNC en el Congreso de los Diputados, Ana Oramas, avanza en un comunicado que luchará por arrancar el «respaldo inequívoco» del Gobierno del Estado para que Canarias quede exenta de la aplicación del 15% de mínimo de tributación del Impuesto de Sociedades radicadas en el Archipiélago aprobado el pasado 19 de mayo por el Parlamento europeo. Para ello, Oramas apunta que defenderá a través de una proposición no de ley registrada ayer ya en la Cámara baja que el Gobierno de España inste a la Eurocámara a introducir «una cláusula que permita la exceptuación de las Islas de la nueva directiva europea dentro del análisis del impacto de esta legislación en los países de desarrollo y en concreto de Canarias y en el marco de su singularidad fiscal». La diputada nacionalista argumenta que la singularidad canaria, «consagrada en el Tratado de Funcionamiento de la UE y que ha sido ratificada por la jurisprudencia de la Unión, junto con la renovada Estrategia RUP, ha de ser el marco en el que se defienda la exención de Canarias del tipo mínimo del IS». En este contexto, aclara, sin embargo, el apoyo a la nueva directiva que impulsa la Comisión, aunque insiste en el caso de Canarias «podría suponer la fuga de empresas instaladas en las Islas y evitaría la llegada de nuevos inversores atraídos por la fiscalidad diferenciada».

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