A pesar del tobogán en que las restricciones sanitarias por el covid mantuvieron a la economía del Archipiélago durante el pasado año, Canarias fue la tercera comunidad autónoma en la que menos creció la deuda pública en relación con el producto interior bruto (PIB). Con un 15,3%, solo Madrid (14,8%) y Navarra (15,2%) mejoraron la labor de contención ejercida por el Gobierno regional, que aplaude la prórroga de la suspensión de las obligaciones de deuda y déficit decidida por la Unión Europea (UE).

En términos absolutos, el informe sobre el ejercicio pasado emitido por la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF) constata que el pasivo de las Islas asciende a 6.434 millones de euros. Los números, contenidos en el último Informe sobre el seguimiento del objetivo de estabilidad presupuestaria y de deuda pública y regla de gasto del ejercicio 2021 ponen de relieve, a juicio del vicepresidente canario, Román Rodríguez, «la prudencia y el realismo» de la gestión que desarrolla el Ejecutivo autonómico.

Desde la anterior crisis, la de 2008, la contención de la deuda y el déficit públicos se ha convertido en uno de los principales retos de las administraciones públicas. Conseguirlo, aparte de significar el cumplimiento de un mandato de Bruselas, supone contar con un rating de solvencia que habilita para conseguir financiación a un coste menor.

El pasivo del Archipiélago se eleva a 6.434 millones de euros, según la AIReF

«Nos sitúa en una buena posición en el supuesto caso de que tuviéramos que recurrir en el futuro a la financiación privada, porque los mercados nos ven como una administración solvente y fiable», destacó precisamente el también consejero de Hacienda.  

Los datos revelados por la AIReF coinciden con la publicación por parte del Financial Times, y la posterior confirmación a Efe de fuentes comunitarias, de la extensión a 2023 de los límites impuestos a las finanzas públicas de los estados miembros. 

Se espera que la Comisión Europea (CE) oficialice el lunes este año de gracia, que se habría adoptado para amortiguar el impacto económico que ha generado la invasión rusa de Ucrania. De hecho, al adoptarse esta política se explicitó que se mantendría en vigor hasta el momento en que las economías recuperaran el tamaño previo al estallido del problema sanitario, objetivo que se alcanzó a finales de 2021 a pesar del parón al que obligó la variante ómicron.

Sin dificultad

Según el rotativo británico, fue el colegio de comisarios el que, en su reunión del pasado miércoles, entendió la necesidad de mantener atenuadas sus exigencias. En todo caso, la suspensión durante un nuevo ejercicio de las reglas fiscales tendrá que ser ratificada por los gobiernos de los países, un proceso que no se espera «muy difícil», según fuentes europeas.

A la espera de la confirmación en el inicio de la semana próxima, Canarias ve con muy buenos ojos la prolongación del periodo de exención, ya que permitirá la aplicación de políticas que, si no anticíclicas, sí se aparten en alguna medida del estricto plano real. 

«Podremos seguir respondiendo al papel que tenemos encomendado ahora de manera reforzada como dinamizadores de la actividad económica y como protectores de la sociedad», explicó Román Rodríguez. El vicepresidente acudió directamente a la razón de la prórroga de la suspensión de las reglas financieras comunitarias, al incidir en que durante este año aún se arrastran las consecuencias de la pandemia, por lo que la guerra en Ucrania ya permite avanzar que 2023 también va a ser un año difícil.

En la eurozona, la deuda pública se situó en 2021 en el 95,6% del PIB

Las reglas establecidas por Bruselas imponen un límite del 3% del PIB al déficit público y del 60% del PIB a la deuda, con un régimen de sanciones que pueden llegar al 0,5% del PIB. Quedaron suspendidas en marzo de 2020, tras el estallido de la pandemia. 

En 2021, el déficit medio de la UE se situó en el 4,7% del PIB, mientras que el de la eurozona alcanzó el 5,1% (el 6,9% en el caso de España). La deuda pública cerró en el 88,1% y el 95,6% del PIB respectivamente (118,4% en España). Para 2023, el Gobierno central prevé un déficit del 3,9% del PIB y reducir la deuda hasta el 112,4%.