Más vale tarde que nunca. La consejera de Agricultura, Ganadería y Pesca del Gobierno autonómico, Alicia Vanoostende, ha anunciado que Canarias empezará a aplicar la ley de cadena alimentaria el próximo mes. Este texto obliga a cada «operador» de la cadena a pagar, cómo mínimo, los costes de producción al eslabón anterior si no quiere hacer frente a las sanciones que estipula la normativa aprobada en 2013. Nueve años más tarde el Ejecutivo regional asegura que ya tiene «todo más o menos ordenado» para poder arrancar con el control de la norma. Así lo afirmó Vanoostende durante una entrevista en el programa Hoy por Hoy El Drago, de la Cadena Ser, el martes pasado.
«Llevamos nueve años con esta ley y nosotros estamos en el Gobierno desde hace casi tres; es cierto que se nos ha atrasado, pero hemos tenido una pandemia», apuntó la consejera para justificar el retraso. Lo cierto es que ha pasado tanto tiempo desde su aprobación que la norma ya cuenta con modificaciones, la última en diciembre de 2021, en la que se incluyen mayores sanciones para «ofrecer más garantías» al sector primario. La destrucción de valor de la cadena está tipificada como una falta «grave» y supone una multa de entre 3.001 euros y 100.000 euros. Para los reincidentes la cantidad podría alcanzar el millón de euros.
Desde la consejería no aclaran cómo se llevará acabo el control, pero afirman que las direcciones de Agricultura, Ganadería o Pesca, así como el Instituto Canario de Calidad Agroalimentaria, cuentan con «funcionarios que hacen tareas de inspección» y la idea es que parte de ese personal «se dedique también a hacer la inspección de la ley».
Lo cierto es que los inspectores van a tener bastante trabajo con los ganaderos ya que estos llevan años vendiendo a pérdidas. Esta situación ha empeorado con la subida de los piensos, los forrajes y los fletes debido al conflicto en el este de Europa, lo que ha llevado al sector al «límite». El litro de leche se pagó en abril a 48 céntimos y en mayo a 50, pero a los granjeros les cuesta producirla 60, lo que refleja un claro incumplimiento de la ley de cadena alimentaria.
Hasta ahora, el máximo esfuerzo del Gobierno canario para atajar las infracciones ha sido reunir, a principios de mayo, a ganaderos, industrias queseras y las cadenas de distribución para acordar una subida de precios justa. En el encuentro se pactó que los industriales y los supermercados reducirían sus márgenes comerciales para pagar más a los ganaderos por la leche: alcanzar 0,60 céntimos en la de vaca y 0,90 o un 1 euro la de oveja y cabra. Y aunque hubo buenas intenciones y promesas, desde entonces el incremento ha sido de dos céntimos, lo que todavía queda muy lejos de cubrir los costes de producción. A los productores no les vale con un incremento lento y progresivo. Llevan meses reclamando medidas inmediatas para hacer frente a los altos costes y no recurrir a tirar leche o sacrificar animales.
Vanoostende reconoce que a pesar de la subida progresiva de los precios, esta sigue siendo insuficiente por lo que espera que en la próxima reunión, fijada para junio, se pueda implementar una subida que cubra los costes de producción de los granjeros.
Los ganaderos también esperan la llegada de ayudas destinadas al sector, como el adelanto de las incluidas en el Programa Comunitario de Apoyo a las Producciones Agrarias de Canarias (Posei), el paquete de 2,5 millones del Gobierno de España y los 8,2 millones del Ejecutivo autonómico.
