Los juzgados canarios recibieron el último año un aluvión de reclamaciones de deudas. Los problemas de muchas familias y empresas para afrontar los pagos y el uso cada vez más habitual del procedimiento monitorio –la vía judicial exprés para la reclamación de cantidades– llevaron a los acreedores a presentar cerca de 60.000 solicitudes de deudas ante los tribunales isleños a lo largo de 2021. Se trata de la cifra más alta registrada hasta la fecha por el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ). Un singular récord que, sin embargo, no se habría producido sin el papel de los fondos buitres, que se dedican a comprar a entidades financieras paquetes de deudas de dudoso cobro para convertirse así en acreedores y reclamar luego las cantidades por la vía de los procedimientos monitorios.
Un caso habitual es el de las tarjetas revolving, esas que los bancos suelen conceder para que sus clientes compren a crédito. La persona o la familia gasta o saca una cantidad y puede devolverla en tantos plazos como quiera, o casi. Eso sí, a cambio de unos intereses altos. Altos en el mejor de los casos y directamente leoninos en muchas ocasiones. No extraña así que en períodos de crisis económica, como el que han traído consigo la pandemia de coronavirus, primero, y la ola inflacionaria, después, muchos clientes no puedan afrontar las cuotas del crédito revolving. La entidad financiera intenta recuperar el dinero, pero en muchas ocasiones se trata de pequeñas cantidades y no le sale rentable recurrir a la vía judicial. Es ahí cuando entran en juego los fondos buitres, que le compran al banco esa deuda y pasan a exigirla como propia. Por eso muchas personas que le deben mil, dos mil o tres mil euros a una entidad financiera acaban recibiendo cartas y llamadas de firmas como Hoist Finance Spain, la filial española del banco sueco homónimo dedicada al negocio de adquirir lotes de deuda de dudoso cobro a precios de saldo para luego reclamar las cantidades en los juzgados.
Los fondos de inversión libre compran paquetes de deudas y pasan a ser acreedores
Hoist Finance Spain es un viejo conocido de bufetes isleños como Velázquez & Sabina Abogados, cuyos letrados lograron que la sociedad limitada fuera condenada por usura en primera instancia tras reclamarle a una de sus clientas cerca de 2.500 euros. El caso es que de esa cantidad, la friolera de 1.417 euros correspondía a los intereses de la deuda. Más de la mitad solo en intereses. Este es solo un ejemplo de los muchos de entidades de capital riesgo o de inversión libre que usan la vía exprés del procedimiento monitorio. ¿Y por qué esta vía es tan usada? Porque si el deudor no contesta la carta en la que se le exige el pago en un plazo de veinte días hábiles, la cantidad es ejecutable sin más, es decir, sin necesidad de juicio. En resumen, el acreedor, el fondo, interpone el procedimiento monitorio; el juzgado envía el requerimiento de pago al deudor; y el deudor tiene entonces dos opciones: pagar o presentar un escrito de oposición con su disconformidad. Si presenta el escrito, entonces el procedimiento monitorio acaba y el litigio pasa a resolverse en juicio. El problema es que son mayoría quienes desconocen qué es un monitorio y no responden o no responden en ese plazo de 20 días hábiles al requerimiento de pago, con lo que el fondo de capital riesgo solo tiene que exigir la deuda y sus intereses leoninos. De ahí que los abogados insistan en la importancia de buscar asesoramiento legal en cuanto se reciba la carta.
Los tribunales tramitan 60.000 procedimientos monitorios en 2021, el techo histórico
En 2021 fueron 58.413 los procedimientos monitorios recibidos en los tribunales de la región. No solo son un 27,4% más que en 2019, el último año antes de la crisis de la covid, sino que es el número más alto desde que el CGPJ comenzara a elaborar la estadística en 2007, el año del estallido de la crisis financiera. De hecho fue precisamente la crisis financiera la que dio lugar a que en 2010 –el ejercicio en que la economía tocó fondo– los monitorios llegaran en las Islas a 56.327, cifra que ya se ha quedado pequeña.
58.413
Procedimientos en Canarias
- Los juzgados de Canarias recibieron a lo largo del último año un total de 58.413 reclamaciones ‘exprés’ de deudas, lo que se conoce como procedimiento monitorio.
+27%
Los efectos de la covid
- Las reclamaciones de cantidades por la vía del procedimiento monitorio en los tribunales isleños se han incrementado un 27,4% tras la crisis del coronavirus.
56.327
Más que en la crisis de 2007
- El CGPJ comenzó a publicar la cifra de procedimientos monitorios presentados en cada región durante la crisis financiera. Hasta ahora, el máximo en las Islas eran los 56.327 de 2010.
7.599
Reclamaciones de cantidad
- Las reclamaciones de cantidad por la vía ordinaria, es decir, sin procedimiento monitorio, sumaron el último año 7.599. Su número se reduce en favor de las reclamaciones ‘exprés’.
