Ni el Gobierno de Canarias, en el que manda el PSOE con Nueva Canaria (NC) como socio principal, ni el consejero de Transición Ecológica, Lucha contra el Cambio Climático y Planificación Territorial. Fue la consejería la que «aclaró» que ya no hay lascas que sacar a la entrada del gas acotada a la generación eléctrica y el repostaje de buques. Asepsia política aparte, lo cierto es que la consejería tiene un responsable al frente, José Antonio Valbuena, que el departamento forma parte del Ejecutivo autonómico y que el mensaje lanzado este domingo al aire tiene como particular destinatario al presidente del Cabildo de Gran Canaria, Antonio Morales (NC).
Fue este último quien el sábado acabó con la alegría que había causado en el presidente del Gobierno de Canarias, Ángel Víctor Torres, y en el propio Valbuena la rectificación introducida el viernes por el Consejo de Ministros en el real decreto que abolió en marzo la necesidad de autorización administrativa para las regasificadoras. Con el último texto normativo en la mano y a juicio de Torres y el consejero, queda claro que nada se hará sin consultar a la comunidad autónoma. Para Morales en cambio, la disposición adicional cuarta del decreto ley 10/22 sobra, porque se mueve en la «ambigüedad calculada» y terminará por ser la puerta a través de la que llegará un gas del que nunca ha querido ni oír hablar.
Aclaración a las dudas
¿Dudas sobre que la traducción de los hechos sea correcta? «Ante las informaciones publicadas en las que se habla de redacción confusa o ambigua», dos de los términos empleados por Morales, «del decreto ley (...) en lo relativo a la posibilidad de instalar regasificadoras en Canarias», expuso como motivo de aclaración la Consejería de Transición Ecológica, Lucha contra el Cambio Climático y Planificación Territorial del Ejecutivo regional.
Se respetan los objetivos
Para Valbuena y su equipo, la modificación decidida por Madrid el viernes y publicada el sábado por el Boletín Oficial de Canarias (BOE) «deja bien claro que, en todo caso se respetan los objetivos y fines en materia de transición energética que se establezcan por parte de la administración de la Comunidad Autónoma de Canarias a través de su planificación». En otras palabras, que ni una sola piedra se moverá sin que el Ejecutivo canario tenga que dar su aprobación para ello.
¿Y qué dice el actual Gobierno de Canarias? Que este hidrocarburo «solo se utilizará en las centrales térmicas», a ellas llegará en estado líquido y allí mismo se regasificará y consumirá. «No solo no hay una redacción ambigua, sino que hemos pasado de ser consultados para conocer nuestra opinión en el momento de la autorización administrativa previa a tener capacidad decisoria con la nueva redacción», concluye el comunicado de la consejería.
