Los más de 200 riders que reparten comida a domicilio en las Islas están llamados a una huelga el próximo verano si no se cambiar sus actuales condiciones laborales de "explotación enmascarada" y "casi esclavistas", según el secretario de Organización de UGT-Canarias, Héctor Fajardo.
En agosto del pasado año, a través de una reforma del texto refundido del Estatuto de los Trabajadores que asumía una sentencia del Tribunal Supremo, se puso orden en la selva plagada de falsos autónomos, en que se había convertido uno de los negocios que en menor plazo ha visto crecer su facturación de manera exponencial. "Solo el año pasado, Uber Eats ingresó 17.000 millones de euros", afirmó Jorge Mata, extrabajador de Closer Logistics, una de las empresas contratadas por dicha multinacional en las Islas para salvar el cambio normativo.
Este venezolano afincado en Canarias fue el primero en dar la voz de alarma: la solución normativa no ha supuesto, ni de lejos, el final de los problemas. La reacción de la mercantil intermediaria fue inmediata; lo despidió a las pocas semanas alegando baja productividad y pérdida de confianza.
La empresa intermediaria despidió por baja productividad y falta de confianza al primer denunciante
Para centrar el origen del problema es necesario conocer cómo asumieron las diferentes multinacionales el cambio de las reglas del juego. Deliveroo se marchó de España, Glovo contrató a una parte de la flota y optó por seguir incumpliendo manteniendo falsos autónomos, Uber Eats externalizó los recursos humanos y solo Just Eat se decidió por el cumplimiento de la ley.
"No exigimos más dinero", aclaró este jueves Mata, "solo lo que está reflejado en el contrato". En otras palabras, no tener que poner sus vehículos a disposición de la empresa, ni sus teléfonos móviles -"si se te rompe, te despiden porque no puedes coger los pedidos", denunció-, ni comprar sus cascos... Un sumatorio de costes empresariales trasladados a la plantilla que de ese modo ve aún más recortados unos "salarios mínimos".
¿Por qué entonces no se denuncia? Mata tiene claro que la escasa contestación que ha existido hasta el momento parte del perfil que es mayoritario entre los riders. "Son personas en situación de vulnerabilidad laboral", expuso. Muchos de ellos son migrantes recién llegados que no tienen posibilidad de acceder a otros puestos y necesitan con urgencia el dinero; "la mayoria tiene miedo de quedarse sin los pocos ingresos con los que cuentan", añadió.
La inexistencia de una sede física dificulta la actuación de la Inspección de Trabajo
Aun así, el incumplimiento flagrante de la ley no tiene garantizada su gratuidad. Sin embargo, "la Inspección de Trabajo tiene complicado actuar cuando no hay un domicilio físico al que puedan acudir", aclaró Héctor Fajardo. Esa misma circunstancia es la que impide que exista una cohesión entre los empleados, que tampoco llegan a conocer ni la cara de sus empleadores. No obstante, "cada vez son más los que están diciendo basta de abusos", aseguró Mata. Fajardo explicó que es intención del sindicato promover la obligación de que exista una sede física allá donde se cuente con más de 50 empleados.
Closer Logistics les contrata, "pero es Uber Eats la que nos da las órdenes de trabajo", insistió este rider. "Es una cesión ilegal de trabajadores clarísima", completó el secretario de Organización de UGT-Canarias, sindicato que ya ha iniciado la vía judicial para la restitución de los derechos de los trabajadores afectados por las medidas disciplinarias adoptadas por Closer Logistics desde que se iniciaron las protestas de su personal. Además, la organización promueve la firma del primer convenio del sector.
El próximo mes todos los trabajadores están llamados a una asamblea en la que podrán exponer su situación. Será este órgano el que decide sobre la convocatoria de los paros, que, en opinión de Héctor Fajardo, "podrían producirse ya en julio".
