"Prioridad absoluta". Así es como definió el ‘conseller’ de Empresa i Treball, Roger Torrent, el nuevo Pacto Nacional para la Industria (PNI) en una entrevista con EL PERIÓDICO DE CATALUNYA, medio que pertenece al mismo grupo editorial que este diario, publicada en septiembre. Pocos días antes había convocado a patronal y sindicatos para dar el pistoletazo de salida a un proceso de consultas que deberá acabar alumbrando un paquete de medidas para revertir y relanzar el peso de la actividad industrial en Cataluña. El objetivo inicial de Torrent era tener cerrado el pacto en enero del 2022 y, cuatro meses más tarde, el motor de esa reindustrialización todavía no ha arrancado y no hay ni unas prioridades cerradas ni un presupuesto detallado.
Que la industria catalana necesita un revulsivo es un consenso unánime entre el Govern, Foment del Treball, Pimec, CCOO y UGT. El peso de la industria en el PIB catalán ha ido menguando durante la última década, pasando del 27% al 19,8%, su volumen cada ejercicio va a menos y la meta es llegar a un 25% antes del 2030. Aunque ese diagnóstico compartido contrasta con la falta de consenso sobre las líneas maestras y cuál de ellas debe tener mayor prioridad en el pacto. Este es uno de los varios factores que las diferentes fuentes consultadas para este reportaje señalan para explicar el retraso.
"La riqueza de los debates en los grupos de trabajo, con aportaciones y peticiones tanto de los miembros de los grupos de trabajo como de la Mesa del Pacto han contribuido a tener un PNI muy completo y útil para la reindustrialización de Cataluña, pero también ha exigido más tiempo para concretar y consensuar todas las actuaciones debatidas", justifican desde la ‘conselleria’ de Torrent. "Parálisis por hiperanálisis", replica una fuente presente en las negociaciones.
La falta de concreción y detalle del presupuesto disponible para inversiones y proyectos que transformen industrialmente el tejido productivo catalán es otra de las causas de la lentitud de las conversaciones. ¿Cuánto dinero habrá para el pacto? Entre 2.400 y 3.000 millones de euros, es la horquilla que dibujan varias fuentes consultadas entre los agentes sociales. Una cantidad superior a los 1.844 millones con los que se dotó el anterior acuerdo industrial.
El problema, no obstante, es que de esa cifra –que cubriría el periodo 2022-2025- no está claro qué es presupuesto ordinario de los departamentos –y que gastarían igual hubiera o no pacto-, qué es presupuesto extraordinario para darle un impulso a proyectos tractor y qué parte son fondos europeos –cuya llegada y tiempos son inciertos-. Una de las críticas al resultado del anterior pacto es que quiso abarcar demasiadas cuestiones y no acabó impulsando medidas concretas con un impacto de calado. "Corremos el riesgo de que nos vuelva a pasar lo mismo", advierte una fuente consultada.
Las urnas condicionan el pacto
El momento político juega también su papel en el retraso de más de cuatro meses que encadena el alumbramiento del pacto industrial. La cuenta atrás para las elecciones municipales del 2023 ha comenzado y desde el Govern van con pies de plomo sobre cómo las actuaciones que puedan decidir ahora puedan condicionar el resultado de las mismas. Dentro del Pacte Nacional per la Industria uno de los pilares clave es el de la transición energética. Y esa transición pasa por potenciar energías renovables que tienen un impacto sobre el territorio. ¿En qué municipios se instalarán los molinos de viento, placas solares y demás generadores de energía verde?
El déficit actual es sustancial y es que, según un reciente estudio del Col.legi d'Enginyers Industrials, Cataluña debería multiplicar por 20 la potencia instalada actual para cumplir con los objetivos de sostenibilidad en 2050. En este sentido, diferentes agentes sociales critican la falta de implicación –o como mínimo celeridad- por parte de la 'conselleria' de Acció Climàtica en la elaboración del pacto industrial y la sitúan como un ‘hándicap’ de cara a poder cerrar el acuerdo.
La salud de la actual coalición de Govern es un elemento que está condicionado las negociaciones. O más bien la incertidumbre del futuro de la misma. Una de las opciones que se puso encima de la mesa era tratar de abordar un pacto industrial cuyas medidas trascendieran el horizonte de la actual legislatura, abriendo a participar a más fuerzas políticas. No obstante, ello se descartó ante el temor de no poder asegurar la continuidad de las medidas y que estas se quedaran en un cajón si se produce un hipotético adelanto electoral. Ahora los agentes sociales esperan que los partidos que forman el Govern completen una ronda de contactos con las fuerzas del Parlament más proclives a aprobar el paquete de medidas -el PSC y los 'comuns'- para tener la vía política despejada.
