La patronal, economistas y asesores fiscales de las Islas alertan de que el Ministerio de Hacienda vuelve a ignorar las exenciones fiscales de Canarias y no las defiende ante la Comisión Europea, que propuso a finales del año pasado una Directiva para fijar el tipo mínimo del 15% en el Impuesto de Sociedades a las grandes empresas transnacionales que facturan más de 750 millones de euros anuales. Esta medida que plantea Bruselas atenta contra el Régimen Económico y Fiscal (REF) del Archipiélago y pone en peligro el desarrollo económico del Archipiélago, así como la seguridad jurídica que ofrece la región a las empresas. Además, exigen a la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, que ponga en marcha una serie de acciones urgentes ante la Unión Europea para que se respeten las particularidades del REF. "Si Madrid no mueve ficha para que esta Directiva no afecte a Canarias, sería la primera vez que se le pone límite cuantitativo a los incentivos del REF, y sería un atentado grave para nuestro fuero, una institución con más de 500 años de historia", destacó Salvador Miranda, director de la Cátedra REF.

El delegado del Gabinete de Estudios de la Asociación Española de Asesores Fiscales (AEDAF), Orlando Luján, añadió que el impacto que tendría en Canarias esta medida europea alcanzaría a más de medio centenar de grandes empresas del Archipiélago y a otras tantas del exterior que actualmente tienen actividad en las Islas, y que "son las que cuentan con más músculo económico para realizar inversiones en la comunidad autónoma, y, por tanto, son las que crean más empleo".

En este sentido, los representantes de algunas de las principales organizaciones profesionales y empresariales de Canarias denunciaron que el Secretario General de Estado de Hacienda, el palmero Héctor Izquierdo, no ha respondido a sus reiterados contactos para solicitar una reunión. "Aún no hemos recibido respuesta alguna por su parte, y eso nos preocupa porque parece que desde Madrid no hay sensibilidad con la especificidad fiscal de Canarias”, lamentó Luján.

Para los representantes de las instituciones promotoras del Manifiesto REF es "imprescindible" contar con un marco tributario que brinde seguridad jurídica y la aplicación del REF porque, de lo contrario, muchas empresas canarias tendrán dificultades para aplicar esos incentivos fiscales, especialmente las pequeñas y medianas, y "eso supondría un claro retroceso en el desarrollo económico y social del Archipiélago", según señaló Luján. Por su parte, el Secretario General de la Confederación Canaria de Empresarios, José Cristóbal García, apuntó que “este retroceso en nuestro REF” no solo afectaría a las empresas canarias, sino a la sociedad en su conjunto y supondría "un gran recorte de inversiones y de puestos de trabajo, ya que instrumentos fiscales como el REF son los que impulsan que grandes empresas de todo el mundo se instalen en Canarias gracias a los incentivos que les ofrecemos”.