El endurecimiento de las obligaciones que han de cumplir las sociedades de inversión colectiva de capital variable (sicav) para continuar tributando por sus beneficios al 1% ha provocado ya la disolución del 77% de ellas en toda España. Canarias tampoco es ajena a estos movimientos y varias de las que concentran las fortunas isleñas han decidido tomar un camino distinto al que hasta la fecha venían transitando.
Al final del mes pasado, la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) detalló que 1.582 sicav, que suman un patrimonio de 12.864 millones de euros, ya habían comunicado su intención de disolverse y proceder a su liquidación. La misma relación de datos que entonces difundió Europa Press cifró en solo 174 –2.896 millones de euros entre todas– las que se transformarán en sociedades limitadas o anónimas.
¿Qué ha ocurrido para que se produzca una desbandada de este tamaño? El 1 de enero entró en vigor la ley contra el fraude fiscal (11/2021), que incluye nuevas reglas del juego para las sicavs. Estas ya no solo tienen que contar con al menos cien partícipes, sino que estos han de aportar un cantidad mínima de 2.500 euros.
En el espíritu de la norma está la persecución de los vehículos de inversión de esta naturaleza que en realidad están gestados por una gran fortuna rodeada de 99 mariachis con escasa aportación al patrimonio y con el único objetivo de pagar el 1% en el Impuesto sobre Beneficios.
Ante la estampida en masa cabe pensar que la idea, a la que ha dado forma el actual Gobierno PSOE-Podemos, pero que en realidad partió de Ciudadanos en sus horas más altas, ha dado en el blanco. La simple apertura del debate por Albert Rivera en 2015 ya provocó la disolución de un gran número de sicavs, en el Archipiélago y en todo el país. Ahora, según los expertos consultados, ha pesado mucho más que se haya apartado el control de la órbita de la CNMV para dejarlas bajo la vigilancia de la Agencia Tributaria.
«Esto en principio no supondría ningún problema, pero lo cierto es que en la ley se deja espacio a la interpretación de los inspectores, y eso sí que espanta», explica un gestor de capitales que prefiere quedar en el anonimato. Aunque ese límite de 2.500 euros está claro, Hacienda puede intervenir si el grueso del patrimonio lo ostentan muy pocos partícipes y son muchos los que solo cuentan con esa cantidad mínima.
La incertidumbre es lo que más ha pesado. El casi 80% que ya ha comunicado su intención de disolverse puede aún elevarse. Aunque la mayoría ha optado por no agotar los plazos, hasta el último día de este año pueden comunicar su pronta desaparición al regulador y concretarla en la primera mitad de 2023.
En Canarias, Laurisilva Capital decidió poner punto y final a una corta historia de solo seis años en 2020. En febrero del pasado ejercicio, tomó ese rumbo Eidetesa de Inversiones y en el mismo mes de este año lo hizo Gran Canaria de Inversiones. En marzo, la CNMV recibió la, hasta la fecha, última comunicación en este sentido de parte de Alma Investment.
Tomando solo esta última, family office de la Compañía de las Islas Occidentales (Bahía del Duque), se entiende mejor la actual huida en masa. Para alejarse de cualquier problema con el fisco, las sicavs no tienen más que comunicar y ejecutar su disolución. A continuación pueden traspasar el patrimonio a un fondo de inversión español o europeo. No tienen que pagar nada por la rentabilidad obtenida hasta ese momento y continuarán tributando al 1%. Visto así, las gestoras nacionales son las que más padecen el cambio.
