Tras una década de Primeros de Mayo protagonizados por la misma reivindicación, los sindicatos podrán pasar página -en parte- este 2022: La derogación parcial de la reforma laboral de Mariano Rajoy ya está en el BOE. Cuando el PP aprobó su norma España zozobraba por lo peor de la Gran Recesión, el mecanismo de los ERTE era algo residual, el virus más temido internacionalmente era la gripe aviar y tres de los cuatro protagonistas de este acuerdo del diálogo social no habían dado el salto a la esfera nacional. Yolanda Díaz era diputada en el parlamento gallego y Unai Sordo y Pepe Álvarez dirigían las federaciones vasca y catalana, respectivamente, de sus sindicatos. Mientras que Antonio Garamendi era vicepresidente de Cepyme y preparaba su primer intento (fallido) de desbancar a Juan Rosell como presidente de CEOE.
La reforma laboral ha sido, por el momento, el último gran acuerdo del diálogo social, que se ha ido enfriando en los últimos meses tras dos años de excepcional idilio. Dicha ‘luna de miel’ ha dejado grandes acuerdos transversales como fueron los ERTE, la ley de teletrabajo, la ‘ley rider’ o el primer acuerdo en materia de pensiones.
No obstante, a medida que la pandemia ha rebajado su emergencia y los acuerdos han dependido de incrementar o no los costes laborales, la patronal ha pasado a negarle fotos conjuntas al Ejecutivo. Como prueba, el descuelgue de las dos últimas subidas del salario mínimo interprofesional o la última subida de cotizaciones sociales para alimentar la hucha de las pensiones.
Si bien la reforma laboral y la primera parte de la de pensiones se sitúan como dos de los hitos de la legislatura en materia laboral, a esta todavía le quedan unos cuantos cartuchos no menores que quemar. Y que prometen poner a prueba la capacidad negociadora de la que han hecho gala los agentes sociales durante los últimos años.
TEMPORALIDAD: Redirigir el flujo de contratación
El reto más inmediato tras alcanzar la primera gran reforma laboral acordada en década y media es que esta se cumpla. Reducir la temporalidad en el mercado de trabajo español -campeón hasta ahora en toda la Unión Europea- fue el principal objetivo de la citada norma y de momento la estadística acompaña.
Según los últimos tres balances mensuales de la Seguridad Social, entre enero y marzo se firmaron en España 1,06 millones de contratos indefinidos; más del doble de los firmados durante los tres primeros meses del año 2021.
Gran parte de esa alza de la contratación indefinida se explica por dos vías. Por un lado, contratos temporales fraudulentos que la Inspección de Trabajo está obligando a las empresas a convertir a fijos. O empresas que directamente lo hacen de ‘motu proprio’ para evitar futuras sanciones. Y, por el otro, contratos que antes eran temporales de obra y servicio y que ahora las empresas los registran como indefinidos fijos discontinuos.
Esta modalidad hasta ahora ha sido poco explotada por las empresas y es hacia donde el Gobierno aspira a redirigir gran parte del flujo de contratación. No obstante, el fijo discontinuo exige de mayor tiempo de gestión para ordenar cuando se llama a servicio al trabajador, con qué antelación, qué consecuencias tiene si el empleado rechaza incorporarse… Definir bien todas estas cuestiones es una de las materias pendientes de la negociación entre patronal y sindicatos y cómo queden definirá si esta figura acaba comportando una ‘temporalidad’ más ordenada y segura para los trabajadores o una mutación con otro nombre de las mismas condiciones imperantes hasta ahora.
SALARIOS: Una década de sueldos congelados
La otra gran batalla en la que ya están sumergidos patronal y sindicatos y que promete -tanto si hay acuerdo como si no- marcar la evolución del mercado laboral es la de los salarios. Esta es, junto a la temporalidad, la eterna asignatura pendiente de la economía española. Y con los actuales niveles de inflación, azuzados por la guerra en Ucrania, resolver esta papeleta se presenta como más complicado que nunca. Los sindicatos aprietan para generalizar las cláusulas de revisión salarial que les permita no perder poder adquisitivo y la patronal rechaza llegar a ese punto para no comprometer sus márgenes empresariales.
Los sueldos llegan a ese gran pacto tras una década congelados en España. Realizando un cruce entre los últimos datos disponibles de la EPA, del INE y el IPC, los salarios han subido de media 0,3 puntos menos que la inflación en el periodo 2010-2020. Estos apenas subieron durante la Gran Recesión y luego cuando empezaron a coger carrerilla llegó la pandemia y lo paró todo. Las altas tasas de paro que ha conservado el mercado laboral español pese a volver a crear grandes cantidades de empleo no han contribuido a incentivar el aumento de salarios entre determinadas perfiles. Y ahora, con la inflación rondando los dos dígitos -en abril se situó en el 8,4% tras el 9,8% de marzo-, las patronales rechazan equiparar sueldos a esos niveles. Mientras, los sindicatos no están dispuestos a firmar acuerdos que hagan perder poder adquisitivo a sus representados.
Hallar la cuadratura de ese círculo y trazar un equilibrio entre márgenes empresariales y nóminas es el principal reto que tienen ahora por delante los agentes sociales. Las centrales abogan por las cláusulas de revisión salarial año a año, mientras que la patronal estaría dispuesta a aceptar una revisión salarial al cabo de tres años. Ninguna de las dos partes acepta la postura de la otra, las conversaciones siguen y los sindicatos ya han amenazado con convertir la negociación de cada convenio en un ‘vietnam’ si no hay acuerdo salarial.
TELETRABAJO: El reto de ordenar y regular por sectores
El bloqueo de la negociación de convenios tiene muchas derivadas y una de ellas es el bloqueo de los acuerdos de teletrabajo. La ley aprobada por el Gobierno el año pasado dejaba a la negociación colectiva la concreción de cómo cada sector y cada empresa debía concretar sus dinámicas de trabajo a distancia. Las grandes compañías han ido encontrando sus formas más allá de la emergencia sanitaria, adoptando modelos híbridos que oscilan mayoritariamente entre tres días en la oficina y dos en casa (como el BBVA, por ejemplo) o viceversa (como Ikea). Y con compensaciones por gastos a los empleados que varían, pero que habitualmente se ubican en una horquilla de entre 50 y 100 euros al mes por empleado.
Este último elemento es el que tira más para atrás a las compañías, especialmente a las pymes. Hasta el punto de que en Catalunya es el principal motivo que tiene bloqueado el Acord Interprofessional de Catalunya (AIC), el convenio de convenios que acuerdan trianualmente patronales y sindicatos. Y explica la ausencia de una regulación de esta práctica en la mayoría de casos. Es decir, se teletrabaja mucho más de lo que formalmente está acordado.
Según los últimos datos del INE, el 13,6% de los ocupados trabaja a distancia ocasionalmente o más de la mitad de la semana, mientras que, según los datos del Ministerio de Trabajo, solo el 3% de los asalariados están cubiertos por un convenio que regula esta modalidad. Desplegar los acuerdos sector a sector y empresa a empresa para ordenar el teletrabajo es otro de los retos que el mercado laboral español tiene por delante.
REFORMA HORARIA: Mejorar la distribución del tiempo
La pugna por la distribución del tiempo es una constante del mundo del trabajo, que se ve acuciada actualmente por la generalizada robotización de los procesos. Desde cajas automatizadas en los supermercados mediante las que el cliente factura su compra hasta el vehículo eléctrico, que precisa de mucha menos mano de obra que el de combustión.
La distribución del empleo y del tiempo de jornada es otro debate que se está abriendo paso. Los trabajadores de Seat, por ejemplo, ya están planteando a la empresa reducir sus jornadas para evitar despidos en ese proceso de transición hacia el coche eléctrico.
La jornada laboral de 4 días es un concepto tan incipiente como inexplorado por las compañías españolas. Aquellas, las pocas, que han adoptado fórmulas similares tienden a reducir jornada, pero también sueldo. Véase el caso del grupo Desigual, que recortó a sus trabajadores un día de jornada… y el 6,5% de sueldo. Incluso el programa piloto que Más País consiguió arrancarle al Gobierno a cambio de su apoyo a los últimos Presupuestos Generales del Estado todavía no ha trascendido del plano teórico, según reconocen fuentes consultadas del Ministerio de Industria. En dicho departamento recayó el presupuesto de 10 millones de euros para financiar experimentos en empresas privadas que estuvieran dispuestas a reducir sus jornadas y mantener el sueldo a sus empleados.
Sobre la distribución del tiempo, la conciliación laboral y familiar y el derecho a la desconexión digital tiene en agenda el Ministerio de Trabajo sacar una nueva ley este año. Será la ley de usos del tiempo, aunque desde el departamento liderado por la ministra Yolanda Díaz reconocen que los mimbres del proyecto legislativo todavía están por concretar.
SALUD LABORAL: 21.280 víctimas mortales
En España mueren dos personas cada día fruto de accidentes de trabajos. Tras caerse de un andamio, volcarse el tractor que conducían o después de sufrir un cáncer derivado de la exposición a un producto tóxico, entre muchos otros, un total de 705 personas perdieron la vida en el trabajo o yendo y volviendo del mismo durante el 2021, según los datos actualizados este viernes por el Ministerio de Trabajo. De este total, 91 de ellas en Catalunya.
Una lacra que no cesa y que si bien baja cuando la economía se contrae, vuelve luego a dispararse cuando recupera la bonanza, como está pasando ahora. En los últimos 20 años España acumula 21.280 víctimas mortales por siniestros laborales.
Los sindicatos llevan tiempo reclamándole al Ministerio de Trabajo que lidere un gran pacto contra la siniestralidad laboral, aunque por el momento dicha demanda no ha transcendido en actuaciones concretas.
