La lucha contra el blanqueo de capitales requiere herramientas cada vez más sofisticadas. Las fuerzas y cuerpos de seguridad en España atienden cada año decenas de miles de alertas de bancos, registradores o notarios sobre movimientos sospechosos y desarrollan miles de investigaciones de tramas cada vez más enmarañadas y que se ocultan con técnicas cambiantes.
Pese a todo los criminales pueden encontrarse con ventanas de oportunidad que les ofrece la propia legislación. Unos vacíos normativos de los que ahora se están aprovechando los oligarcas rusos afectados por las sanciones internacionales que buscan ahogar económicamente al entorno del presidente ruso, Vladimir Putin, y evitar que financien la invasión militar sobre Ucrania.
El Colegio de Registradores alerta de un “agujero legal” que es una puerta que puede facilitar el blanqueo de capitales y la ocultación de patrimonio en España. Y es que las sociedades limitadas no están obligadas a identificar públicamente en los Registros a todos sus socios de manera pública y fehaciente, y les vale con contar con un 'libro de socios' privado en manos del administrador de la compañía.
Desde el ámbito de los registradores españoles se reclama al Gobierno que cambie la normativa -vigente desde finales de los ochenta- y establezca la obligatoriedad de todas las compañías a entregar al Registro Mercantil la lista de todos los socios con participación en la empresa y a informar de los cambios en la propiedad cuando se produzcan, una exigencia que ya se ha establecido en otros países europeos como vía de evitar el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo mediante tramas societarias e intermediarios, y que ahora está siendo útil para aplicar las sanciones contra los oligarcas rusos.
“A día de hoy no hay forma de saber en España quién es el socio de una sociedad limitada. En otros países consta el listado de socios de las compañías en los Registros Mercantiles”, apuntan desde el Colegio de Registradores. “En otros países europeos la cadena de control de las empresas se conoce. En España, no”.
Contra los testaferros
El Colegio de Registradores propuso al Ejecutivo que incluyera este cambio como parte del paquete de medidas para reforzar la acción de cerco a los oligarcas rusos aprobado esta misma semana en Consejo de Ministros. Pero el Ministerio de Justicia optó por aprobar un sistema excepcional que facilita a os registradores de la propiedad, mercantiles y de bienes muebles la inmovilización de bienes de los oligarcas rusos en España que están ocultos a través de testaferros y sociedades fantasma.
Para ello, será necesario un informe previo de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado sobre la base de la “existencia de indicios racionales” de que el verdadero titular de los bienes pudiera ser un oligarca ruso objeto de investigación. “La reforma pone de manifiesto la intención del Gobierno español de que ningún oligarca ruso financie la guerra entablada por el presidente Vladimir Putin contra Ucrania con sus propiedades presentes en España”, se apunta desde el Ministerio de Justicia. “Si ya se encuentran embargadas las propiedades registradas a sus nombres, ahora se actúa sobre aquellos bienes que pudieran a estar a nombre de terceros”.
Durante las últimas semanas, las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, la fiscalía, registradores, notarías y bancos han estado colaborando para hacer posible la inmovilización de bienes a nombre de oligarcas afectados por las sanciones contra el entorno del Kremlin. El Gobierno quiere ahora ir más allá y quiere impulsar las investigaciones del patrimonio oculto mediante sociedades pantalla y personas interpuestas.
Expertos juristas discrepan sobre esta suerte de “licencia para confiscar” a los oligarcas rusos. Mientras unos no encuentran nada extraordinarias este tipo de medidas por parte de la Administración Pública y dan validez al sistema, otros cuestionan que se adopten a modo de "embargo preventivo" ajeno a cualquier control jurisdiccional. Desde el Colegio de Registradores se entiende que la norma respeta los derechos de los oligarcas cuyos bienes sean bloqueados, porque la inclusión en la lista de personas sancionadas es susceptible de recurso ante las autoridades comunitarias y porque la inmovilización se notificará al titular de los bienes para que tome las acciones pertinentes para acreditar que no procede esta acción.
