Cambios de calado en la cúpula de Indra. El grupo semipúblico de tecnología y defensa ve cómo se desmonta el modelo de gobernanza diseñado hace menos un año tras la salida del anterior presidente, Fernando Abril-Martorell. Entonces la compañía optó por dejar al nuevo presidente, Marc Murtra, sin poderes ejecutivos y nombrar dos consejeros delegados: Cristina Ruiz al frente del área tecnológica y de la consultora Minsait e Ignacio Mataix al mando del negocio de transporte y defensa.
En pleno intento del Gobierno por reforzar su control de Indra, el grupo termina con su sistema de bicefalia por la dimisión de Cristina Ruiz como CEO de Indra TI, tras más de una década en la compañía. En una reunión de urgencia celebrada este jueves por la tarde, el consejo de administración de la compañía aceptó la renuncia de Ruiz y decidió poner al frente del área tecnológica a Luis Abril, pero con el rango de director general, tal y como recoge El Periódico de España.
Abril, hasta ahora responsable del negocio de energía, industria y soluciones de gestión empresarial, también pasa a ser miembro del consejo de administración en calidad de consejero ejecutivo, según anunció el grupo a la Comisión Nacional de los Mercados de Valores (CNMV).
Indra se queda con un presidente ejecutivo y con solo un consejero delegado, redibujando un peculiar sistema de gobernanza nacido para aplacar los recelos del mercado y de algunos accionistas ante lo que se entendió como un intento de Moncloa de tomar el control de Indra con el nombramiento de Murtra como presidente. Los cambios y el nombramiento de Luis Abril como consejero aún deben ser refrendados por la junta de accionistas de la sociedad, convocada para el próximo 23 de junio.
Los cambios se producen después de que el Gobierno anunciara el pasado febrero su intención de incrementar la participación accionarial de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) en Indra del 18,7% al 28%, reforzando el control público del grupo tecnológico con el objetivo de crear un 'campeón español' en el área defensa.
El Gobierno justifica el movimiento accionarial por “la importancia de reforzar la participación del Estado como accionista de referencia en una compañía estratégica para el país, especialmente en el ámbito de la seguridad y la defensa”, según subrayó el Ministerio de Hacienda. Desde SEPI se subrayó el “compromiso del Estado” con una compañía estratégica y vincula la necesidad de reforzar la posición de control directamente con el desarrollo del Futuro Sistema Aéreo de Combate (FCAS), del que forma parte España con Indra como líder industrial.
La decisión de reforzar la posición estatal llegaba después de los últimos movimientos accionariales en Indra. En diciembre, la Corporación Financiera Alba, controlada por la familia March, vendió un 5% de la compañía al holding especializado en Defensa SAPA y redujo su participación a solo un 3,21%. Los March han manifestado su intención de desprenderse también de ese paquete residual.
