Igual que la reforma laboral estaba comprometida con Bruselas para finales del año pasado, otro de los grandes hitos pactados con la Comisión Europea es la reforma del paro, que ha de estar lista antes del final de 2022. La promesa es negociar con los agentes sociales la reorganización de la parte asistencial del sistema de protección social, pero CCOO quiere que, además, se reparen algunos de los recortes heredados de la reforma laboral y la legislación complementaria aprobada durante el mandato de Mariano Rajoy; entre otros, la reducción de la prestación por desempleo decretada en 2012, que bajó la cuantía de esa ayuda del 60% al 50% de la base reguladora a partir del sexto mes de percepción.

Esta medida costaría, según el sindicato, unos 1.500 millones de euros anuales, que incluyen la recuperación de esos diez puntos perdidos más la obligación por parte del Estado de cotizar por los parados, que hace una década fue trasladada a los propios desempleados. A esa modificación, CCOO le añade la necesidad de que las prestaciones se cobren íntegras, eliminando la posibilidad de hacer parciales algunas ayudas (otra innovación que se remonta a 2012) y revisar la protección asistencial para que no se produzcan vacíos de cobertura -momentos en los que los desempleados no reciben ninguna cantidad-. El sindicato exige para ello la apertura inmediata de la mesa de negociación que ha de reformar el sistema. 

Paro de larga duración

CCOO sustenta la necesidad de cambios en los datos del sistema de protección social, que analizan en su informe semestral sobre la protección por desempleo, presentado este miércoles. En el texto, que estudia las cifras de los últimos seis meses de 2021, se apunta a que la tasa de cobertura -el porcentaje de parados con acceso a ayudas- está en el 62,6%, con lo que ya lleva más de una década en la banda que oscila entre el 55% y el 65% (llegó a alcanzar el 80% antes de la crisis financiera). Además, los parados de larga duración son el 48% del total, y -recuerda el sindicato- "los largos períodos de desempleo de estas personas dificultan la posibilidad de volver al mercado de trabajo y, en muchos casos, [suponen] el agotamiento de las medidas de protección".

En este sentido, el informe señala que en 2009 sólo el 17% de los desempleados con experiencia laboral no tenían acceso a ninguna prestación, mientras que en 2021 ese porcentaje ha alcanzado el 35%: "Es necesario abordar la revisión del sistema de prestaciones por desempleo, no sólo las asistenciales, y que un importante número de personas que han perdido su empleo y quedan fuera de la protección por desempleo, 1.007.980 personas, puedan prorrogar sus prestaciones y acceder a otras ayudas o prestaciones", argumenta el texto.

Separación de fuentes

El sindicato aboga también por extender al desempleo el sistema de separación de fuentes de financiación que se ha reforzado en los últimos años en el sistema de pensiones, según el cual las prestaciones contributivas han de pagarse con las aportaciones que para ello han realizado empresas y trabajadores, mientras que las asistenciales deben abonarse con los Presupuestos Generales del Estado. El análisis realizado por CCOO a partir de cifras oficiales desvela que, en las últimas dos décadas, sólo ha habido seis ejercicios en el que el gasto en prestaciones contributivas ha superado a los ingresos en cotizaciones por desempleo; en los otros 14, han sido las aportaciones sociales las que han contribuido a financiar otras ayudas.

"En los últimos años asistimos a un deterioro de la calidad de la protección por desempleo: hay más prestaciones asistenciales que contributivas, algo que no ocurría antes de la crisis de 2008, y las mujeres se ven especialmente golpeadas, porque se ven más afectadas por prestaciones a tiempo parcial y reducidas", explica Carlos Bravo, Secretario de Políticas Públicas de CCOO; "hay que revertir los recortes de 2012, ampliar la cobertura del desempleo a empleadas de hogar y eventuales agrarios y mejorar el sistema de protección en su conjunto", resume.