El Gobierno lanzó un plan de choque para amortiguar el impacto de la invasión militar de Rusia sobre Ucrania que incluye ayudas por 1.000 millones de euros para los profesionales del transporte por carretera, tanto de mercancías como de viajeros, por la subida del precio de los combustibles; bonificaciones de 20 céntimos por litro de carburante para todos los conductores particulares para llenar el depósito; y también ayudas para las compañías privadas de ferrocarril que tengan locomotoras de gasoil. Quedaron fuera del reparto de ayudas excepcionales las compañías aéreas. Y el sector de la aviación levanta la voz contra su exclusión de las bonificaciones.

“El Gobierno no puede olvidarse de nosotros. Somos un sector estratégico y fundamental para el desarrollo del turismo, de la conectividad, de la carga y de la economía y el empleo”, se queja el presidente de la Asociación de Líneas Aéreas (ALA), Javier Gándara. “El transporte aéreo no es ajeno a esta subida de los precios en los combustibles, ya que incluso para aquellas aerolíneas que cubren con coberturas, éstas son limitadas en el tiempo y no son gratuitas”.

La patronal de las compañías aéreas no oculta su decepción y descontento por ser el único modo de transporte excluido de las medidas anticrisis contenidos en el macrodecreto de medidas respuesta a la guerra de Ucrania, pese a estar soportando las consecuencias del encarecimiento de los combustibles, temer ver ralentizada su recuperación por el impacto en el consumo de la inflación desbocada y por los problemas operativos que asumen para sortear el espacio aéreo ruso en sus vuelos.

ALA reclama al Gobierno “medidas de apoyo” al sector que contribuyan a paliar las cargas que soportan en plena escalada de precios energéticos. Unas medidas que, según la asociación de compañías aéreas, pueden ir más allá de las ayudas directas para el combustible, e incluir otros aspectos como la asunción por parte del Estado de la totalidad de los costes derivados de las medidas de seguridad sanitaria por el covid-19, que Aena cargas a las aerolíneas a través de las tarifas aeroportuarias.

El coste de los servicios de seguridad sanitaria en los aeropuertos de Aena prestados hasta septiembre de 2021 asciende a 150 millones de euros, según ALA. Un importe que se ha trasladado en su totalidad a las compañías aéreas vía tarifas aeroportuarias y que ha impedido que las aerolíneas se beneficiaran de una rebaja tarifaria del 11% y que se les aplique finalmente un recorte del 3,17% al incluir esos costes adicionales.

“Insistimos en que debe ser el Estado el que se haga cargo de la totalidad de estos costes, pues se trata de un servicio para garantizar la seguridad sanitaria de todos los ciudadanos en España y no la de los pasajeros”, protesta Gándara. ALA reclama que el Estado asuma esos costes y que no se los traslade a Aena y, a la postre, que el grupo aeroportuario se los cargue a las compañías aéreas.