Con una victoria parcial. Así es como sale el presidente Pedro Sánchez de un Consejo Europeo, celebrado este viernes en Bruselas, que era crucial para combatir la escalada de precios energéticos y en la que el Gobierno se la jugaba en un momento de tensión social creciente. Tras más de siete horas de duras negociaciones, ¿qué ha conseguido el presidente español de los socios europeos?
La "excepción ibérica"
España se había volcado durante las últimas semanas -en realidad, llevaba reclamándolo desde el pasado verano- en conseguir una acción coordinada en todos los países de la Unión Europea para intervenir el mercado eléctrico para evitar que la subida desorbitada del gas natura contagiara el recibo de la luz. Y eso no lo ha conseguido al encontrarse con el rechazo de varios países -singularmente Holanda y Alemania- a emprender a una reforma en todos los mercados eléctricos continentales.
Pero Sánchez sí ha arrancado de los socios de la UE el permiso para poner en marcha su plan B: que se reconozca la excepción ibérica. Una alternativa que consiste en que la Unión Europea autorice que España y Portugal, que cuentan con un mercado eléctrico que en la práctica opera de manera conjunta, adopte medidas especiales para bajar los precios de la luz. Se trata de permitir un “trato especial” a ambos países por ser una “isla energética”, que no se benefician de los efectos positivos de las interconexiones eléctricas que existen entre otros países de la UE (la conectividad con Francia es de menos del 3% de la energía, a pesar de que el objetivo era alcanzar el 10% en 2020 y el 15% en 2030).
Un tope al precio del gas
Los planes de Madrid y Lisboa pasan por establecer un límite máximo al precio del gas que se utiliza producir electricidad. Los mercados mayoristas eléctricos en Europea funcionan con sistemas marginalistas, que hacen que la última oferta de producción en casar con la demanda es la que fija el precio para todas las demás. La última oferta es en la mayoría de los casos la que realizan las centrales de gas, que ahora soportan unos precios disparados por la desorbitada cotización del gas natural y que empujan al alza el precio de toda la electricidad, también la de las renovables o las nucleares que no soportan esos costes extra por la subida del gas.
Por eso, la intención del Gobierno es aplicar un precio máximo sólo a las ofertas que pueden presentar en el mercado eléctrico las centrales de ciclo combinado (las que queman gas para producir electricidad). Con ello, el conjunto del mercado eléctrico dejaría de disparar su precio al conseguir desacoplarse del precio del gas, que ahora ha agudizado sus subidas por la invasión militar de Rusia sobre Ucrania.
Cuándo se aplicará la reforma
La fijación de un precio máximo al gas que se usa para generar electricidad tendrá sólo carácter temporal. Se trata de una medida excepcional con la que se pretende contener la subida actual del precio de la electricidad, para luego volver al sistema marginalista habitual (a la espera de que la UE se abra a un debate de cambiar el sistema de fijación de precios eléctricos de manera permanente, como ha venido reclamando España).
España y Portugal no podrán aplicar la reforma directamente. Ambos gobiernos presentarán a principios de la próxima semana una propuesta formal a la Comisión Europea, que debe dar su autorización y que se ha comprometido a responder de manera urgente. El objetivo, según ha subrayado Sánchez, es aplicar las medidas “de manera inmediata”. Pero inmediata no va a ser.
Sin ayudas públicas a las eléctricas
Si se pone un precio máximo a las ofertas que pueden presentar las centrales de gas para entrar en el mercado eléctrico, estas plantas no obtendrían la contraprestación suficiente para cubrir los costes de producción que soportan actualmente por los altísimos precios del gas que queman. Por eso, se establecerá un sistema de ajuste para reconocer ese sobrecoste que deberían recibir las eléctricas con centrales de gas.
Hasta ahora, se ha venido dando por hecho que se repartirán compensaciones directas a las compañías que explotan las centrales de gas. El presidente Sánchez ha subrayado este viernes, no obstante, que el sistema no implicará “dar subvenciones al gas” y que “no habrá ayudas públicas a las empresas del gas”.
Desde el sector se entiende que ese sobrecoste se asumirán como gastos del propio sistema eléctrico, lo que abriría la puerta a que se produzca un desajuste de costes e ingresos y que se vuelva al famoso déficit de tarifa. Un agujero que acabarían pagando todos los consumidores más adelante, pero que sería mucho más barato que seguir pagando toda la electricidad al precio que marcan las centrales de gas actualmente.
¿Cuál será el precio máximo que se fijará?
España y Portugal no han desvelado el precio máximo de referencia que se fijará para las centrales de gas. El precio del mercado eléctrico mayorista en la última década ha sido de una media de 50 euros por megavatio hora (MWh) y las compañías eléctricas llevan meses defendiendo que sus ofertas de contratos a largo plazo marcan precios de alrededor de 60 euros por MWh en otras tecnologías como la nuclear.
España y Portugal también habían estado barajando hace unas semanas establecer un tope máximo del precio para todo el mercado eléctrico (no sólo para las centrales de gas) y plan pasaba por recuperar el tope de 180 euros por MWh que mantenían ambos países en sus mercados eléctricos hasta el pasado julio (cuando lo retiraron forzados por Bruselas y establecieron una horquilla de entre un mínimo negativo de -500 euros y un máximo de 3.000 euros, como el resto de países de la UE).
