Tras los daños causados por la pandemia de covid al mercado laboral canario, la dinamización de la economía a través de la inversión pública aparece como uno de los grandes pilares sobre el que basar la recuperación. Sin embargo, el incremento del precio de las materias primas ha sacado de sus raíles al tren de las licitaciones y abundan las empresas que ya se plantean parar unas obras por las que pujaron en su día en base a costes que el mercado ha enviado al cajón del olvido en un corto periodo de tiempo. ¿Acudir a nuevos concursos? Ni pensarlo en el momento actual.
Las patronales del sector hacen recuento de daños en las Islas. En toda España crece el número de procesos de concurrencia a los que no se presenta ninguna empresa. «Se ha superado el millar», apunta el presidente de la Federación Provincial de Entidades de la Construcción de Santa Cruz de Tenerife (Fepeco), Óscar Izquierdo. Y esa deserción se traduce en puestos de trabajo que no se concretan.
Los cálculos de la patronal provincial sitúan el incremento de precios en el 78% para el caso del acero corrugado; del 102%, en el del cobre; el 56%, para el aluminio; el 106% subió el petróleo, y el 85%, las mezclas bituminosas. Un apunte importante, estos datos hacen referencia al transcurso del pasado año. «La invasión de Ucrania agravará la situación, pero no es el elemento diferencial, el origen del problema es muy anterior», advierte el presidente de Fepeco.
BBVA Research calcula que para el final del año próximo, la tasa de paro podría haber descendido en el Archipiélago hasta el 16,6%. Eso supone crear 121.000 puestos de trabajo en dicho periodo, al calor de la natural recuperación de la actividad turística y de la llegada de los fondos europeos para la recuperación. Dejando aparte las aún desconocidas consecuencias de la invasión de Ucrania, no incluidas en el estudio, no será posible sin una actualización de los precios en las licitaciones públicas que permita recobrar el interés del sector privado.
El mejor febrero
El mes pasado se cerró con 54.402 afiliados dados de alta en la rama de la construcción, «el mejor febrero de los últimos cinco años», recalca Izquierdo citando datos de la Seguridad Social. Además, en los últimos doce meses, los autónomos en este ámbito también se han incrementado, un 3,24% y son en este momento 14.235. La tendencia se quebrará si se generaliza el parón de la obra pública.
Al menos en un principio, lo que no contemplan las empresas es afrontar despidos. «No podemos hacerlo, porque tenemos serios problemas para encontrar mano de obra especializada», apunta la presidenta de la Asociación de Empresarios Constructores y Promotores de Las Palmas (AECP), Salud Gil.
¿Cuál es la solución entonces? En las reuniones que Gil ha mantenido con los asociados de la AECP durante las últimas semanas, se ha puesto sobre la mesa la posibilidad de plantear expedientes de regulación temporal de empleo (ERTE) de fuerza mayor. Es la salida que hallan ante una «voluntariosa respuesta que no se concreta en nada», como describe los movimientos realizados hasta el momento por la Administración la presidenta de la patronal provincial.
El primer día de este mes, el Gobierno de España aprobó un real decreto que abre la puerta a la revisión «de los contratos públicos de obras afectados por la subida de precios de los materiales». Pero la puerta no está abierta de par en par. Tener derecho a recalcular el precio de adjudicación pasa por soportar un encarecimiento del 5% en «material siderúrgico, cobre, aluminio y bituminosas. ¿Y qué pasa con el vidrio, el hormigón, el cemento o la madera...?», pregunta Salud Gil.
Las empresas asumen pérdidas o solicitan la extinción del contrato y pierden la fianza
Solo quienes superan esa barrera del 5% pueden incluir más materiales en el cálculo y entonces llegar al 20%. «En cualquier caso, está excluida la energía», enfatiza Gil, que calcula un 40% de encarecimiento de las materias primas en los últimos meses. En su opinión, la norma estatal está orientada a las obras viarias y soslaya que hay otras muchas actuaciones que también promueven las administraciones en las que las bituminosas, por ejemplo, no se utilizan.
El decreto impulsado por el Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana contempla la posibilidad de que las comunidades autónomas se adhieran. Dentro de ese marco normativo estatal, Canarias trabaja en un texto propio que pretende llevar al Consejo de Gobierno en las próximas semanas.
«Consideramos injusto que el sector de la construcción, uno de los motores de la productividad y la generación de empleo en las Islas, asuma los costes extraordinarios de los precios de los materiales debido a la crisis internacional», apunta el consejero de Obras Públicas, Transporte y Vivienda de Canarias, Sebastián Franquis.
A ello añade la mayor «afectación» que sufren las Islas porque también los fletes se han disparado. El propio consejero recuerda que en las obras que ejecuta su departamento existe una cláusula de revisión, «desde hace años», para hacer frente «a incidencias de este tipo». No ocurre así en las que promueven otras consejerías, cabildos y ayuntamientos. «Por eso estamos valorando las repercusiones que podría tener [la adopción de las medidas] antes de tomar una decisión», subraya Franquis.
Inflar las partidas
Desde la Federación Canaria de Municipios (Fecam), el presidente de la Comisión de Economía y Hacienda, Óscar Hernández, señala que los ayuntamientos están «inflando las partidas para tener margen». Es decir, se protegen ante la posibilidad cierta de que entre el momento de iniciar el expediente y el de licitar la obra se disparen los costes y no haya ninguna empresa dispuesta a pelear por el contrato.
«Claro, eso también genera problemas. De un lado, si el incremento no se produce, las ofertas se quedan muy por debajo del precio de licitación, con lo que hay que recabar informes para asegurar que no se trata de una baja temeraria». En una palabra, se produce un retraso, según relata el también el alcalde de Agüimes. El otro problema es que al tener que dedicar más dinero a unas actuaciones, «otras no pueden acometerse», completa Óscar Hernández.
Los municipios inflan las partidas para garantizarse que habrá quienes opten a los contratos
Todo ello para los contratos que están por venir. ¿Pero y qué ocurre con los que se están ejecutando? «Lo más habitual es que la empresa asuma las pérdidas», afirma el presidente de la Comisión de Economía y Hacienda de la Fecam. Salud Gil afirma conocer negocios en los que el impacto del problema ha superado el millón de euros.
Esa vía solo pueden tomarla las sociedades más capitalizadas, capaces de esperar la llegada de tiempos mejores, pero otras tienen que solicitar «la resolución del contrato», continúa el alcalde, con lo que, además, pierden la fianza que depositaron para poder participar en la concurrencia. Los empleos generados por esa obra –o parte de ellos– no corren mejor suerte.
El decreto en el que trabajan los Servicios Jurídicos de la Comunidad Autónoma explora dos vías. La primera, compensar al contratista por el sobreprecio que soporta, y ahí la Fecam pregunta de dónde saldrían el dinero. La otra contempla la posibilidad de cambiar los materiales sin que eso «implique una merma en la funcionalidad» de la obra, explica Sebastián Franquis.
