Al terminar febrero, la nómina de desempleados en Canarias la integraban 205.134 ciudadanos, 2.022 menos que en enero. A pesar de que durante el segundo mes del año se destruyeron 1.580 empleos en el sector comercial y otros 1.277 en el sanitario –se dejó notar el inicio de la contención de la sexta ola de covid– una mejora generalizada entre el resto de los nichos de actividad propició un crecimiento del número de afiliados. Lo de la sanidad es solo un esbozo en el camino para recuperar la normalidad prepandemia en el mercado laboral, pero aún cuenta con 11.213 efectivos más que antes de la pandemia, es decir, el sector público continúa siendo el principal pilar del empleo en las Islas.
Para entenderlo aún mejor. En la hostelería hay 10.687 puestos de trabajo menos que en febrero de 2020, lo que pone aún más claro que el retorno a un escenario en el que el sector privado sea protagonista no ha dado aún sino medio paso. De hecho, de las 1.658 altas más en el Archipiélago que reflejan los datos hechos públicos ayer por el Ministerio de Seguridad Social, 1.067 se sumaron en la educación, ámbito ligado de forma mayoritaria al sector público.
La Confederación Canaria de Empresarios concretó más el fenómeno al comparar el contexto actual con el que existía antes de decretarse el primer estado de alarma. Hoy hay «5.497 afiliados más que en febrero de 2020», pero el sector público suma en esta variable «17.748 nuevas altas» desde aquel momento. Sin embargo, otras ramas relevantes como la hostelería, el comercio y los transportes cuentan en su conjunto con «17.828 trabajadores menos».
Por su parte, el viceconsejero de Empleo del Gobierno de Canarias, Gustavo Santana, destacó la «histórica» cifra de trabajadores autónomos alcanzada en la comunidad autónoma, con 537 más en el último mes para llegar hasta los 134.614. Este grupo ha crecido en 5.680 integrantes (4,41%) durante el último año. Lo que la estadística no pone en duda es que las Islas son la comunidad autónoma en la que más avanzó la creación de empleo durante los últimos doce meses, un 7,19% frente al 4,48% del conjunto del Estado.
Segunda del Estado
Los números de paro registrado ofrecidos por el Ministerio de Trabajo sitúan a Canarias como la segunda región del Estado en la que más se redujo el paro registrado, con esos 2.022 parados menos; 1.368 en la provincia de Santa Cruz de Tenerife, que logra bajar de la barrera de los cien mil (98.909), y 654 en Las Palmas, donde aún aguardan una oportunidad laboral 106.225 ciudadanos.
Solo Madrid, con un volumen de población mucho mayor que el de las Islas, descontó más parados (-15.770). En el conjunto del país, el saldo también cerró en el buen camino, con 11.394 desempleados menos (-0,36%) que un mes antes y un total de 3,11 millones.
La tasa de contratos indefinidos se disparó hasta el 27% tras aprobarse la reforma laboral
Otro de los puntos que mereció la atención del Ejecutivo canario fue el crecimiento del volumen de contratos indefinidos tras la aprobación de la reforma laboral que acota los supuestos en los que pueden ofertarse los temporales. A la moderada celebración por ese avance de la contratación indefinida se sumó el secretario general de UGT-Canarias, Manuel Navarro: «Mejor dato aún que la caída del paro es que del total de los contratos (firmados en el Archipiélago), el 27% [4.362] sean indefinidos y haya una bajada considerable de temporalidad».
Más en detalle, Gustavo Santana explicó que hubo menos contratos de entre 1 y 30 días que en meses pasados e insistió en que los efectos de la reforma laboral se han advertido con «más intensidad» que en enero.
Se reducen los trabajadores afectados por los ERTE tras el repunte registrado en enero
Sin entrar en la duración de las relaciones laborales, CEOE-Tenerife advirtió de que el leve avance mensual –189 más– que supusieron los 55.148 contratos firmados en febrero se extendieron en su mayor parte en el sector público. Una cuestión que a la patronal de la provincia de Santa Cruz de Tenerife le «preocupa, dada la inestabilidad actual con incertidumbres en el corto y medio plazo por la situación geopolítica entre Rusia y Ucrania, cuyas consecuencias pueden generar desestabilización en el empleo».
En cuanto a los expedientes de regulación temporal de empleo (ERTE) por covid, prorrogados hasta el final del mes recién iniciado, en Canarias siguen afectando a 11.349 trabajadores, 1.043 menos (-8,41%) que en enero. Precisamente se vuelve a invertir la tónica del primer mes del año, cuando los ERTE se incrementaron (3,16%) ante el avance de la contagiosidad que propició la sexta ola de coronavirus, con el consiguiente impacto contra la temporada alta turística.
CEOE-Tenerife señaló las dificultades que aún atraviesan algunos sectores, «porque la mejora económica no está siendo lineal». En base a ello, la organización insistió en la necesidad de volver a prorrogar la vigencia de los ERTE más allá del 31 de marzo.
En cualquier caso, el viceconsejero canario de Empleo descartó que se produzca «una espiral de despidos» al alcanzar dicha fecha. No obstante, también el propio Gustavo Santana abogó por la «prudencia» a pesar del retorno a la senda de mejora del paro. Ha visto ya cómo en numerosas ocasiones la cuestión sanitaria tuerce el rumbo, factor al que ahora se suman otros de índole puramente económica.
Empleadas del hogar con paro
Las trabajadoras del hogar tendrán derecho a paro antes de que acabe este año, así lo anunció ayer el secretario de Estado de Empleo y Economía Social, Joaquín Pérez Rey, en la rueda de prensa en la que dio cuenta de los paro. Desde el Gobierno mueven ficha para dar cumplimiento a la reciente sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE), que considera que las personas adscritas al sistema especial para el servicio doméstico sufren un trato discriminatorio por carecer de acceso a prestaciones o subsidios por desempleo. «Nos obliga a reflexionar si es necesario o no adoptar una decisión con algo más de urgencia de lo que teníamos previsto inicialmente», declaró el numero dos de Yolanda Díaz.
En España 378.285 trabajadoras –la inmensa mayoría son mujeres– no tienen derecho a prestación o subsidio alguno por desempleo. Son las adscritas al sistema especial, que históricamente han estado privadas de este derecho y de la obligación de cotizar por el mismo por parte de sus empleadores. El Gobierno tenía previsto en su Plan Anual Normativo para este 2022 integrar a estas profesionales en el sistema de protección social y acabar con esta discriminación, pero ahora, tras la sentencia europea, debe darle un acelerón.
Se trata de un compromiso compartido entre el PSOE y Unidas Podemos, que ya formaba parte de los adquiridos por el Gobierno de Pedro Sánchez en su etapa en solitario, pero al que aún no se había dado cumplimiento. Sí hubo un breve y accidentado (dados los retrasos en los pagos) experimento al inicio de la pandemia, cuando el Ministerio de Trabajo habilitó un subsidio extraordinario para las empleadas del hogar que hubieran perdido de manera súbita su trabajo. | G.Ubieto
