La Ley de Ciencia está muy cerca de llegar ya al Consejo de Ministros para su remisión definitiva a las Cortes, pero en los días que quedan hasta que se dé ese paso se producirán ajustes clave para el destino de una norma que está muy ligada a la reforma laboral: esta última suprime la contratación por obra o servicio, muy utilizada en el ámbito de la investigación, y por su parte la ley todavía a estudio prevé una nueva fórmula de contratación indefinida pensada para dar más estabilidad a las carreras de los investigadores, de los técnicos y del personal de gestión. El reto, apuntan fuentes de la negociación, será cómo regular transitoriamente la tierra de nadie que queda entre la prohibición de hacer nuevos contratos por obra o servicio (a partir de abril) y la entrada en vigor de la Ley de Ciencia, que no se espera que sea aprobada por el parlamento hasta la vuelta de las vacaciones de verano.
Esa pieza es una de las partes fundamentales que faltan para cerrar una norma -ahora en fase de anteproyecto- que incluye otras disposiciones laborales de alcance notable, como la indemnización por despido de 12 días por año trabajado para los investigadores que firmen un contrato predoctoral o posdoctoral, una medida que la ministra de Ciencia, Diana Morant, se ha comprometido en los últimos días a extender a los que ya tuvieran un contrato de ese tipo antes de la entrada en vigor de la nueva norma.
Formalmente, el diálogo entre sindicatos y Gobierno sobre la Ley de Ciencia en el seno de la Mesa General de Negociación de las Administraciones Públicas ya se cerró el pasado jueves a instancias ministerio de Hacienda, que cree que materias como la carrera profesional o las retribuciones de los investigadores y del personal técnico y de gestión han de hacerse en los foros de diálogo de Función Pública, pero desde las centrales confirman que las vías de diálogo siguen abiertas con el departamento de Morant para cerrar los últimos flecos pendientes y perfilar bien el encaje de la futura norma con la reforma laboral.
Desde CCOO apuntan a que los contactos con Ciencia se han sucedido desde el pasado viernes para abordar asuntos como la aparente contradicción de prohibir la contratación por obra o servicio con la excepción -que incluye la propia reforma, en su disposición adicional quinta- que permite este tipo de fórmulas contractuales si se emplean en proyectos financiados con fondos europeos del Plan de Recuperación o "para la ejecución de programas de carácter temporal cuya financiación provenga de [otros] fondos de la Unión Europea". Muchos proyectos investigadores, recuerdan en el sindicato, se financian con aportaciones comunitarias, y quieren que se acote bien en qué condiciones se permiten esas contrataciones eventuales para que no se conviertan en en una nueva puerta de entrada a la precariedad.
Manifestaciones de investigadores
Por su parte, las principales asociaciones de investigadores del país y algunos sindicatos protagonizaban este lunes concentraciones en nueve ciudades para exigir mejoras en la Ley de Ciencia. En la protesta de Madrid, ante el Congreso de los Diputados, decenas de personas entonaron cánticos como "ciencia precaria, marca España" o "yo investigo, no mendigo" para exigir que se incluyan en el texto medidas como la elaboración de un Estatuto del Personal de la Investigación que regule sus derechos laborales, la mejora de las retribuciones mínimas de los predoctorales (que cobran entre un 56% y un 75% de lo que perciben sus compañeros que tienen su sueldo regulado por el convenio), la integración de todo el personal investigador en sus convenios colectivos de referencia o la reversión de las externalizaciones de los servicios básicos de las universidades y centros de investigación.
Los convocantes ven con buenos ojos las medidas laborales contempladas en la Ley de Ciencia, pero quieren ir más allá: "estamos muy agradecidos de que se haya contemplado [la extensión de las indemnizaciones a los investigadores actuales], pero queremos que haya un compromiso más fuerte", explica Vanesa Nozal, presidenta de la Federación de Jóvenes Investigadores (FJI); "por ejemplo, establecer un estatuto de personal investigador sería un compromiso muy sencillo de asumir -se podría establecer una negociación a un año vista- y se estaría contribuyendo a establecer derechos de cara a futuro". Manu Santana, de FPU Investiga, añade por su parte que además de las medidas antes citadas son urgentes "la creación de una Oficina Nacional de la Integridad Científica con poder sancionador para acabar con los casos de acoso y con las irregularidades; eliminar la tasa de reposición [que impide contratar a un investigador hasta que se retira otro] o la atención a la salud mental: según un estudio de 'Nature', un 39% de las personas que hacen la tesis tienen una depresión, frente al 6% de la población general". En cuanto a la promesa del ministerio de extender las indemnizaciones, Santana dice que "nos hemos alegrado mucho, pero queremos verlo plasmado en el BOE".
Además de Madrid, las concentraciones se desarrollaron en Badajoz, Barcelona, Castellón, Granada, Santiago de Compostela, Sevilla, Valencia y Zaragoza, y su manifiesto lo suscribían 22 organizaciones.
