El TSXG ha confirmado a primera hora de este jueves el registro en el Juzgado de lo Mercantil número 3 de Pontevedra, con sede en Vigo, de la solicitud de declaración de concurso voluntario de Hijos de J. Barreras S.A.U, tal y como avanzó FARO, diario perteneciente al mismo grupo editorial que este medio. Según informa el alto tribunal gallego, "en la documentación presentada se solicita que, con carácter previo a la fase de liquidación, se proceda a la venta de la unidad productiva".

Ahora se procederá a examinar la documentación y decidir sobre la admisión a trámite del concurso, si se cumplen los requisitos para su declaración.

Como ya publicó FARO, Barreras ha pedido el concurso con una propuesta paralela de venta de sus instalaciones, a través de la modalidad prepack, que pasarán a manos de Astilleros Gondán o Astilleros Armón. La comunicación, además de al juzgado, tuvo que ser remitida a la Autoridad Portuaria de Vigo, titular de la concesión, que también deberá autorizar la operación.

Aunque no han trascendido los detalles de ninguna de las propuestas formuladas, Gondán y Armón no incluyen la subrogación de los casi 120 trabajadores de Barreras. A excepción de los veinte que partieron esta semana rumbo a Astander para continuar en los trabajos de construcción del Evrima, los demás están al abrigo de un ERTE que expira en julio, negociado también por Kroll y que incluía, en su documentación justificativa, trabajos como el desguace de los cascos de Havila (que no se pueden tocar, la naviera noruega reivindica su propiedad). Lo que es seguro es que, en paralelo a la petición de concurso y propuesta de venta de la unidad productiva, Ritz formulará un expediente de regulación de empleo (ERE) parcial, porque no todos los empleados serán recolocados. La de Armón es la mejor oferta económica; la de Gondán, la que más gente se compromete a subrogar.

El concurso de acreedores de Barreras, el mayor astillero privado de España, afecta a un total de 400 empresas auxiliares. Trece de estas firmas, que concentran la mitad de la deuda de 62 millones de euros de la atarazana olívica, han constituido una plataforma de afectados para facilitar la negociación con el astillero, los sindicatos y las administraciones.