Las empresas inmobiliarias aseguran que el atasco en el Instituto Canario de Vivienda está frustrando algunas de sus ventas. La Asociación Canaria de Empresas de Gestión Inmobiliaria (Acegi) se refiere de modo concreto a los inmuebles que dejan de ser de protección oficial (VPO). La tramitación para incluirlos en el mercado libre se prolonga en demasía y las operaciones no se concretan.
«Antes se tramitaba en unos diez días, ahora puede llega a demorarse hasta seis meses», señaló la propia organización empresarial en un comunicado emitido ayer. Fuentes de la Dirección General de Vivienda del Gobierno de Canarias reconocieron un «plazo medio de cuatro meses». Algunos «casos puntuales», señalaron en el mismo departamento, «se complican algo más», si bien no es esa la norma, sino la «excepción».
«No sé si se trata de que tienen mucho trabajo o poco personal», lamentó el secretario general de Acegi, Aythami Rivero. Desde el año 1991 y hasta el final de 2020, el Archipiélago ha contado con 31.520 viviendas protegidas derivadas de diferentes planes estatales y autonómicos, según la estadística ofrecida por el Ministerio de Transporte, Movilidad y Agenda Urbana.
Estas iniciativas de las administraciones autonómica y central tienen como objetivo facilitar un techo a la población cuyos ingresos se sitúan por debajo de un umbral. También para fomentar la emancipación de los jóvenes. Para conseguirlo se establecen ayudas directas, financiación por debajo del precio de mercado mediante acuerdos con los bancos o ventajas fiscales.
Recibir esas ayudas conlleva el cumplimiento de unas condiciones como, por ejemplo, no vender la casa en un determinado tiempo. La condición de VPO también está sujeta a un plazo de no menos de 30 años. Cumplido este puede venderse en el mercado libre. El atasco se produce justo cuando se quiere hacer ese cambio de condición del activo, que se conoce como descalificación.
El atasco se produce cuando se aborda el proceso conocido como descalificación
«Hay registradores [de la Propiedad] que lo hacen de oficio si se ha cumplido el plazo, pero otros te derivan al Instituto Canario de la Vivienda, y aquí empieza el problema», sostuvo ayer Rivero, para quien no resulta posible hallar una razón para entender que un trámite que puede «resolverse en una hora» se traduzca en «seis meses de espera por el certificado».
El propio secretario general de Acegi relató el caso que le tocó «sufrir» al hacerse cargo de la venta de una vivienda tras fallecer su propietario. Se trataba de una VPO que tenía más de 60 años pero que nunca se había descalificado. Lo más complicado del caso parecía poner de acuerdo a «25 herederos», pero cuando al registrador le dijo que él no iba a actuar de oficio se temió que la operación nunca llegaría a buen puerto.
El principal porqué fue el hartazgo del comprador, que ante el retraso de la tramitación optó por concretar su inversión en otro activo inmobiliario en el que lo tenía más sencillo. Tampoco habría sido posible cerrar la operación en el caso de haberse mantenido firme en su decisión y «esperar los seis meses» que Aythami Rivero aseguró que tardaron en Vivienda. «Uno de los herederos falleció en ese tiempo», explicó el secretario general de Acegi, con lo que fue necesario pulsar el botón de reinicio para todo el proceso.
El problema se prolonga en el tiempo, si bien "la pandemia es la disculpa" en los últimos meses
En los últimos meses, «la pandemia es la disculpa», afirmó el propio Rivero. Sin embargo, el problema, según sus palabras, lo lleva «soportando mucho tiempo» el sector. Eso que los profesionales cuentan con certificado y firma electrónica, lo que les permite abordar la burocracia de manera no presencial. «Imagínese alguien que tiene que pedir cita para ir allí, se la pueden dar para el final de este año que acaba de empezar», advierte el secretario general de Acegi.
Desde el sector advierten de que el principal problema no es ya tan solo los problemas para el normal desarrollo de su trabajo, sino la «ralentización del mercado inmobiliario». En el otro extremo aluden a los «problemas e inconvenientes para los compradores».
