La apertura de una grieta entre los sindicatos con presencia mayoritaria ha seguido a la finalización, el martes, del periodo de negociación mantenido entre la empresa JSP y la plantilla.
UGT quería rubricar el último documento que estaba sobre la mesa y que incluía, entre otras cuestiones, una indemnización de 25 días por año trabajado hasta un máximo de 16 mensualidades para los 276 despedidos en el expediente de regulación de empleo (ERE) que contempla el plan de viabilidad de JSP. No estriban ahí las diferencias entre las organizaciones sindicales mayoritarias presentes en la negociación . Tampoco CCOO rechazaba ese acuerdo, pero exigía garantías de cobro de las mejoras que la empresa decidió admitir.
Los despidos son cuantiosos, pero también son 41 menos que los 317 planteados en un primer momento. Ambos sindicatos entendían que a poco más podían aspirar teniendo en cuenta, además, que quienes causaran baja sin llegar a un acuerdo recibirían el mínimo que marca la ley, 20 días por año trabajado y doce mensualidades como máximo.
En la mesa de negociación estaban presentes siete representantes de CCOO, cinco de la planta de Güímar y dos de los centros de Gran Canaria (Miller Bajo y El Tablero). UGT contaba con cinco representantes, dos de Celgán, dos de Madrid y uno más de Gran Canaria. Los segundos eran, por tanto, minoría y dependían del consenso en el resultado final.
Demandas de las asambleas
El tercero y último de los encuentros de la mesa de negociación consumió toda la mañana del martes y parte de la tarde. Mientras los representantes de CCOO insistían en que las asambleas de trabajadores celebradas durante las últimas semanas en los centros de trabajo habían solicitado garantías de cobro de las mejoras que no cubre el Fondo de Garantía Salarial (Fogasa), los de UGT aseguraban que el documento que estaba encima de la mesa cubría el mandato del conjunto de las plantillas. Según los últimos, la exigencia de garantías no representaba la corriente de opinión mayoritaria entre la plantilla.
Además, los representantes ugetistas señalaron después en su comunicado que el abono de esas cantidades «se ha garantizado de la única forma legal posible existente, tal es la garantía de los créditos de los salarios e indemnizaciones contra la masa de acreedores, demostrando la empresa la existencia de recursos propios» para cubrir la suma total.
Insuficiente, según CCOO, que también decidió emitir su opinión por escrito tras el encuentro que los representantes de esta organización presentes en la mesa de negociación mantuvieron con el departamento jurídico del sindicato.
La propuesta de estos últimos fue prorrogar el diálogo hasta el martes de la semana próxima «al objeto de cerrar el tema de garantías, que fue, mayoritariamente, lo que los trabajadores solicitaron en las asambleas». A pesar de la negativa de la empresa a esa ampliación del plazo para hallar un entendimiento, que la representación de CCOO calificó como «insólita», desde este sindicato mantienen viva la esperanza de que durante los próximos días lleguen «el consenso y el acuerdo, vitales para todas las partes».
Los ugetistas, en cambio, aseguraron que la plantilla «ha sufrido la gran inocentada de su vida», en alusión a la fecha de celebración de la última reunión. «En breve», tomando como cierta «la amenaza de la empresa», JSP entrará en «liquidación».
Eso tendrá que determinarlo el Juzgado de lo Mercantil número dos de Las Palmas de Gran Canaria, que es donde se sigue el concurso de acreedores voluntario presentado por la compañía el pasado mes de julio. El administrador concursal, Praxis de Reestructuraciones y Concursal, depositará allí el plan de viabilidad mediante el que se intentará garantizar el futuro de la compañía, que pasa por la entrada de un inversor.
No obstante, los representantes de UGT también hicieron un hueco a la esperanza de que la empresa tenga «un plan B y se pueda retomar la situación antes de que sea demasiado tarde». Además, acusaron, sin identificarla, a «cierta representación sindical» de CCOO de dedicar parte del encuentro a asegurarse de que no estarían afectados por el ERE; cuestión esta que ninguna asamblea había promovido.
Siempre según el comunicado de UGT, la empresa accedió a este extremo y, a pesar de ello, CCOO mantuvo su negativa por no existir esas garantías de cobro de las indemnizaciones. No bastó entonces con librar a nadie del ERE. Con la quiebra sindical instalada en la mesa, los ugetistas intentaron sin éxito que JSP aceptara «la adhesión voluntaria al acuerdo por parte de cada representación sindical o parte de la misma de cada centro de trabajo, incluso adhesiones individualizadas».
«La representación legal de la empresa, única presente en la mesa en ese momento, se negó a ello, solo tenía prisa», afirma el comunicado de UGT, en referencia al acta en la que se reflejó el rechazo a la última propuesta por parte de los trabajadores.
