Casi 17.000 nuevos contagios en Madrid, cerca de 11.000 en Andalucía, al borde de los 5.000 en Canarias, 2.000 en Castilla y León, otros 2.000 en Baleares, unos 1.300 más en Aragón, alrededor de 1.000 más en Galicia. Todas estas cifras han constituido este miércoles récord pandémicoÓmicron es imparable.

Si se suman genéricamente esos números, que conciernen a siete comunidades autónomas, el resultado son más de 39.000 personas obligadas a estar aisladas en sus domicilios durante diez días. Pero si nos detenemos en los datos globales facilitados por el Ministerio de Sanidad, la cifra asciende a unas escalofriantes 100.706 personas. Personas que, si tienen trabajo, no podrán acudir a sus puestos porque deben guardar aislamiento en sus domicilios. Sumen los 100.000 casos del miércoles, los previsibles 100.000 de este mismo jueves y los más de 100.000 del viernes, según la tendencia de ómicron. En tres días, más de 300.000 personas que no asistirán a sus empleos durante la semana que viene.

La curva de crecimiento de la Covid en España es ya una pared y no se divisa su techo. Fuentes gubernamentales reconocen que aguardan semanas duras, no por la gravedad de los casos, sino por la cantidad.

Con un panorama así, las secuelas en el tejido económico y en el ámbito laboral son evidentes y los expertos han alertado de ello a varios presidentes autonómicos y al mismo presidente del Gobierno, han informado a El Periódico de España fuentes autonómicas y del Ejecutivo. Pedro Sánchez, en una rueda de prensa convocada para decir que España está bien dirigida en este "momento crucial", eludió anticipar la propuesta que la Comisión de Salud Pública oficializaría horas más tarde: reducir los periodos de aislamiento o de cuarentena tras el contagio, que de diez días pasarán a siete.

Sí destacó que las decisiones que adopte su Ejecutivo se apoyarán en tres pilares: la protección de la salud de los ciudadanos, la preservación de la salud mental y el crecimiento económico.

Al tener estos tres factores en el tablero, Sánchez puede observar que la incidencia de la variante ómicron en España es brutal; la fatiga social, cada vez más acentuada y exacerbada, como ha puesto de manifiesto el último estudio del Centro de Investigaciones Sociológicas; y la incertidumbre económica, creciente. En la rueda de prensa celebrada en el palacio de la Moncloa, ha reconocido que las previsiones económicas que se irán publicando durante los próximos días mostrarán "estimaciones al alza y a la baja" debido "a la extraordinaria incertidumbre de la economía global".

Acto seguido, el presidente ha enumerado algunas medidas activadas por su Gobierno para esquivar los peores augurios, que a su juicio se han revelado exitosas. Ha hablado de los ERTE, de los créditos del ICO y de otras "políticas de renta". Sin embargo, fuentes socialistas admiten que la incidencia de ómicron obliga a cambios estratégicos. Hace una semana, volvió la obligatoriedad de las mascarillas en exteriores; ahora es el tiempo de las cuarentenas. La primera buscó dar certezas sanitarias; la segunda persigue otro objetivo.

Las administraciones central y autonómicas, por medio de la Comisión de Salud Pública y del Consejo Interterritorial de Salud, han acordado la reducción del plazo de aislamiento porque si tanta gente no va a trabajar, peligran servicios esenciales y sectores productivos, y las dudas sobre el futuro serán más imponentes.

Temor al absentismo

Una fuente de una presidencia autonómica señala a este medio que los expertos con los que se consulta la gestión de la pandemia han advertido de las consecuencias laborales que puede generar que haya tanta gente contagiada. Como se trata de buscar un equilibrio entre la salud pública y el vigor económico, esos mismos expertos, aunque con datos provisionales, han comprobado que la variante ómicron del coronavirus hace mella en el organismo durante menos tiempo, unos tres días, y por tanto, mengua su potencia de contagio. Además, el porcentaje de asintomáticos que se computan como casos positivos es elevado, lo que retrata a un variante del coronavirus no tan agresiva. En consecuencia: las llamadas cuarentenas domiciliarias pueden durar una semana.

Es una medida por la que abogaron los gobiernos de Madrid y de Andalucía, sabedores de que las llagas que el ómicron pude causar en la economía son para tenerlas en cuenta. A las dos comunidades, antes de la reunión de la Comisión de Salud Pública, se unió Galicia. Su presidente, Alberto Núñez Feijóo, se ha referido a lo que entonces era una opción más que plausible, a tenor de los acontecimientos: "Nos parece adecuado plantear este asunto y con criterios científicos y epidemiológicos tomar esa decisión. Si podemos estar siete días en cuarentena no debemos estar diez".

El dirigente gallego ha remarcado el componente económico de la medida, y ha puesto números a modo de ejemplo para ilustrar la envergadura de lo que estaba defendiendo: si los 100.000 contagiados el martes deben estar sin trabajar diez días, las administraciones deben revisar el cauce por el que están intentando llevar la pandemia.

Una fuente del entorno de un homólogo de Feijóo se ha expresado así, a consultas de El Periódico de España: "Hay temor a un alto absentismo en sectores básicos".

Casi 90 maquinistas de baja en Madrid, Barcelona y Valencia

Los sindicatos no ocultan su preocupación por la posibilidad de que los contagios sigan aumentando, y aseguran que, de momento, no se están adoptando medidas específicas para proteger a los trabajadores o limitar los aforos de los usuarios, salvo en algunos servicios muy concretos.

Según CCOO, ni en los bomberos, ni en las policías locales y autonómicas, ni en el sector aéreo ni en la Educación ni en la Administración General del Estado hay por el momento indicio de que se estén preparando iniciativas en este sentido. Sí se han adoptado algunas en el sector ferroviario, con presencialidad reducida y el aumento del teletrabajo en los puestos en los que es posible. Los últimos datos de Renfe, añaden en el sindicato, apuntan a 43 maquinistas de baja por Covid o por contacto estrecho en Madrid, 30 en Barcelona y una decena en Valencia.

Todo, mientras en algunos sectores sensibles se está detectando un aumento notable de casos de coronavirus: “Hace dos semanas, la Comisión de prevención de riesgos laborales de la Jefatura Superior de Policía de Madrid presentaba cifras que mostraban que el índice de contagios entre los agentes de la Policía Nacional en la comunidad triplica el de la sociedad civil”, explica Víctor Duque, secretario general de la Unión Federal de Policía. “Hay muchas bajas, pero de momento, como son fechas en las que no hay grandes necesidades de despliegue, se puede ir funcionando si en un distrito -por ejemplo- en vez de cuatro coches salen dos”, añade.

La responsable de Educación de UGT, Maribel Loranca, lamenta por su parte que se hayan perdido oportunidades para ir adoptando medidas con tiempo de cara a la vuelta al colegio tras las vacaciones, a partir del 10 de enero: “la Conferencia de Presidentes del día 22 podía haber abordado la situación de los centros educativos, teniendo en cuenta que la población en edad escolar es la que está teniendo una tasa de incidencia más alta”, asegura.

El agotamiento y el miedo

El pasado 3 de diciembre, cuando la incidencia de ómicron era tímida en comparación con lo que es ahora, la Ponencia de Alertas, un organismo técnico que asesora al Ministerio de Sanidad y a las consejerías autonómicas del ramo, mencionó "la fatiga pandémica" como uno de los aspectos esenciales que tener en cuenta antes de tomar de decisiones sobre posibles restricciones, sobre todo en fechas previas a las celebraciones familiares. Esa alusión desapareció del documento que la misma Ponencia ultimó diez días más tarde.

Asimismo, tanto Sánchez como los presidentes autonómicos, cuando se reunieron en el Senado hace una semana, reconocieron que el cansancio de la población, su hartazgo ante la compañía constante del coronavirus, influía en su gestión, y así lo admitieron algunos en público. En el equilibrio entre la protección de la salud, la salud mental de los ciudadanos y el crecimiento económico, justo esos tres elementos que enumeró Sánchez en la rueda de prensa del miércoles, el segundo empieza a desempeñar un papel más relevante.

El Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS) ha publicado este miércoles un estudio titulado "Efectos y consecuencias del coronavirus" en el que esa percepción de los mandatarios, eso que nota cualquiera en las conversaciones con sus allegados y amigos, está representada en porcentajes.

Según los datos recogidos por Efe de dicha muestra, que se nutre de más de 2.400 entrevistas, el 55% de los ciudadanos considera que su vida está "poco afectada o casi nada" por la pandemia y el 40,2% que asegura que la situación creada por la covid-19 le ha impactado "mucho o bastante". Asimismo, un 71,5 % reconoce que ha sentido inquietud al tener que limitar los contactos, un 50,4% temor por perder el trabajo, un 41,1% miedo de no poder hacer frente a sus gastos habituales y un 58%, de no recuperar la vida anterior a la Covid.