La mesa de negociación para el expediente de regulación de empleo (ERE) que se incluye en el plan de viabilidad de la empresa JSP agotó este martes sin acuerdo el periodo de negociación. Los 317 despidos previstos inicialmente se redujeron a 276, con lo que solo 150 trabajadores mantendrían sus puestos de trabajo.
En cuanto a las indemnizaciones por despido, la empresa llegó a 25 días por año trabajado y un máximo de 16 mensualidades, rebajando los 28 y 18, respectivamente, que solicitaban los sindicalistas. El gran escollo surgió al exigir los representantes de los trabajadores garantías de cobro, extremo al que se opuso la empresa al entender que, por ley, la plantilla ya está en la primer fila de los acreedores. Sí se admitió, en cambio, la constitución de una bolsa de empleo de tres años de vigencia para cubrir futuras vacantes.
Terminada la negociación, tras la celebración de tres reuniones entre las partes a lo largo de este mes, el administrador concursal elevará ahora el plan de viabilidad al titular del Juzgado de lo Mercantil número dos de Las Palmas de Gran Canaria. Con el documento en la mano, este será quien en última instancia decida si procede llevar a cabo ese proyecto o, por el contrario, lo estima inviable e insta la liquidación de la empresa. El último encuentro resultó maratoniano y se prolongó por espacio de más de seis horas. Tras constatar la imposibilidad de hallar puntos de encuentro, empresa y representantes de los trabajadores se retiraron a sus cuarteles respectivos. Hasta entrada la noche, los servicios jurídicos de los sindicatos analizaban la situación y no descartaban que aún se produjera un cruce de llamadas.
«No hemos firmado porque no nos garantizan que vayamos a cobrar las cantidades que superan lo que nos correspondería en el Fogasa» (Fondo de Garantía Salarial), explicó el presidente del comité de empresa de uno de los centros de trabajo de Tenerife, Ángel Yanes. En su opinión, en estas condiciones resulta imposible vincular a toda la plantilla a un acuerdo que no saben si se cumplirá.
Los días 3, 20 y 28 se han mantenido sendos encuentros para acercar posturas. En el entretanto, la consejera de Empleo, Economía y Conocimiento del Gobierno de Canarias, Elena Máñez, advirtió de que su departamento sigue de cerca el proceso. En julio, el Ejecutivo regional promovió y auspició un acuerdo por el que la empresa se comprometía a velar por el mantenimiento de los puestos de trabajo y la integridad del grupo para evitar su venta troceada. Hasta el presidente autonómico, Ángel Víctor Torres, ocupó un espacio en la foto de ese acto.
Si el juez da el visto bueno al ERE, tocará mover ficha a la autoridad laboral, la Dirección General de Trabajo, que se integra en el organigrama del departamento que comanda Máñez. Lo que tendrá que valorar es el precio de conservar 150 empleos (276 despidos) y el coste de perderlos todos. Además, tendrá que auditar las condiciones que oferta la empresa para concluir si están o no dentro de la dignidad por la que hasta Torres hizo un hueco en su agenda.
Para la plantilla, la confianza está quebrada desde hace tiempo. El Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) conminó a la empresa a abonar los más de 1,2 millones de euros que adeuda a los empleados por el descuelgue unilateral del convenio que llevó a cabo en 2019. La pasada semana, la máxima autoridad judicial de las Islas volvió a actuar, en esta ocasión para tumbar el ERTE que afectó a la práctica totalidad de la plantilla la pasada primavera.
Esbozo del proceso
Los problemas financieros llevaron a JSP a presentar preconcurso de acreedores en marzo. El fondo de capital riesgo Hiperion es el único aspirante a reflotar la industria canaria, pero vincula el desembarco al adelgazamiento de la plantilla y el abandono de las líneas de negocio que considera deficitarias, como el café y la planta de Getafe (Madrid). Otro de los grandes escollos es la deuda superior a los 35 millones de euros que la empresa mantiene con los bancos, entre los que Santander ha sido el que mayor oposición ha presentado a la negociación de una quita. Presentar concurso voluntario de acreedores ha permitido a la propiedad mantener el control del proceso en todo momento, si bien bajo la mirada de Praxis de Reestructuraciones y Concursal, sociedad que fue nombrada administradora concursal en verano.
