El PP seguirá de cerca la tramitación parlamentaria de la reforma laboral en el Congreso. El acuerdo entre Gobierno y agentes sociales (incluida la CEOE a pesar de la división interna) no tranquiliza “en absoluto” al partido de Pablo Casado, convencido de que la nueva legislación en materia laboral atenta contra la flexibilidad exigida por Europa. La reforma será aprobada por real decreto ley en el Consejo de Ministros del 28 de diciembre, y después deberá convalidarse en el Congreso. Los socios del Gobierno siguen mostrando su enfado por lo que consideran un incumplimiento de los acuerdos alcanzados y también los sindicatos avanzan que estarán “vigilantes” para que, en caso de haber cambios, si se acaba tramitando como proyecto de ley, supongan “mejoras” para los trabajadores.

En ese caso el PP, la desconfianza va en aumento, como confirman fuentes de la cúpula a este diario. “Si se tramita vamos a ver qué introducen los grupos a través de las enmiendas. No nos fiamos nada, pero es que además los socios del Gobierno lo han dicho muy claro”. 

Máxime después de las declaraciones de Arnaldo Otegi ayer mismo. El líder de EH Bildu dejó claro que “si no se recuperan los derechos básicos arrebatados por la anterior reforma”, su partido no apoyará la reforma. “Cuando la izquierda no cumple, pierde credibilidad. Y lo que hay es un acuerdo para la derogación íntegra. Observamos con preocupación el resultado”, zanjó el dirigente de la izquierda abertzale. Un día antes la portavoz en el Congreso, Mertxe Aizpurua, ya lanzaba una advertencia similar a Sánchez: “Parece que no se va a derogar y Bildu tiene un acuerdo firmado”.

El PP es especialmente crítico con algunos aspectos del acuerdo porque considera que se estrangula la flexibilidad. “Aquí lo que hace falta es que se generen puestos de trabajo”, insisten. “Y no acordar por acordar”, zanjan. La formación de Casado tampoco esconde su preocupación ante la división interna de la CEOE, sobre todo que la patronal de fabricantes de vehículos (ANFAC) y la agraria (ASAJA) se hayan quedado fuera. “Tienen mucho peso y es significativo su rechazo”. Tampoco forman parte del pacto las patronales catalana y madrileña.

Con todo, el PP centra su oposición en el Gobierno y sus socios, alejándose de las críticas que hace unos meses sí vertieron contra la CEOE. “La vicepresidenta segunda se está haciendo experta en lanzar propuestas de máximos para luego rebajar y contar el relato a los suyos”, reflexionan en Génova. De ahí que el PP vea que Antonio Garamendi haya aceptado un resultado que hace meses prometía ser “muchísimo peor”, aunque éste “también sea malo”.

Los populares insisten en que la Comisión Europea estará vigilante con las reformas a cambio de los fondos de recuperación y siguen insistiendo en que hay aspectos (no solo la flexibilidad, sino también la ultraactividad “que es del siglo pasado”) que “nos alejan por completo de cómo se mueve el mundo y el mercado laboral en el resto de países competitivos”.

Aunque el primer partido de la oposición sigue siendo crítico con la insistencia de “grandes pactos” entre el Gobierno y agentes sociales que ven “vacíos de contenido” en muchas ocasiones, los populares recondujeron hace unos meses su relación con la patronal después de atravesar la peor crisis que han vivido nunca ambas organizaciones. Fue a raíz de los indultos a los líderes independentistas, unas palabras de Garamendi y el apoyo explícito del empresariado catalán a la posición del Gobierno con la medida de gracia.

A pesar de los matices que enseguida introdujo el líder de la patronal, aquel encontronazo terminó sirviendo para destapar las fricciones que llevaban tiempo sucediéndose. También por los distintos pactos alcanzados con el Ejecutivo de coalición durante la pandemia. Casado dedicó durísimas intervenciones a los empresarios durante varias semanas y las relaciones permanecieron congeladas hasta que tiempo después volvieron a una cierta normalidad, tras coincidir en varios actos. En enlace siempre ha sido Fátima Báñez, exministra de Trabajo y hoy en la CEOE.