España ha comenzado a recibir los 69.528 millones en ayudas a fondo perdido que le ha asignado la Unión Europea hasta 2023 para modernizar su economía y salir de la crisis del coronavirus, como al resto de socios comunitarios. Pero al contrario que la inmensa mayoría de estos, el país también deberá pagar 27.721,46 millones a la UE a partir del año que viene y hasta 2027, el equivalente al 39,9% de las subvenciones que recibirá. Así, dentro de 12 meses, el 11 de diciembre de 2022, el Tesoro tendrá que hacer frente al primer pago obligatorio del rescate que recibió en la anterior crisis para reestructurar el sector financiero, justo una década después de haberlo percibido.
España estuvo al borde del abismo aquel 2012. Entre rumores de una posible ruptura del euro y crecientes dudas internacionales sobre la situación real de la banca española tras el estallido de la burbuja inmobiliaria, el Tesoro no llegó a perder su capacidad para financiar en el mercado un déficit público disparado al 10% del PIB, pero los inversores le exigían cada vez unos intereses más altos por prestarle dinero. Incluso aunque hubiera podido seguir emitiendo deuda, este encarecimiento habría llevado a las finanzas públicas a ser insostenibles, con la consiguiente suspensión de pagos por parte del Estado, por lo que el Gobierno de Mariano Rajoy se vio obligado a pedir ayuda al resto de los países de la UE en junio de 2012.
Origen de la Sareb
Tras unas duras negociaciones y a cambio de una exigente lista de reformas, los socios comunitarios aprobaron una línea de financiación de hasta 100.000 millones en condiciones más favorables de las que España podía obtener en el mercado. Finalmente solo se utilizaron 41.333 millones, que se destinaron a rescatar a BFA-Bankia, Catalunya Caixa, Nova Caixa Galicia, Banco de Valencia, BMN, Ceiss, Caja 3 y Liberbank (hoy ya integradas en otras entidades), así como a la creación de la Sareb, que recibió los activos inmobiliarios tóxicos de dichas cajas.
La cifra pendiente por devolver es más baja que la recibida porque España repagó al Mecanismo Europeo de Estabilidad (MEDE) 17.612 millones, el 42,6% de lo percibido, de forma voluntaria y anticipada en nueve abonos entre julio de 2014 y octubre de 2018. Se trataba de dar una imagen de fortaleza y pronta recuperación: fue el primer país de los cinco rescatados (también lo fueron Irlanda, Portugal, Grecia y Chipre) en comenzar a devolver su deuda y es, de lejos, el que ha abonado un porcentaje más alto hasta la fecha.
Plan asumible
Las cantidades aún pendientes parecen muy manejables para España, salvo un empeoramiento radical de las condiciones de financiación que hoy resulta poco probable dados los planes de política monetaria del Banco Central Europeo (BCE) pese al aumento de la inflación. Por un lado, los pagos están escalados en los seis próximos años (3.600 millones en 2022, 2023, 2026 y 2027, y 4.600 millones en 2024 y 2025). Por otro, son relativamente pequeños: los 3.600 millones del año que viene apenas suponen el 2,2% de los 162.846 millones que el Tesoro prevé emitir en 2022 para amortizar deudas anteriores.
En tercer lugar, el Estado se está financiando a unos intereses históricamente bajos gracias a las compras de bonos del BCE. El coste medio de la deuda en circulación está en el 1,63%, frente al 4% de 2012, y el coste de las nuevas emisiones se ha situado este año en un -0,02% de media. Incluso aunque los tipos empiecen a subir por la inminente reducción de las compras del banco central, la deuda que está venciendo tiene unos tipos tan altos que sustituirla seguirá siendo mucho más barato.
El rescate europeo, en todo caso, ha sido financieramente favorable para España. Según el MEDE, el Estado le abonó 1.053,37 millones en comisiones y 1.634,15 millones en intereses entre 2013 y 2020 (el tipo ha fluctuado del 0,5% inicial al 1,1% en 2017 y al 0,8% el pasado septiembre). Pero, destaca el fondo, España se ahorró en torno a 1,2 puntos de PIB en intereses hasta 2019 (unos 12.000 millones de euros) respecto a lo que le habría costado conseguir el dinero en el mercado en diciembre de 2012. Además, añade, la reestructuración bancaria que permitió es una de las causas fundamentales de la recuperación económica del país a partir de 2014.
En el otro lado de la balanza, pero no achacable al rescate en sí, está que la inmensa mayoría del dinero inyectado se ha perdido. Así, de los 24.096 millones aportados a Bankia, se consideraban recuperables 5.974 millones al cierre de 2020, que bajarán este año previsiblemente en otros más de 1.000 millones tras su absorción por Caixabank; los 2.192 millones inyectados a la Sareb se han dado ya contablemente por perdidos, y de los 32.610 millones con que se rescataron al resto de entidades, se perdieron 28.133 millones, el 86,2%.
De no haberse volatilizado, ese dinero habría hecho más cómoda la factura con el MEDE de los próximos años y habría facilitado el saneamiento de las finanzas públicas tras el récord de deuda provocado por la pandemia.
