La Diputación de Zamora sigue dándole vueltas a la fórmula idónea para paliar la exclusión financiera en su territorio. En una provincia donde casi el 28% de la ciudadanía carece de un lugar fijo para acceder a dinero en efectivo sin desplazarse, la precisión en el tiro se antoja clave para corregir una situación que acentúa los problemas de desarrollo de las comarcas. En ese contexto, y tras valorar distintas opciones, todo apunta a que la institución apostará por la alternativa de los cajeros automáticos en los edificios municipales, una idea que ya había deslizado el equipo de Gobierno a finales de agosto.
El vicepresidente segundo de la Diputación, Jesús María Prada, confirmó que los responsables provinciales han mantenido varias reuniones en las últimas semanas para impulsar esa vía, y aseveró que la idea es elaborar un plan piloto en 2022 para medir la utilidad y la aceptación de los cajeros automáticos en lugares como los bajos de los ayuntamientos, los consultorios médicos o las bibliotecas.
Prada aclaró que la decisión sobre la comarca donde se realizará este ensayo aún no está tomada, aunque sí subrayó que será una zona con graves problemas de acceso a dinero en efectivo, lo que permitirá medir con mayor eficacia el impacto de ese nuevo recurso.
Para ejecutar este proyecto, la institución pretende aprovechar la iniciativa de Correos para llevar cajeros automáticos a las zonas despobladas “por un precio bastante amoldado”. Según explicó Prada, la entidad de servicio postal facilitaría el trámite de contratar a la empresa instaladora de la terminal financiera y le ahorraría dolores de cabeza a la Diputación, que se encargaría de costear el mantenimiento de los cajeros en los municipios zamoranos interesados.
De este modo, serían los propios ayuntamientos los encargados de postularse para contar con este nuevo servicio financiero, Correos ejercería como brazo ejecutor de la instalación, de la mano de la empresa encargada del cajero, y la Diputación utilizaría la vía de las subvenciones para financiar un recurso cuyo coste podría rondar los 8.000 o 10.000 euros anuales.
En su momento, Prada indicó que tenía en mente la instalación de cajeros multibanco. Es decir, terminales para que los ciudadanos pudieran sacar dinero o actualizar su libreta independientemente de la entidad financiera con la que tuvieran su cuenta. Eso sí, se verían obligados a abonar una comisión por llevar a cabo sus operaciones, aunque Prada matizó que el coste sería “muy mínimo para los usuarios” del servicio.
Está por ver en qué queda ese planteamiento, como también habrá que aclarar qué municipios se verán beneficiados. Prada matizó en agosto que resulta inviable llegar a los 509 núcleos de población que tiene la provincia. Por ello, la Diputación abordó la creación de un mapa para señalar qué localidades cuentan con alguna entidad bancaria y cuáles la han perdido en los últimos años. Esas últimas debían ser la diana principal de esta iniciativa, aunque la idea es cubrir, en general, “las necesidades de las poblaciones intermedias”.
La vía bibliobús, aparcada
Mientras la alternativa de los edificios municipales coge fuerza, la de los bibliobuses se desinfla. La Diputación había valorado esta posibilidad al comprobar que Salamanca había modificado alguno de estos vehículos que recorren el medio rural para dotarlos de una terminal que llevara también dinero en efectivo a las localidades.
Sin embargo, la institución provincial encontró bastantes dificultades técnicas para acometer este proyecto, incluidos algunos escollos para hallar empresas dispuestas a intervenir en los bibliobuses. Esta circunstancia deja aparcada la idea por el momento.
