Bruselas quiere poner fin a la cría de gallinas en jaulas en las granjas avícolas. El Parlamento Europeo aprobó hace unos meses una resolución que reclamaba acabar con este tipo de explotaciones dentro de la Unión Europea (UE) y la Comisión recogió poco después el guante y anunció que prepara una propuesta legislativa que contemple la prohibición gradual de las jaulas y que espera tener lista en 2023. Una decisión que pone en riesgo la supervivencia de la industria avícola en Canarias, ya que el 90% de las gallinas se encuentran en explotaciones de este tipo y los productores locales aseguran que tendrán muchas dificultades para adaptarse.
La actual legislación incluye cuatro tipos diferentes de explotación: en jaula, de suelo –donde se crían en la superficie dentro de una nave–, camperas –donde tienen acceso al aire libre– y ecológicas –que deben cumplir con una normativa específica para este tipo de producciones como alimentarse de productos procedentes de la producción ecológica–.
Al menos 1,2 millones de los 1,3 millones de gallinas ponedoras del Archipiélago, que producen unos 350 millones de huevos al año –que alcanzan solo para cubrir entre un 50 y un 60% de la demanda en el Archipiélago– se encuentran en explotaciones del primer tipo.
«En las granjas de suelo se necesita más espacio, y en el caso de las camperas se requieren cuatro metros por cada gallina de parque para que salgan al exterior, por lo que una granja media de 20.000 gallinas necesitaría 80.000 metros cuadrados de superficie», explica Juan Sebastián Nuez, uno de los responsables de una explotación avícola de las Islas. Para cumplir con la ley, una granja de 20.000 gallinas debería ocupar «algo más de ocho hectáreas», o lo que es lo mismo, el espacio de ocho campos de fútbol, «algo inviable en una realidad como la canaria».
Aunque indica que la normativa en la que trabaja la Unión Europea todavía tardará en llegar, los colectivos animalistas «ya están ejerciendo presión en las cadenas comerciales para que solo vendan huevos de gallinas de suelo», lo que supone un handicap muy importante para la mayor parte de los productores del Archipiélago
«Este va a ser un problema grave», vaticina Theo Hernando, secretario de la Asociación de Agricultores y Ganaderos (Asaga), que evidencia que las normativas de muchos municipios no ponen nada fácil a los productores ampliar sus instalaciones. «Si no tienen espacio y no pueden ampliar ¿qué hacemos?, muchos tendrán que cerrar o reinventarse para aguantar», recalca, ya que «no van a poder tener el mismo número de animales y caerá la producción».
El sector espera que a través de los canales necesarios se pueda lograr alguna excepción para Canarias, debido a su condición de Región Ultraperiférica (RUP), ya que de lo contrario aseguran que la industria avícola de las Islas está abocada a desaparecer.
Este no es el único problema al que se enfrenta este sector que en el último año y medio también se ha visto afectado por el alza del precio de los cereales, materia prima imprescindible para elaborar los piensos que consumen sus animales. «Es una subida de costes que no hemos podido repercutir a las cadenas de distribución porque el establecimiento te dice que los traerá de la Península», lamenta Nuez, que confía en que la aprobación de la Ley de Cadena Alimentaria ayude a poder transferir el incremento de los costes al precio del producto. «A nosotros nos cuesta en torno a 10-11 céntimos producir un huevo y lo vendemos a ese precio, somos un negocio que gana con el tercer decimal», explica.
Precisamente la importación de huevos procedentes de la Península para cubrir la totalidad de la demanda canaria se convierte en ocasiones en un problema para los productores locales que tienen dificultades para competir con unos precios más bajos. Además, Asaga también ha denunciado recientemente que parte de esos huevos importados se comercializan bajo un etiquetado «engañoso» que trata de confundir al consumidor utilizando colores o imágenes vinculadas a las Islas, a pesar de que los huevos hayan sido producidos en la Península.
Juan Sebastián Nuez asegura que «siempre ha habido que importar huevos de la Península, y es necesario porque, en los momentos de más consumo, no podemos cubrir la demanda». Sin embargo, recalca que «se les debe exigir que cumplan toda la normativa», algo que sospecha no se está realizando. «El huevo que viene de fuera tiene que entrar a su precio correcto, pagando el AIEM y con la fecha de puesta exacta», insiste, para no tratar de engañar al consumidor.
