El Gobierno amplía el plazo para reestructurar los créditos avalados a empresas

Las empresas y autónomos que hayan recibido créditos bancarios avalados por el Estado a través de las sociedades públicas ICO, CESCE y CERSA tendrán más tiempo para pedir la reestructuración de dichos préstamos y aliviar así su situación financiera. El Consejo de Ministros ha aprobado este martes ampliar el plazo, que vencía este miércoles, hasta el próximo 1 de junio, aprovechando así la ampliación por parte de la Comisión Europea del marco temporal y extraordinario de ayudas de Estado por la pandemia.

Las reestructuraciones de estos créditos constituían la segunda de las tres partes del plan de 11.000 millones en apoyos al sector privado que el Gobierno aprobó el pasado marzo y que incluía como medida estrella 7.000 millones en ayudas directas a empresas. Dicho marco para las reestructuraciones contempla que primero se estudie ofrecer ampliaciones del plazo de vencimiento; después la conversión del crédito en un préstamo participativo, que computa como capital; y en último término se concedan ayudas directas a la empresa para que salde parte del crédito. Para estas dos últimas medidas se reservaron 3.000 millones.

El Gobierno ha ampliado hasta el 1 de junio el plazo en que las empresas y autónomos que todavía no hayan solicitado un préstamo avalado puedan pedirlo. Para las más de 1,13 millones de compañías con créditos avalados, asimismo, ha modificado el código de buenas prácticas que aprobó en mayo, al que se han adherido 102 entidades financieras. Dichas empresas y autónomos podrán ahora solicitar la ampliación del periodo de amortización y la conversión del préstamo en uno participativo hasta el próximo 1 de junio de 2022, mientras que la petición de transferencias directas para la reducción del principal (acompañada de una quita proporcional de la parte no avalada, y sujeto igualmente a acuerdo entre las partes) podrá hacerse hasta el 1 de junio de 2023.

Además, el Ejecutivo ha ampliado las ayudas máximas que puede acumular una empresa de 1,8 millones de euros a 2,3 millones por beneficiario con carácter general. Asimismo, ha modificado el código de buenas prácticas para que los afectados por el volcán de La Palma que tengan suscritos créditos avalados por el Instituto de Crédito Oficial (ICO) puedan acogerse a la moratoria aprobada por la situación de emergencia establecida en el Real Decreto-ley 20/2021. Los afectados podrán beneficiarse de una ampliación del vencimiento de sus préstamos avalados, aunque se encuentren en situación de mora o impago de la financiación o su facturación no haya caído más de un 30% en 2020.