La reducción de la tasa de interinidad en las administraciones públicas llevará consigo también que los nuevos contratados en el sector público no podrán estar más de tres años ocupando una plaza porque antes las vacantes tendrán que salir a oferta pública de empleo, de tal manera que será obligatorio para la Comunidad Autónoma, los cabildos y los ayuntamientos las convocatorias de oposiciones antes de que transcurran tres años desde su ocupación temporal. Este es uno de los principales objetivos de la ley de reducción de la temporalidad en el empleo público, desgranada ayer en el Congreso por la ministra de Hacienda y Función Pública, María Jesús Montero.
Canarias soporta una elevada interinidad, que en algunos sectores supera el 40% de media, y pese a que se han convocado ofertas de empleo desde 2015 todavía están en ejecución y no han revertido la situación de abuso de temporalidad que afecta solo en la Administración autonómica a unos 26.000 empleados de todos los ámbitos. Montero considera «imprescindible» articular procesos de selección de plazas públicas más «ágiles», porque desde que éstas son convocadas hasta que el funcionario se incorpora «pasan tiempos que son realmente mejorables» y que alarga más allá de los tres años la ocupación de la plaza por un interino.
Para Montero, será «imprescindible, una vez aprobadas las convocatorias, imprimir el ritmo necesario» para adjudicar en tiempo las mismas, ya que, además, la ley establece que se podrá cubrir con un interino las plazas vacantes, cuando no sea posible hacerlo con un funcionario de carrera, solo por una duración máxima de tres años. Montero ha asegurado además que la nueva ley para atajar la temporalidad en el empleo público llevará a «la eliminación de la tasa de reposición», debido a que ésta se tendrá que «adaptar al volumen de plazas necesarias y a las ofertas de empleo y no al revés».
Teletrabajo
Montero anunció que la nueva norma que regula el teletrabajo en la Administración General del Estado (AGE) entrará en vigor el próximo 1 de enero. «Estamos trabajando con las organizaciones sindicales para hacer posible que esa norma se pueda aprobar y que entre en vigor en enero del próximo año», afirmó. Actualmente el Gobierno y los sindicatos están negociando los detalles de la normativa, que parte del acuerdo alcanzado en abril con el anterior ministro, Miquel Iceta, y que preveía un máximo de tres días a la semana de ejercicio a distancia. Fuentes de Hacienda consultadas recelan a la hora de dar por definitiva esa referencia y emplazan a cerrar primero la negociación.
En Canarias la situación es similar. El Gobierno regional y los sindicatos constituyeron una mesa de trabajo para articular una normativa sobre el teletrabajo en la Administración de forma permanente. Sin embargo, el 1 de noviembre entró en vigor, igual que en el Estado en octubre, la reducción del trabajo a distancia a un día a la semana al haberse reducido el impacto del Covid tras el acuerdo al que se había llegado en la pandemia para que fuera de hasta cuatro días.
Esta reducción a un solo día del teletrabajo contó con la oposición de los sindicatos, que pidieron al Ejecutivo que esperara a terminar de negociar el nuevo sistema en las mesas de trabajo creadas al efecto. El Gobierno canario sigue en este tema la estela de la Administración del Estado y espera alcanzar un acuerdo con las centrales sindicales antes de finalizar diciembre. Los representantes de los trabajadores apuestan por tres días de trabajo a distancia para aquellos puestos que reúnan las condiciones, algo que todavía no está cerrado por el Ejecutivo.
En el ámbito estatal, parte de los 230.395 empleados públicos que forman la plantilla de la Administración verán a partir del año próximo ampliados sus días hábiles de teletrabajo a la semana, respecto a su actual situación, que contempla una jornada a la semana a distancia. Si bien durante la pandemia los empleados de la AGE pudieron ejercer a distancia hasta cuatro días a la semana, la vuelta a la presencialidad posteriormente llevó a Función Pública y sindicatos a negociar cómo estabilizar ese ejercicio a distancia. El resultado, tras cinco meses de negociación, se rubricó el 12 de abril, cuando Iceta y las centrales acordaron un máximo de tres días en casa a la semana y dos en la oficina.
No obstante y con un cambio de ministro mediante, ese pacto no se llegó a plasmar en un real decreto que consolidara la norma. Y en septiembre el Ministerio ordenó la vuelta a la presencialidad, conservando únicamente un día a la semana de teletrabajo. Ahora Montero y las centrales están negociando el texto definitivo que deberá regir hasta enero y los sindicatos exigen que la nueva titular respete lo negociado con su antecesor.
A partir de la nueva norma cada departamento podrá ir evaluando cada puesto de trabajo para determinar si puede o no trabajar a distancia y, si puede, cuantos días a la semana es asumible que lo haga. Desde Función Pública pretenden «compatibilizar la prestación de servicio, pero incorporando una mayor flexibilidad laboral y capacidad de conciliación», según expresó ayer la ministra en la Comisión de Hacienda y Función Pública del Congreso.
