Se adivina un “invierno caliente” en las carreteras españolas. La patronal del sector del transporte de mercancías por carretera ha convocado un parón justo antes de Navidad –los días 20, 21 y 22 de diciembre–, como protesta por el “abandono” que sufre por parte del Ejecutivo. Entretanto, la Unión Europea (UE) ha exigido al Gobierno de Pedro Sánchez que presente antes del 31 de marzo su plan para cobrar peaje en todas las autovías, lo que significaría el pago por uso en carreteras como la “Y” o la Transcantábrica. Una medida que amenaza con desatar una “guerra” y a la que ya han mostrado su rechazo, además de los transportistas, gobiernos autonómicos como los de Galicia y –con matices– Asturias.
La propuesta para generalizar los peajes ha provocado fuertes críticas de los transportistas: “Supondrá un mazazo para el sector, clave para la economía española y que se encuentra en una situación límite”, clamó Ovidio de la Roza, presidente de la Confederación Española de Transporte de Mercancía (CETM) y de la Asociación de Empresarios del Transporte, Logística, Aparcamientos y Actividades afines del Principado de Asturias (Asetra).
De la Roza subrayó que tienen desde hace más de un año el compromiso “por escrito” del Ministerio de Transportes de que no se implantarán peajes en las autovías sin consensuar la medida con el sector. “Pero desde entonces no hemos sabido nada, ni cuantías, ni a qué autovías o vehículos afectará”. Denunció que la patronal de las constructoras y las concesionarias de peajes (Seopan) lleva años “presionando para implantar peajes en las autovías”. Y aseveró que la propuesta de este “lobby” sería “una brutalidad, que hundiría no solo al transporte, sino a toda la economía nacional”.
Los transportistas creen que generalizar los peajes no es necesario. Subrayan que el impuesto especial de hidrocarburos reporta al Estado unos 11.000 millones de euros al año. Y a esta cantidad aún hay que añadir los ingresos por el impuesto sobre vehículos de tracción mecánica (dedicado en la actualidad al mantenimiento de las vías urbanas), el impuesto de matriculación, las sanciones de tráfico… En total, unos 20.000 millones al año, una cantidad muy superior al coste de mantenimiento y conservación de las carreteras estatales, estimada en unos 1.800 millones al año. En el proyecto de Presupuestos Generales del Estado para 2022 solo se contemplan 1.400 millones para el mantenimiento de las autovías.
El anuncio del pago por uso en todas las autovías ha desatado también un nuevo enfrentamiento en el seno del Gobierno español. Unidas Podemos rechaza el modelo que defiende el PSOE. “No apoyaremos ninguna medida que haga pagar a la gente trabajadora. O se mantienen gratuitas las autovías, o se exime del pago a las rentas bajas y medias, a transportistas y otros profesionales”, advirtió el portavoz de la formación morada en el Congreso, Pablo Echenique.
La implantación de peaje en todas las autovías, prevista para 2024, es una de las fórmulas propuestas para justificar ingresos en el Plan de Recuperación que el Gobierno ha remitido a Bruselas. En la actualidad, solo es de pago el 8% de las carreteras estatales. El Gobierno argumenta que los ingresos que reportan los peajes no alcanza para financiar los gastos de mantenimiento y conservación de la red. De ahí que el Ejecutivo plantee como una medida “justa y sostenible” el “pago por uso” en todas las vías de alta capacidad estatales.
El sistema de pago inicial que estudia el Gobierno es el de viñetas, similar al que se aplica en países como Suiza o Austria: una cuota fija, mensual, trimestral o anual, que da derecho al usuario a circular por cualquier autovía. Pero esta sería una fórmula transitoria porque el Gobierno aspira a implantar en el futuro un sistema idéntico al que ya existe en Portugal: el pago por kilómetro recorrido. Aunque Seopan llegó a plantear el año pasado un pago de 9 céntimos de euro por kilometro para los turismos y 19 para los vehículos pesados, la cantidad más repetida hasta ahora es la de un céntimo por kilómetro recorrido.
¿Qué implicaría ese céntimo? Por ejemplo, que viajar de Oviedo a Gijón o Avilés costaría unos 30 céntimos, y de Llanes a Navia, casi 2 euros. El viaje de Oviedo a Madrid (suponiendo que se suprimiera el peaje del Huerna, algo improbable dado el rescate multimillonario que, según el Gobierno, habría que abonar a la concesionaria) costaría 4,5 euros; de Oviedo a Santander, 2 euros; y entre Gijón y Barcelona o Alicante, 9 euros. Así, transitar entre Gijón y Oviedo por motivos laborales (ida y vuelta) implicaría un coste aproximado de 60 céntimos al día, 3 euros a la semana, 12 euros mensuales y cerca de 150 euros al año. El Gobierno del Principado ya ha manifestado su rechazo a la medida. Y, en caso de que se aplique, exige garantizar que la “Y” seguirá siendo gratuita y que habrá una “reducción significativa” en el Huerna.
En este sentido, el Ejecutivo central resaltó que implantar el pago por uso en todas las autovías permitirá rebajar el precio medio de los actuales peajes. En la actualidad, el precio medio en las autopistas estatales de pago se sitúa en torno a 11 céntimos por kilómetro, aunque el peaje del Huerna es significativamente más caro: 0,1736 euros por kilómetro. Con el agravante de que los asturianos tienen también que pagar el peaje más caro para llegar a Madrid: Villalba-Adanero, que supone un desembolso de 0,1868 euros por kilómetro.
“El parón de diciembre es muy necesario, el Gobierno se ríe de nosotros”
El transportista asturiano Rubén Villar pide un “frente común” para “parar lo que nos viene”
Las protestas de los transportistas van más allá del pago por uso en las autovías. Denuncian que el Gobierno ha abandonado al sector. El colectivo reclama desde hace tiempo medidas como la prohibición de que los conductores realicen la carga y descarga de los camiones o la aplicación obligatoria de la cláusula de revisión del coste del combustible.
La patronal del transporte de mercancías por carretera asegura que la ausencia de respuestas por parte del Gobierno ha agotado “la paciencia del sector y los canales razonables de negociación”. A esta circunstancia se une la “absoluta falta de sensibilidad en la presente coyuntura económica por parte de nuestros clientes, quienes se aprovechan de la posición de dominio que les concede la vigente regulación del contrato de transporte de mercancías por carretera, que está provocando incluso un enorme problema de falta de conductores profesionales ante el trato degradante e inhumano en las condiciones en las que realizan su trabajo”. Estas son las razones que han llevado a convocar el cese de actividad de los días 20, 21 y 22 de diciembre. Un paro “muy necesario”, porque “el Gobierno se ríe de nosotros”, critica el transportista Rubén Villar. Reclama “unidad”, un “frente común” del sector “para parar lo que nos viene encima”. Es hora de decir “basta ya”, clama el asturiano.
“Implantar peajes en todas las autovías supondría una media de 1.000 euros al mes de gasto añadido a cada camionero. Y no tenemos capacidad para repercutir esa cantidad a los clientes porque son ellos los que imponen los precios”, subraya Villar.
Resalta que para alcanzar el “equilibrio” deberían cobrar 1,40 euros por kilómetro, pero los grandes cargadores aseguran que con un euro ya cubren: “Claro, da para pagar, pero no para vivir”. Y el caso es que hay quien está cobrando solo 0,70 euros por kilómetro, con lo que no le da ni para cubrir gastos, mucho menos tras haberse disparado el precio de los carburantes. El problema es que si no aceptan el precio que ponen los grandes cargadores otros lo aceptarán. “No podemos competir con los transportistas de Rumanía, Bielorrusia o Polonia porque aceptan precios mucho más bajos, acordes con el nivel de vida de esos países”, lamenta Villar. “Desde octubre de 2000 pagamos casi 1.000 euros al mes más de combustible, y seguimos cobrando lo mismo. Si ahora tenemos que asumir otros 1.000 euros tendremos que cerrar”, alerta.
