Cuatro de cada diez productores canarios de tomate (40%) están por la labor de plantar otros productos que les permitan seguir operando en el sector agrícola de exportación. Para dar respuesta a ese dato que manejan la Federación Provincial de Asociaciones de Exportadores de Productos Hortofrutícolas de Las Palmas (Fedex) y la Asociación de Cosecheros y Exportadores de Tomate de Tenerife (Aceto), el presidente del Gobierno de Canarias, Ángel Víctor Torres, encargó el año pasado un Informe previo para la Elaboración del Plan de Diversificación y Mejora del Tomate de Exportación, que ya ha entregado la consultora Corporación 5.
El documento, además de la siempre demandada agilidad en la llegada de las ayudas para mantener la competitividad, incluye la necesidad de realizar estudios de mercado para decidir qué cultivar en el futuro inmediato y hasta la «autorización para el cultivo de plantas de cannabis con fines médicos o científicos».
El problema se resume en el paulatino incremento de los costes de producción y la obligación de ajustar los precios cada año para poder mantenerse en las agendas de los grandes centros de compra europeos. Los productores canarios lamentan que existan ayudas que ya hayan cumplido hasta diez años sin una sola revisión mientras soportan incrementos interanuales del 20% en el precio de los abonos o el cartón, por ejemplo. Incluso, en un sector en el que las remuneraciones no son elevadas, los productores de las Islas reconocen que los incrementos del salario mínimo interprofesional de los últimos años han pesado como una losa.
La semana pasada, durante la celebración en Madrid de la Fruit Attraction, referente para la comercialización de los productos hortofrutícolas de gran parte del mundo, se constató que el problema ya no es exclusivo del Archipiélago. «Canarias fue el primero, después Murcia y ahora toca a las puertas de Almería, el último gran reducto», señala el comunicado conjunto emitido durante la celebración del evento por siete de las más grandes productoras de tomate de España: Biosabor, Casi, Coprohníjar, Granada-La Palma, Hortichuelas, Unica y Vicasol.
La esencia del texto calca los lamentos que se oyen en el campo canario. El aumento de las exigencias en torno a la calidad y seguridad de los productos elevan la suma necesaria para poner los tomates en los mercados europeos, a los que, por otra parte, llegan los que proceden de terceros países como Marruecos que, siempre según los productores españoles, supera de manera habitual los contingentes acordados con la Unión Europea (UE) y oferta precios más reducidos que se explican por, entre otras cuestiones, los bajos salarios que se abonan en el país africano.
Eso sí, los siete gigantes tomateros del sureste peninsular advierten de los problemas futuros –desabastecimiento y pérdida de calidad– que acarreará para los grandes distribuidores del centro y el norte de Europa quedar solo en manos del norte del continente vecino y Portugal.
No obstante, apartarse del tomate para dedicarse a otros cultivos requiere de un conjunto de acciones que son las que recoge el informe previo encargado por la Consejería de Agricultura, Ganadería y Pesca del Gobierno de Canarias. «Ha ocurrido con otros sectores en el pasado, la reconversión conlleva un plan», señaló ayer el portavoz de Fedex, Gustavo Rodríguez.
El documento elaborado por Corporación 5 incluye conversaciones con instituciones estatales como la Seguridad Social para mejorar el régimen de bonificaciones y también con el sector financiero para promover la renegociación de los pasivos que acumulan los siete productores de las Islas que aún quedan en pie.
Lo que se da por seguro es que el cambio del tomate a otros cultivos traerá consigo una segura pérdida de empleo. Basta un dato para entenderlo, mientras es suficiente un trabajador por cada hectárea y media de cultivo de plátano, en el caso del tomate son necesarias cinco: siete se trata de especialidades como minipera, minicóctel o cherry.
Si bien hasta la fecha no se ha producido el encuentro que los productores han solicitado al presidente Torres –el lunes se reunieron con el vicepresidente, Román Rodríguez–, el Ejecutivo ya ha abordado algunas de las recomendaciones que incluye el informe previo. La ayuda por hectárea cultivada ha pasado de 15.000 a 24.000 euros.
