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Alquiler

Claves de la nueva Ley de Vivienda: precios regulados, incentivos fiscales y decisión última de las autonomías

El acuerdo entre PSOE y Unidas Podemos llega tras casi un año de discusión interna dentro del Gobierno

Dos personas consultan ofertas en una inmobiliaria. Archivo

PSOE y Podemos han llegado a un acuerdo para la Ley de Vivienda. El acuerdo llega tras casi un año de discusión interna dentro del Gobierno, y después de que en los últimos días se redoblaran los contactos entre los dos socios y aumentara la tensión en torno a la ley de vivienda, que ha sido el auténtico obstáculo de las negociaciones. Ya lo fue en las de las cuentas de 2021, solo que en aquel momento el desencuentro se saldó con un compromiso a futuro de regulación de los alquileres. Compromiso que, tras doce meses, seguía sin cumplirse.

Estos son los puntos claves de la nueva norma:

1. Aprobación a nivel autonómico

En octubre de 2020, Sánchez e Iglesias acordaron impulsar una ley que ofreciera a las comunidades y a los ayuntamientos herramientas para controlar los precios del alquiler. Fuentes moradas explican ahora que el pacto alcanzado con el PSOE establece un "marco estatal" para regular el precio de los inmuebles, pero que solo serán efectivos en aquellas autonomías que después "ejecuten" las medidas. Es decir, se trata de "una herramienta voluntaria" para las comunidades. Según explicó Félix Bolaños en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros de este martes, la ley cuenta con las competencias de comunidades y ayuntamientos.

Así, habilita a los municipios a que apliquen un recargo del IBI para las viviendas vacías por tiempo prolongado, mientras que la declaración de zonas tensionadas han de solicitarlas las autonomías al Estado. La ley estatal, la primera que se aprobará en España, como enfatizaron el titular de la Presidencia y el propio Pedro Sánchez, no deroga las normas autonómicas. “Convivirá con ellas, ejerce sus competencias y habilita” a otras administraciones a tomar medidas, que sin un paraguas estatal no podrían hacerlo. Esta ley sobre todo dará cobertura a la normativa catalana, que impugnó el Gobierno central por extralimitarse en sus competencias, y es previsible que otras comunidades y ayuntamientos, con un mercado muy tensionado, no lo apliquen. Caso de Madrid.

2. Limitación para las personas jurídicas

El acuerdo entre PSOE y Unidas Podemos plantea un marco legal para que las autonomías puedan obligar, según adelanta Podemos, a los grandes propietarios de viviendas -aquellos que son dueños de más de 10 pisos- a rebajar los precios del alquiler hasta los índices de referencias elaborados por el Ministerio de Vivienda, siempre que los inmuebles se encuentren en zonas de mercado tensionado, es decir, aquellas en los que se hayan disparado los precios. Los socialistas, por su lado, no confirman que se vaya a utilizar en la norma el concepto de grandes o pequeños propietarios, y señalan que la limitación de precios afectará solo a personas jurídicas. Es decir, que si el propietario es una empresa, se le aplicaría la limitación de precios, y no afectaría a personas físicas, aunque sean dueñas de más diez inmuebles.

Ante la oposición del PSOE, los morados siempre han exigido implementar medidas que no solo toparan los precios sino que los hicieran disminuir, esgrimiendo que Sánchez e Iglesias firmaron hace más de un año el compromiso de poner en marcha "mecanismos de contención, o eventualmente bajada de los precios"

3. Incentivos para las personas físicas

En los últimos días, Unidas Podemos había sacado a los pequeños propietarios fuera de la negociación, ante las reticencias de los socialistas a obligar a este colectivo a rebajar sus precios. Finalmente, el acuerdo alcanzado para los dueños de 9 o menos viviendas se basa en las propuestas que el PSOE ha puesto sobe la mesa en los últimos meses: en las zonas con mercado tensionado no podrán subir el precio al renovar o realizar un nuevo contrato; y recibirán incentivos fiscales -se ha llegado a plantear que fueran de hasta un 90 %- si reducen el precio del alquiler.

La parte socialista del Ejecutivo, sin embargo, no precisa si habrá congelación de precios. Y advierte de que quienes se podrán acoger a las bonificaciones serán solo personas físicas, sean dueñas de una o 20 viviendas. Ahora bien, si estas no reducen el precio aunque solo sea en uno de esos inmuebles, se les retirarán esos incentivos.

4. Cheque para los jóvenes

El presidente del Gobierno ha anunciado que la norma incluirá un plan especial para favorecer la emancipación de los jóvenes. Según ha dicho, crearán un "bono joven de vivienda" que estará dotado de 250 euros mensuales durante los dos próximos años y que podrán recibir los jóvenes de entre 18 y 35 años cuya renta anual del trabajo no supere los 23.725 euros. En el caso de las familias vulnerables, el bono podrá completarse con más ayudas al alquiler. "En definitiva, lo que vamos a hacer es una política pública destinada a reducir la edad de emancipación tan insoportable alta para que los jóvenes puedan acceder a una vivienda en alquiler digna con la ayuda del Estado", ha sentenciado.  

5. Alquileres públicos

Los dos socios del Gobierno de coalición también han acordado que, en aquellos territorios que legislen en este sentido, se reservará un 30% de todas las promociones de vivienda a vivienda protegida. Además, de esa cifra, un 30% deberá ir dirigido a alquiler social.

6. Casas vacías

Los ayuntamientos también podrán aplicar medidas. PSOE y Unidas Podemos han acordado la creación de un impuesto a la vivienda vacía, que se vehiculará a través del recargo del IBI de hasta el 150%. Los consistorios serán los encargados de ponerlo en marcha.

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