Entre 70.000 y 72.000 canarios en Expedientes de Regulación Temporal de Empleo (ERTE) y con bajos sueldos empiezan a cobrar el subsidio extraordinario comprometido por el Gobierno regional en abril, cinco meses atrás. La ayuda la percibirán todos los trabajadores que estén o hayan estado en ERTE por la covid-19 con ingresos inferiores al Salario Mínimo Interprofesional (SMI), es decir, con ingresos por debajo de los 950 euros al mes.
El presidente del Ejecutivo autonómico, Ángel Víctor Torres, avanzó ayer que los beneficiarios recibirán la transferencia, como muy tarde, este próximo martes. El Gobierno destinará un total de 32 millones con cargo a los fondos europeos del programa React-EU para sufragar un subsidio con el que pretende paliar la situación de los asalariados en ERTE en mayores dificultades. De hecho, la ayuda no tiene una cuantía fija, sino que será de un mínimo de 300 y un máximo de 1.100 euros en función de los ingresos del trabajador. Las personas en ERTE por culpa de la crisis del coronavirus que ganan menos de 395,5 euros mensuales percibirán 1.100 euros; las que tienen ingresos de entre 395,5 y 560 euros tendrán una ayuda de 550; y quienes cobran entre 560 y 950 euros recibirán 300.
Elena Máñez, consejera de Economía, Conocimiento y Empleo, que es el departamento que se encarga de tramitar esta prestación, recordó que los cálculos iniciales eran que hubiera alrededor de 50.000 beneficiarios, de ahí que en principio se pensara en un presupuesto de unos 30 millones de euros. Sin embargo, el cruce de datos con el Servicio de Empleo Público Estatal (SEPE) permitió detectar unos 22.000 beneficiarios más, por lo que también se ha incrementado el presupuesto en dos millones. Máñez explicó que las cifras, es decir, que sean tantos los isleños que están o han estado en el limbo de los ERTE con tan bajos ingresos, «nos ponen en una realidad de pobreza, y lo que es peor: de trabajadores en la pobreza». Además, la consejera expuso que el 56% de los perceptores de esta especie de ayuda de emergencia son mujeres –algo más de la mitad–, lo que a su juicio muestra que la precariedad laboral es aún más intensa entre las féminas.
La consejería ha empezado a abonar el subsidio a las personas en peor situación, esto es, a quienes están o estuvieron en ERTE cobrando menos de 395,5 euros al mes. En este grupo hay en torno a 13.000 ciudadanos. Luego se irá pagando la prestación a los aproximadamente 20.000 canarios del colectivo con ingresos de entre 395,5 y 560 euros mensuales, y finalmente se les abonará a los casi 19.000 que ingresan o ingresaron estando en ERTE entre 560 y 950 euros. El número de beneficiarios de cada tramo es solo una aproximación, ya que falta por determinar dónde se ubican los 22.000 perceptores detectados tras el cruce de datos con el SEPE.
Tanto Torres como Máñez, que estuvieron acompañados de los secretarios generales de los sindicatos CCOO y UGT en las Islas, Inocencio González Tosco y Manuel Navarro, recordaron que esta medida, prevista en un decreto ley, cuenta con el respaldo unánime del Parlamento. Ambos destacaron también la colaboración de los dos grandes sindicatos del país, que aplaudieron la iniciativa –de hecho fue una propuesta suya– tanto como lamentaron la realidad sociolaboral: «¡Qué bajos salarios tenemos en Canarias!», subrayó el representante de CCOO, que hizo un llamamiento a la reflexión sobre la «vulnerabilidad» del tejido productivo isleño –al descubierto tras el cero turístico que causó la pandemia– y la necesidad de la diversificación económica. Navarro, por su parte, dijo que este subsidio es «una forma de ayudar a la gente para que no se quede atrás» y resaltó, como también Tosco, que el compromiso de sacar adelante la ayuda se ha cumplido «en tiempo y forma».
Máñez apuntó que los beneficiarios no han tenido ni tienen que hacer ningún trámite para recibir la prestación, ya que se han tramitado de oficio.
El Ejecutivo ‘tacha’ un compromiso del Reactiva
La ayuda a los asalariados en Expedientes de Regulación Temporal de Empleo (ERTE) y con bajos ingresos es uno de los compromisos asumidos por el Gobierno de Canarias en el Plan Reactiva. La consejera Elena Máñez anunció la medida el 19 de abril, con lo que casi medio año después, el Ejecutivo ya puede tacharla de la lista de tareas pendientes. La puesta en práctica de la iniciativa se demoró algo más de lo que habría gustado en el departamento de Máñez por dos cuestiones: por la tardanza del Servicio de Empleo Público Estatal (SEPE) en remitir los datos sobre los trabajadores afectados –es una información de la que no disponen los servicios de empleo de la Comunidad Autónoma– y porque la Consejería de Hacienda tuvo que buscar de dónde sacar el dinero hasta que lleguen los fondos extraordinarios europeos. Al final, el departamento que dirige Román Rodríguez dio con la fórmula y la vía de financiación temporal. Una vez el SEPE transmitió los datos, los 51.127 beneficiarios previstos inicialmente se incrementaron hasta 72.000.
