Las grandes eléctricas empiezan a mover ficha tras la polémica del plan de choque del Gobierno que recorta sus ingresos y les obliga a subastar parte de su energía a otras compañías. Endesa e Iberdrola, las principales eléctricas de España, han pedido a sus grandes clientes renegociar sus contratos para incluir en ellos las nuevas "reglas del juego" fijadas por el Gobierno.
El Ejecutivo reducirá una parte de los beneficios extra que considera que las compañías eléctricas reciben por el alza del gas (por la producción principalmente de sus centrales nucleares e hidráulicas). Las compañías defienden que no existen tales beneficios puesto que la generación de estas centrales se vende a sus propias comercializadoras mediante contratos bilaterales a un precio fijo que negocian con anterioridad y es muy inferior a los actuales precios del mercado. Esos precios son, según ellas, los que sirven de referencia para los contratos que firman con sus grandes clientes.
En este escenario, Endesa está considerando una "renegociación" de las condiciones firmadas con sus grandes clientes "cuyos contratos de precio fijo estén cubiertos por las plantas afectadas por la nueva legislación" porque considera que tenían acordado un precio del suministro que se queda desvirtualizado por las medidas del Gobierno. Por su parte, con los clientes domésticos y pymes se mantendrá la misma línea que hasta ahora, pues al ser contratos anuales se revisan al alza o a la baja al finalizar en función de las condiciones del mercado.
Iberdrola ha ido un poco más allá al advertir a sus clientes industriales que o renegocian las condiciones o cancelan los contratos. En una carta enviada a "unos miles" de usuarios, la compañía que preside Ignacio Sánchez-Galán explica que, según las cotizaciones disponibles, se ha estimado que el nuevo coste regulado representará más de 70 euros por megavatio-hora, por lo que, "considerando el precio del suministro de electricidad establecido en el contrato, se produce una situación de manifiesto desequilibrio de las prestaciones del contrato por una circunstancia extraordinaria, imprevisible y sobrevenida que hace insostenible su continuidad en las condiciones económicas aplicadas".
La eléctrica dice que su "voluntad" es mantener unos términos contractuales que restablezcan el "equilibro económico" de forma temporal mientras estén vigentes las medidas impuestas por el Gobierno. "En el momento en que estas medidas pudieran ser revertidas por decisión del Gobierno o de los jueces y tribunales, se procederá a regularizar el precio procediendo a la devolución del importe que corresponda", añade la compañía en la misiva.
Por su parte, la eléctrica también ha enviado una carta a algunos de sus proveedores paralizando temporalmente los proyectos renovables que estaban en marcha o ya adjudicados mientras analiza el impacto del decreto del Gobierno en estas instalaciones.
En una intervención en el Congreso, la vicepresidenta Teresa Ribera ha mostrado su "preocupación" por esta decisión y advertido que "es probable que la revisión de tarifas la tuvieran prevista incluso antes" del plan de choque del Gobierno. "Queremos entender qué es lo que están haciendo y por qué, porque pensamos que no está justificado este anuncio. Y si hay algún tipo de problema, no puede ser algo que perjudique a los industriales, ni a los consumidores domésticos, ni evidentemente a los trabajadores", ha advertido la ministra.
