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Los plataneros avisan a Planas que al sector solo lo salva la venta a pérdidas

El Ministerio cree que es posible vender por debajo del coste de producción en momentos puntuales siempre que a fin de año los ingresos superen los gastos

Un agricultor en una finca de plátanos en Tenerife. E. D.

Los plataneros avisaron ayer al ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, que la única fórmula que garantiza al cien por cien la supervivencia del cultivo en Canarias –y por extensión en España– es permitir que los productores tengan la posibilidad de vender a pérdidas cuando no les quede más remedio. En el Ministerio entienden que el actual texto de la Ley de la cadena alimentaria, incluso sin necesidad de introducir nuevas enmiendas en la recta final de su tramitación en las Cortes Generales, ya hace posible la venta a pérdidas en momentos puntuales siempre que en el balance de final de año los ingresos estén por encima de los costes de producción. Una interpretación de la que en el Departamento dirigido por Planas no se mueven ni un ápice y en la que insistieron en la reunión que el martes por la tarde tuvieron con la consejera de Agricultura, Ganadería y Pesca del Gobierno de Canarias, Alicia Vanoostende, que continúa haciendo presión en Madrid para que se atiendan las demandas de los plataneros. No en vano, en el sector consideran que la idea de los técnicos del Ministerio, que en la práctica supondría tomar como referencia el precio medio de la fruta en cada año natural, «es demasiado compleja como para ser válida».

Así lo explicó ayer el presidente de la Asociación de Organizaciones de Productores de Plátanos de Canarias (Asprocan), Domingo Martín Ojeda, que insistió en el argumento que desde el sector llevan repitiendo el último año y medio, es decir, desde que comenzó la tramitación de la Ley de la cadena alimentaria. El representante de los plataneros recalcó así que la solución más «sencilla» es exceptuar al cultivo de la prohibición de la venta a pérdidas: «Es lo más sencillo para todo el sistema». Martín Ojeda expuso que en Asprocan entienden que en estos momentos «no hay seguridad ni jurídica ni técnica» para poder llevar a efecto la interpretación del Ministerio de Agricultura, «por eso seguimos pidiendo la excepción», agregó.

El presidente de Asprocan ahondó en el planteamiento del Gobierno central –el del cómputo de los precios medios durante el año– y recordó que los contratos de compraventa son el resultado de relaciones «entre empresas individuales, no con todo un sector». «Hay operadores que acostumbran a comprar productos de bajo precio, solo en determinados momentos o incluso de calidad inferior, y estos incumplirían siempre, por eso es tan difícil articular este tipo de medida: ¿cómo puede hacerse responsable un operador de lo que hace todo el sector? No se puede hacer responsable», aseguró Martín. «Hay que darle seguridad a todo el sistema, a todos los operadores que están en el sistema», subrayó.

Los productores de plátanos tienen ahora hasta el próximo miércoles, día 22, para convencer al fin al Ministerio y a los diputados del PSOE en las Cortes de que es necesario exceptuar al cultivo, sin más, de la prohibición de vender bajo coste. «Vale más vender a un precio inferior que no vender», apuntó el representante de los agricultores isleños, que recordó que la excepción en favor del plátano no perjudicaría a nadie –no hay más productores en España– e hizo hincapié en que la venta a pérdidas no es un capricho, sino una situación a la que se ven abocados muchos agricultores por la competencia desleal de la banana. De hecho, a los productores nacionales, en este caso a los plataneros, se les exige unos estándares de calidad que las masivas importaciones de bananas pasan por alto. El sector se encuentra así en determinados momentos del año con que la única posibilidad para colocar la fruta en el mercado es vender por debajo de su coste de producción. Es eso o destruir miles de kilos de plátanos, lo que es tanto como decir que el agricultor ha trabajado para nada.

«Y es que encima no le hacemos daño a nadie», repitió el dirigente de Asprocan, a quien no le cabe en la cabeza la cerrazón del ministro Planas. «Hay una posición negativa del Ministerio que no tiene ninguna explicación, su comportamiento no es racional; esta ley nos pone en riesgo de desaparecer, no es un capricho político ni que queramos que el agricultor no cobre lo máximo: es que la ley va en contra del futuro del sector, del futuro de los agricultores», afirmó Martín.

Las enmiendas nacionalistas

En estos momentos, al menos al cierre de esta edición, las únicas enmiendas a la Ley de la cadena alimentaria que atienden los argumentos de Asprocan son las de Ana Oramas, de Coalición Canaria, y Pedro Quevedo, de Nueva Canarias, es decir, las de los dos diputados nacionalistas. Es más, no hay ninguna enmienda en línea con la tesis del Ministerio, esto es, ninguna que blinde la legalidad de computar como precio la media de las ventas a todos los clientes en cada año natural. Y lo peor no es eso, sostienen los productores, sino que «no tenemos ninguna seguridad de que nuestras peticiones se vayan a cumplir; llevamos año y medio con esto y es normal que tengamos un elevado nivel de desconfianza».

En cuanto a la posición de los diputados canarios del PSOE en las Cortes, que por directrices de partido pueden acabar votando en contra de los intereses de las Islas e incluso de la postura del Parlamento regional –que ha apoyado las demandas del sector–, Martín no se mordió la lengua e indicó que, de producirse ese escenario, «esos diputados quedarían marcados de por vida». «Son ellos los que tienen que espabilar, no nos metemos en política, cada uno tiene que saber a qué atenerse», dijo.

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