Canarias perderá alrededor de 52 millones de euros al año si el Gobierno central reduce el impuesto que grava el recibo de la luz al mínimo permitido por la Unión Europea. Esta es una de las medidas que baraja el Ejecutivo de Pedro Sánchez para abaratar la factura mensual de familias y empresas. El Impuesto sobre la Electricidad es un tributo estatal cedido a las autonomías, es decir, la Hacienda nacional se encarga de la recaudación y reparte el dinero entre los territorios. Pese a que la reducción del impuesto afectaría a las arcas de las comunidades, estas no han sido consultadas. No al menos Canarias, según explicó ayer el viceconsejero de Hacienda, Fermín Delgado, que se mostró tan partidario de buscar fórmulas para aligerar el recibo de la luz como disconforme con el hecho de que el Gobierno central esté dispuesto a tocar el Impuesto sobre la Electricidad sin haber informado antes a los Ejecutivos regionales. «El Estado invita pero pagamos las Comunidad Autónomas», se quejó el número dos de la Consejería de Hacienda.
Si no hay cambios de última hora, el Consejo de Ministros aprobará hoy el paquete de medidas para abaratar la factura eléctrica. Sobre la mesa está la posibilidad de reducir el tributo que grava con un 5,11% el recibo de la luz, tal como han reconocido desde el Ministerio para la Transición Ecológica, que dirige Teresa Ribera. El Estado recaudó en 2019 por este tributo un total de 1.376,2 millones –la recaudación bajó en 2020 hasta los 1.237 millones de euros, pero al tratarse de un año anómalo por la pandemia la cifra de 2019 es mejor referencia–. De esos 1.376 millones, a Canarias le correspondieron 52,2. «Eso es, aproximadamente, lo que dejaríamos de recibir», expuso el viceconsejero de la Hacienda isleña.
La ministra reconoció hace unos días, durante una jornada en el Senado, que el Gobierno estudia «todas las medidas posibles», incluida la modificación del Impuesto sobre la Electricidad, «aunque sea de manera provisional». Tocar este tributo supone, de facto, tocar las arcas autonómicas, de ahí que Delgado señalase que de esta manera se bajaría el recibo de la luz a costa de otros servicios públicos –esos algo más de 50 millones de euros podrían cubrir el presupuesto anual para la Prestación Canaria de Inserción, por ejemplo–. Por eso dijo no entender que el asunto llegue al Consejo de Ministros sin que los Ejecutivos regionales hayan recibido antes una llamada: «Tratándose de una decisión así ya podrían habernos consultado». En cualquier caso, el Gobierno de Sánchez tendrá que negociar a posteriori y deberá compensar de algún modo a las comunidades. En esta línea están en la Consejería de Hacienda.
El Impuesto sobre la Electricidad es de ámbito comunitario, pero los Estados miembros pueden llevarlo a un mínimo de 50 céntimos por megavatio en usos profesionales y de un euro en usos no profesionales. Para que la modificación del tributo repercuta de forma sensible en la factura de hogares y empresas, Madrid deberá bajar el tributo hasta ese suelo, con lo que la recaudación se reduciría a su vez al mínimo. Esto obligaría al Gobierno central a compensar a los territorios, algo que se da por hecho, pero el problema es que la compensación no se produciría hasta dos años después, ya que la liquidación definitiva del sistema de financiación autonómico es a dos años vista. Si el Ejecutivo estatal decide hoy reducir al mínimo el impuesto, Canarias perdería en los próximos tres o tres meses y medio la mayor parte de los entre 13 y 15,2 millones que el tributo le reportaría en lo que queda de año, una merma en los ingresos que no se compensaría hasta 2023. Si la medida se mantiene en 2022, las arcas regionales no recibirían hasta 2024 el grueso de esos alrededor de 52 millones que les corresponden cada año.
«Es que al margen de no haberlo consultado a las comunidades, iría en contra de los objetivos medioambientales», ahondó el viceconsejero. No en vano, el Impuesto sobre la Electricidad se justifica hoy en su carácter desincentivador sobre el consumo de energía.
