El Gobierno ha aprobado este martes en Consejo de Ministros la ampliación del plazo de cobertura de las ayudas directas destinadas a autónomos y empresas afectadas por la pandemia y que gestionan actualmente las comunidades autónomas hasta el 30 de septiembre.

Así, se podrán cubrir mediante estas ayudas las deudas y los costes fijos incurridos hasta el 30 de septiembre, en lugar de hasta el 31 de mayo. Por tanto, estas ayudas de carácter finalista podrán emplearse para el pago de deudas y costes fijos asumidos por las empresas desde marzo de 2020 hasta el 30 de septiembre de 2021.

Además, el Real Decreto-ley aclara que, dentro de las finalidades a las que se pueden destinar las ayudas, el concepto de costes fijos incurridos incluye las pérdidas contables generadas durante el período de cobertura.

Así, los autónomos y empresas podrán destinar las ayudas a satisfacer deudas y realizar pagos a proveedores y otros acreedores, financieros y no financieros, así como a compensar los costes fijos incurridos, incluidas las pérdidas contables, siempre que se hayan generado en el plazo establecido y procedan de contratos anteriores al 13 de marzo de 2021, fecha de entrada en vigor del Real Decreto- ley.

"Lo que hemos hecho es ampliar este plazo para que las comunidades autónomas tengan tiempo de ejecutarlas completamente para que finalmente lleguen a todas las empresas y autónomos del territorio que hayan tenido problemas económicos y pérdidas contables por la pandemia", ha explicado la portavoz del Gobierno y ministra de Política Territorial, Isabel Rodríguez, en rueda de prensa desde La Moncloa tras la celebración del Consejo de Ministros.

La ampliación del plazo de cobertura completa la extensión del ámbito de actuación que se aprobó en abril de 2021. Esta modificación permitió a las comunidades autónomas incluir sectores adicionales y permitir el acceso a las ayudas empresas que, por circunstancias excepcionales, hubieran registrado pérdidas en 2019.

Gestión desigual

La semana pasada, la vicepresidenta primera y ministra de Asuntos Económicos y Transformación Digital, Nadia Calviño, ya anunció que el Gobierno había solicitado a la Comisión Europea extender el marco extraordinario de dichas ayudas públicas ante los retrasos existentes en algunas comunidades autónomas.

Tras las quejas de organizaciones empresariales y de autónomos sobre las restrictivas condiciones del decreto, Calviño argumentó que el ritmo en la concesión de estas ayudas está variando mucho en las distintas comunidades, ya que algunas van más rápido que otras.

De hecho, la portavoz del Gobierno ha explicado que regiones como Canarias o Baleares han sido "muy ágiles" en la ejecución de las ayudas, mientras que otras han encontrado problemas de gestión.

Biodiversidad ganadera

El Consejo de Ministros también ha aprobado este martes, a propuesta del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, un real decreto por el que se establecen las bases reguladoras de las subvenciones estatales destinadas a las asociaciones de criadores de carácter nacional para la conservación, mejora y fomento de las razas ganaderas.

En concreto, estas ayudas servirán para mantener la rica biodiversidad genética y garantizar un desarrollo sostenible de la ganadería, que juega un importante papel social y medioambiental, como conservadora del paisaje, y ayuda a fijar población en el medio rural.

Agricultura ha precisado que el objetivo es instrumentar en régimen de concurrencia competitiva las subvenciones a las asociaciones de criadores de razas puras reconocidas por el Departamento, para que gestionen de manera más eficaz los programas de cría de las correspondientes razas del catálogo oficial. España cuenta con un rico patrimonio de biodiversidad ganadera que en la actualidad engloba 189 razas inscritas en el Catálogo Oficial de Razas de Ganado de España, de las cuales 165 son autóctonas y se crían en régimen extensivo.

La mayoría de ellas, unas 140, se encuentran en peligro de extinción, lo que obliga a las administraciones públicas y al sector a arbitrar medidas para evitar una pérdida que podría ser irrecuperable. Mantener este patrimonio genético es esencial para el desarrollo de un modelo de producción ganadero diferenciado y sostenible.

La conservación de este patrimonio genético de razas ganaderas es una prioridad para Agricultura, que se concreta en el Programa Nacional de Conservación, Mejora y Fomento de las razas ganaderas. Con este nuevo real decreto se moderniza el marco anterior de ayudas de gestión centralizada y se garantiza su continuidad, una muestra de la apuesta decidida del Gobierno para apoyar a los recursos genéticos animales gestionados por asociaciones oficialmente reconocidas, en el marco del mencionado programa nacional de conservación.

El Ministerio ha señalado que el apoyo económico a estas entidades resulta fundamental para asegurar que puedan seguir realizando unas funciones que tienen un claro interés público, social y económico. En esta normativa se definen criterios técnicos de financiación, con prioridad a las razas autóctonas, sobre todo aquellas gestionadas por entidades que tengan un mayor nivel de actividad en sus programas de cría, con criterios objetivos de otorgamiento y ponderación para asignar las cuantías para cada raza y asociación.

Además, el decreto aprobado regula también el procedimiento y convocatoria para la selección de entidad colaboradora para la gestión de las ayudas. Asimismo, se favorece la integración asociativa, con fines de una mayor competitividad y eficacia en los resultados obtenidos en la mejora genética.