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Recibo disparado

Las propuestas del Gobierno para rebajar la factura de la luz

El Ejecutivo plantea una nueva rebaja de los impuestos y extender algunas de las medidas ya aprobadas | Prepara un nuevo plan que se aprobará próximamente para que la factura sea similar a la de 2018

Pedro Sánchez, en una rueda de prensa reciente.

Pedro Sánchez, en una rueda de prensa reciente.

La escalada del precio de la luz ha puesto en un brete al Gobierno. Con el coste de la energía alcanzado récords día sí y día también durante este verano y con un intenso debate en el seno de la coalición, Pedro Sánchez se ha comprometido a que a finales de 2021 los ciudadanos estarán pagando una factura similar a la de 2018. Para lograrlo, el recibo mensual medio debería descender en 11 euros mensualmente en octubre, noviembre y diciembre. El Ejecutivo ultima la puesta en marcha una serie de medidas, además de las ya aprobadas o en fase de tramitación.

Rebajar los impuestos

En junio, cuando el precio de la luz marcaba máximos aún lejanos a los que alcanzaría en los dos meses siguientes, el Gobierno aprobó una rebaja del IVA del 21% al 10% hasta final de año. Además, suspendió el impuesto del 7% sobre la generación eléctrica, medida que ya ha anunciado que extenderá hasta final de año. Ahora, en el Ejecutivo se plantean extender la bajada del IVA durante todo 2022 y reducir al máximo permitido por las directivas europeas el tipo actual del 5,11% que grava el consumo eléctrico. Este último es un tributo que recauda el Estado y transfiere a las comunidades autónomas, con lo que debería compensarlas si lo rebaja. 

Un fondo para la sostenibilidad del sistema eléctrico

El Gobierno quiere trasladar el coste de las primas a las renovables que pagan los consumidores en el recibo de la luz a las empresas que venden electricidad, gas y productos petrolíferos. Para ello, aprobó el pasado diciembre el anteproyecto de ley para crear un Fondo Nacional para la Sostenibilidad del Sistema Eléctrico, que se debatirá el próximo lunes en el Congreso. Este fondo se nutrirá con aportaciones de las empresas suministradoras de energía en función de sus ventas, de la recaudación de impuestos energéticos, de los ingresos de las subastas de CO2 y de los Presupuestos Generales del Estado, y se espera que alcance los 7.000 millones de euros.

Limitación de los beneficios 'caídos del cielo'

Otra de las medidas impulsadas por el Gobierno de coalición es un anteproyecto de ley, aprobado en junio, para limitar los beneficios de las centrales nucleares e hidroeléctricas por el alza de los derechos de emisión de CO2, los conocidos como beneficios 'caídos del cielo'. Ambas tecnologías reciben una retribución que se carga a los consumidores a través de la factura de la luz para que hagan frente al coste de emisión de CO2, pese a que ninguna de las dos emite este tipo de gas. En total supone un recorte para las grandes compañías eléctricas de 1.000 millones de euros, que permitirá abaratar los recibos de la luz.

Un nuevo paquete de medidas

Tras el anuncio de Sánchez, varios ministros del Gobierno han anunciado que están preparando un paquete de medidas que confían aprobar en un próximo Consejo de Ministros. Entre estas iniciativas, además de las impositivas, estará desvincular en lo posible la tarifa regulada PVCP del mercado mayorista para ligarla a componentes más estables, la recuperación de la figura de las subastas de energía primaria, nuevas subastas de renovables, medidas para fomentar el autoconsumo, la extensión del suministro vital para los consumidores vulnerables o la regulación de las concesiones hidroeléctricas.

Las medidas de Unidas Podemos

Unidas Podemos ha propuesto a sus socios de Gobierno la limitación del precio de la energía nuclear e hidroeléctrica a partir de una auditoría que se encargaría a la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC). El ala socialista del Ejecutivo ya lo ha rechazado por considerarlo contrario a la normativa europea. Además, los morados han presentado una proposición de ley para crear una empresa pública de energía que asuma las concesiones finalizadas del dominio público hidráulico.

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