Día clave para el Gobierno. El Consejo de Ministros tratará este martes de desactivar la bomba económica y política que le ha supuesto la escalada sin precedentes del precio mayorista de la electricidad durante este verano y que le está impidiendo sacar mayor rédito a los buenos datos de la recuperación. El Ejecutivo tiene previsto aprobar su largamente esperado "plan de choque" para paliar el impacto de dicha subida en el recibo final que pagan los en torno a 11 millones de pequeños consumidores acogidos a la tarifa regulada PVPC. El paquete incluirá rebajas fiscales, iniciativas para hacer menos volátil la factura, medidas de protección de los clientes más vulnerables y límites al uso de los pantanos por parte de las hidroeléctricas.

El mercado mayorista o 'pool' lleva semanas pulverizando un máximo histórico tras otro porque están disparados los precios del gas y de los derechos de emisión de CO2 que deben tener las plantas contaminantes. Este lunes ha alcanzado un nuevo récord de 156,16 euros por megavatio hora (MWh). Y si bien este martes bajará ligerísimamente hasta los 153,43 euros, seguirá más que triplicando el nivel de hace un año (48,9 euros). En una situación normal, dicho precio supone entre el 25% y el 30% de la tarifa regulada PVPC (de la que se benefician hogares y pequeños negocios y que de media es un 20% más barata que las del mercado libre), pero su fuerte subida lo ha elevado hasta rondar el 50%.

De no hacer nada, el recibo anual promedio de estos consumidores subiría a 644 euros en 2021, un 25% más que el año pasado. Además de dar munición a la oposición, ello ha avivado las tensiones en la alianza del Gobierno. La vicepresidenta Teresa Ribera rechazó hace días con dureza la propuesta de Unidas Podemos de limitar los precios de la hidroeléctrica y la nuclear con el argumento de que sería contrario a la regulación europea. La formación morada, con todo, sigue presionando al ala socialista. Su coportavoz estatal, Pablo Fernández, ha reclamado este lunes al Ejecutivo que adopte "medidas ambiciosas" y ha advertido de que, si resultan "insuficientes", su grupo planteará nuevas iniciativas. "Al PSOE le cuesta mucho moverse y nosotros estamos para convencerles", ha lanzado.

Comparación beneficiosa

El objetivo más inmediato del plan es tratar de cumplir el compromiso de Pedro Sánchez de que el consumidor pague este año de media lo mismo que en 2018. La referencia, adoptada con el argumento de que es cuando el presidente llegó al poder, beneficia al Ejecutivo, ya que el recibo fue entonces el más más alto de los últimos siete años. Además, el propio Sánchez precisó que a la factura de entonces habrá que sumarle el alza del IPC, lo que le da aún más margen. Para cumplir lo prometido, en cualquier caso, el plan debe lograr que el recibo promedio baje en unos 11,3 euros en cada uno de los últimos tres meses del año, lo que implicaría una rebaja de en torno al 20% respecto al recibo medio de enero a septiembre calculado según las proyecciones actuales para todo el 2021. 

El Ejecutivo lleva un par de semanas dando pistas sobre por dónde irán las medidas y la vicepresidenta económica, Nadia Calviño, ha reiterado este lunes que continuarán en "la misma línea" seguida hasta ahora. En los últimos meses, el Gobierno ha aprobado la rebaja del IVA de la factura eléctrica del 21% al 10% y la suspensión del impuesto del 7% a la generación hasta final de año. Además, ha llevado al Congreso dos medidas con las que espera abaratar el recibo en torno a un 15% en los próximos años: la creación del fondo para sacar de la factura el coste de las primas de las renovables más antiguas, y el recorte de los llamados beneficios caídos del cielo de la nuclear y la hidroeléctrica.

Batería de medidas

Como adelantó este diario, el Gobierno tiene sobre la mesa recortar hasta el límite permitido por la regulación europea el impuesto de la electricidad (5,1127%), un tributo que recauda el Estado y cede a las autonomías (cerca de 1.400 millones al año), a las que por tanto tendría que compensar. La otra línea de actuación que más incidencia inmediata puede tener es la de desvincular en lo posible la tarifa regulada del mercado mayorista para ligarla a una "cesta de indicadores más estables". En esta línea, estudia recuperar la figura de las subastas de energía primaria (que obligan a las grandes eléctricas a ofertar una parte de la energía que generan para fomentar la competencia y permite a las pequeñas comercializadoras y a clientes industriales pujar por la misma) y prevé agilizar los contratos bilaterales a largo plazo (PPA).

El Ministerio de Transición Ecológica también prepara nuevas subastas de renovables (la próxima será el 19 de octubre: 3.000 MW de energía eólica y fotovoltaica, con plazos acelerados); medidas para fomentar el autoconsumo y las comunidades energéticas (autoconsumo colectivo); la extensión del suministro mínimo vital para los consumidores vulnerables beneficiarios del ingreso mínimo vital; y la fijación de límites en la gestión de los pantanos por parte de las hidroeléctricas, como también adelantó este diario, después de que hayan impulsado una "escandalosa" reducción del nivel de varios embalses.